Prohibir llamar a potenciales clientes y el aplauso de las grandes eléctricas

El proyecto de real decreto, que contempla prohibir las llamadas comerciales a los clientes de luz, a menos que lo soliciten de forma expresa o llamen ellos, ha generado desde hace semanas un debate sobre sus repercusiones en el mercado, en las comercializadoras y su impacto en los consumidores.

En la discusión tenemos a organizaciones de consumidores que alertan de que se irrumpe en el día a día de clientes y que son víctimas aleatorias de llamadas indeseadas o incluso fraudulentas. También tenemos al Gobierno, que, en base a un diagnóstico de quejas recogido por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), ve necesario, por la vía más drástica, poner fin a las llamadas comerciales para vender o contratar luz.

Por otro lado, tenemos el sonoro aplauso de las grandes eléctricas ante este planteamiento, players que copan casi el 90% del mercado liberalizado de la electricidad en España, mientras que las comercializadoras independientes o las de menor tamaño consideran que la normativa resultaría del todo excesiva y desproporcionada, y socavaría la competencia.

¿A quién beneficia o perjudica?

Hablar de a quién beneficia o perjudica podría parecer de respuesta simple, pero acarrea un trasfondo que merece la pena analizar. Por un lado, cortar esta vía de contacto por lo sano, como se hizo con la venta a domicilio, claramente obstaculizaría la competencia y pondría fin a un canal ampliamente usado por comercializadoras para dar a conocer mejores ofertas y servicios.

Esta tesis fue recogida en las alegaciones que distintas asociaciones de comercializadoras de servicios eléctricos han trasladado al Gobierno (ACIE y Acenel), también lo hizo Pimec, la patronal de pymes catalana, quien ha sido contundente en su posicionamiento.

"Proteger al consumidor no es acabar con un canal que las comercializadoras independientes utilizan para acercarse al consumidor"

Como contexto, recuerdan que no hay precedentes en países de la Unión Europea y dicha medida no se justifica de conformidad con ninguna directiva europea. Y, analizando el detalle, constatan que la regulación del sector eléctrico está cercando cada vez más la posibilidad de acercarse y ofertar a un consumidor final. En otras palabras, el consumidor tendrá acceso a menos alternativas y acabará pagando un precio más alto.

Las grandes energéticas han afirmado, según se ha publicado en medios, que la medida del Gobierno, si se ejecuta bien, ayudará a mejorar la imagen del sector, "lastrada por la actuación telefónica de task forces y comercializadoras pirata", citan textualmente.

Podríamos coincidir con los grandes players en que velar por los derechos de los consumidores, su protección y buenas prácticas, y la correcta actuación de toda compañía es necesaria y exigible. De ahí, que la Ley General de Telecomunicaciones recogiera ya en junio de 2023, hace poco más de un año, un régimen normativo más protector con los consumidores, estableciendo de forma clara su derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales, salvo que exista consentimiento previo. Además, los consumidores tienen a su alcance la Lista Robinson, que es una lista de exclusión publicitaria.

"En el segundo trimestre de este año, hubo 1,98 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico"

Si, como hemos visto, la prohibición fulmina una vía de acceso al cliente, claramente las grandes, con una cuota de mercado dominante, verán reforzada su posición. Proteger al consumidor no es mantenerle cautivo de las eléctricas tradicionales o, dicho de otra forma, no es acabar con un canal que las comercializadoras independientes utilizan para acercarse al consumidor.

Según cifras de la propia CNMC, organismo que vela por la competencia, el movimiento de altas y bajas entre eléctricas es de récord y, en el segundo trimestre de este año, hubo 1,98 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico, sobre todo protagonizados por comercializadoras que no están en la parte holgada del pastel.

Si el real decreto entra en vigor alegando la protección del consumidor, es crucial tener claros sus efectos colaterales: es poner una alfombra roja a las eléctricas dominantes y obligar al resto a aumentar sus costes para captar la atención de los clientes potenciales. Prohibir no es el camino. La medida sería un claro obstáculo a la competencia, un factor esencial para un mercado eléctrico liberalizado y saludable. Sin olvidar, por supuesto, el bolsillo de los consumidores.

*José María Torres es presidente de CONPYMES.