España pagará la disolución de los convenios

El ruido que envuelve la política española puede tener efectos irreparables para millones de trabajadores y miles de empresarios. Para la actividad económica y el bienestar social. Mientras estallan polémicas diversas —algunas electorales ante los próximos comicios europeos—, no por esperado deja de ser grave que el Gobierno haya aprobado la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales frente a los estatales. Una modificación que lastrará la competitividad empresarial, la flexibilidad y el —por desgracia cada vez más diezmado— diálogo social en España, hasta ahora uno de nuestros bienes más preciados para la paz social. En última instancia, es una anacrónica puntilla al crecimiento económico y a la creación de empleo estable, bien remunerado y con buenas condiciones, dos características que marcan un sector de futuro como es el de la construcción.

Lo han hecho por la puerta de atrás, con sigilo, sin negociación, pero no ha pasado desapercibido. Más bien al contrario, pues, ha originado una preocupación mayor: el Gobierno ha aprobado en el Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y sectoriales. Una medida que ignora deliberadamente el diálogo social, socavando la autonomía de las partes, para simplemente amarrar el apoyo del PNV en contra de todos los demás, en contra de la voluntad de la mayoría.

Por eso, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal sectorial, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones patronales y a los sindicatos mayoritarios para oponernos enérgicamente a esta reforma de la negociación colectiva, que afecta cruelmente a las empresas al introducir rigideces inexplicables y que marca una verdadera agresión contra la unidad de mercado.

Sí, el Gobierno va en sentido opuesto a Europa, por el carril contrario, errando aún a sabiendas, viendo cómo se acerca al muro. De ahí que las instancias internas y comunitarias deban analizar este asalto, este pago de rescate desmedido, para que conozcan este atentado al diálogo social, este desprecio a las instituciones y esta sobrevenida e insuperable complejidad para la actividad de nuestras empresas, especialmente para las pymes. No por nada, debe plantearse denunciar este chantaje a los tribunales. Lamentablemente, no es la primera vez que el Gobierno de España es apercibido por vulnerar los procedimientos de consulta.

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En este contexto, no es de extrañar que las principales patronales, CEOE y CEPYME, y las asociaciones sindicales hayan estallado contra esta burla que, asimismo, hundirá más aún la despoblación de algunas zonas geográficas de donde no podrán salir sus empresas, y dificultará la entrada de inversión extranjera en España, pues convierte la normativa laboral en un Sudoku, sin certidumbre ni posible previsión de costes económicos y laborales.

Por no hablar de la imposibilidad de ejercer la movilidad con esta medida para los protagonistas de la construcción, sector compuesto en más del 95 % por pequeñas y medianas empresas. Imagínense si una constructora, creadora de empleo indefinido y de calidad, desea trasladarse de una comunidad autónoma a otra, o simplemente de provincia, y se encuentra con unas condiciones totalmente distintas a las pactadas en origen que le obligan a cambiar todo su plan de negocio o su forma de licitar a la administración. Algo solo entendible para proteger una aldea gala.

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Las formas en la tramitación, sin hipérboles, son también un ataque a la Constitución. Concretamente, al artículo 7 de nuestra Carta Magna, cuando proclama que corresponde a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Una injerencia en toda regla, marcada por la inquietante política intervencionista de un Gobierno que, cuando empezó su andadura allá por 2020, insistía en la necesidad de reforzar el diálogo social. ¿Nostalgia de otros tiempos?

Porque es este diálogo la mejor vacuna contra la incertidumbre que marca nuestra era. No hay bolas de cristal ni Inteligencia Artificial para predecir el futuro, pero sí quedan algunas certezas, como la necesidad de impulsar políticas pragmáticas fundamentadas en el conocimiento y respaldadas por el mayor número posible de actores relevantes para evitar el efecto boomerang. En otras palabras, no necesitamos imposiciones unilaterales de este tipo, tan alejadas del bien común, que dinamitan los puentes entre el mundo de la política y el empresarial. Una alianza imprescindible para ser más productivos y competitivos; para ser mejores.

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Crea desazón que en una de las etapas más aciagas de nuestra historia más reciente, empresarios, sindicatos y responsables públicos, todos juntos, demostramos el gran valor de nuestro diálogo social. Y sacamos adelante, con extraordinario éxito, medidas que mitigaron las tremendas consecuencias de la pandemia tanto en la economía como en la sociedad.

Valga como ejemplo la reforma laboral, de la que tanto presume el Gobierno. Reforma que, no olvidemos, excluía la prevalencia de los convenios autonómicos, dejando esta bomba de relojería escondida bajo la llave inimaginable de la aritmética parlamentaria.

En definitiva, estamos ante una medida sin sentido, ante un hurto sin piedad. Un ataque contra las empresas que nos duele, más si cabe, en un sector como el de la construcción, tan comprometido con el Estado, con el diálogo y con el consenso, como se demuestra con nuestro ejemplar, edificante y estructural Convenio General; nuestra Fundación Laboral, formadora de más de cien mil trabajadores el pasado ejercicio; nuestro reciente y pionero plan de pensiones, que está cambiando el sistema de jubilación con más de medio millón de beneficiarios y más de sesenta mil empresas cotizantes; y otras muchas medidas innovadoras que hemos ido adoptando en beneficio de empresarios y trabajadores, y siguiendo las recomendaciones y habilitaciones de la Ley. En la construcción, sin duda, hemos hecho los deberes. Y, sin embargo, nos han castigado con este varapalo de manera hostil e injusta.

Por todo ello, las organizaciones empresariales y sindicales con sentido de Estado no pueden caer en esta trampa localista que nos resta competitividad e impide la libre circulación de empresas. Un mazazo que, en última instancia, amedrenta la salud de nuestro sistema democrático.

Error histórico que empresarios y trabajadores, vascos y resto de españoles, pagaremos en breve. Nos acordaremos.

*Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y vicepresidente de Cepyme.