La ceremonia de la confusión: salario mínimo y política fiscal

El debate respecto a la no modificación del mínimo exento de retención a efectos de la gestión del impuesto sobre la renta (IRPF) ha generado una escalada de declaraciones, muchas de ellas con soporte en verdades a medias, o en interpretaciones abiertamente erróneas, sobre el funcionamiento de dicho tributo. Y, junto a ello, ha dado pie a ciertos alardes declarativos sobre la progresividad del sistema tributario, con daños colaterales a la credibilidad de instituciones tan determinantes en las democracias avanzadas como el conjunto del sistema impositivo.

Expresiones del tipo “el Estado (cuando no el Gobierno) se queda el dinero de la subida del Salario Mínimo (SMI)”, no solo no ayudan a fomentar la reputación del sistema tributario, sino que enturbian la trascendencia de una política acertada como la emprendida en el periodo 2004-2008 y durante los últimos seis años por sendos Gobiernos socialistas (el actual en el marco de un acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar) para recuperar el poder adquisitivo del SMI en España. El mismo tipo de mensaje fácil y distorsionador generarían afirmaciones tales como “se rebaja la tributación a los ricos (empresas eléctricas) y se les sube a los pobres (perceptores del SMI)”. Este tipo de afirmaciones desprecian por ejemplo el hecho de que, en nuestro IRPF, 123.000 declarantes con rentas entre 150.000 y 600.000 euros aportan un 50% más (10.000 millones de euros) que los 4,5 millones de declarantes de entre 12.000 y 21.000 euros, lo que representa mejor que ninguna otra fotografía el nivel de progresividad de nuestra imposición directa sobre la renta.

De una forma difícilmente comprensible, un importante avance en beneficio de la parte más vulnerable de la población asalariada -la subida del 4,4% de la cuantía del SMI- se ha convertido en un arma arrojadiza contra el Gobierno que la impulsa desplazando los términos del debate público hasta ocultar la dimensión de uno de los procesos de mejora del SMI más intensos llevados a cabo entre los países desarrollados. Desde 2018, bajo gobiernos progresistas, el SMI ha crecido alrededor del 61% en términos nominales y algo más del 41% en términos reales (descontada la inflación anual media del periodo). El contraste de estas cifras con las registradas en las anteriores legislaturas de gobiernos del PP, las diferencias resultan contundentes, el SMI apenas creció un 14,7% en términos nominales y el 5,9% real. Y si no hubiera sido por el acuerdo alcanzado al respecto con el principal partido de la oposición, el PSOE, en 2017, el periodo de gobiernos del PP se habría saldado con una pérdida real de poder adquisitivo del SMI del 2,1%.

El contraste con la política llevada a cabo por el anterior Gobierno del Partido Popular resulta contundente cuando se comparan tales resultados con los registrados en las anteriores legislaturas de gobierno del PP en las que el SMI apenas creció un 14,7% en términos nominales y el 5,9% en términos reales (si no hubiera sido por el acuerdo alcanzado al respecto con el principal partido de la oposición, el PSOE, en 2017 el periodo de gobierno del PP se habría saldado con una pérdida real de poder adquisitivo del 2,1%).

Uno de los datos más importantes que se desprende de la tabla anterior es la muy distinta evolución de los salarios medios frente al SMI. En el periodo 2012-2025, el poder adquisitivo del salario medio ha caído en algo más del 1% mientras que el SMI ganaba casi el 42%. Prácticamente, toda la ganancia de capacidad de compra del SMI durante los 13 últimos años se obtiene bajo gobiernos progresistas, en tanto que el poder negociador de los representantes de los trabajadores sobre los salarios, en general, no ha podido ni siquiera compensar la erosión de su poder de compra producida por la evolución de los precios.

En nuestra opinión, este tipo de reflexiones deberían haber estado presentes en el proceso de conformación de las decisiones del Gobierno respecto del SMI. Porque al haber mezclado su subida con la evolución de un elemento de la política fiscal como el mínimo exento de tributación, no solo se ha desencadenado una polémica a destiempo, sino que se comete el mismo error que había sido razonablemente resuelto en 2004 con la creación del IPREM.

En aquel momento, en una decisión compartida por el Gobierno (entonces presidido por el presidente Rodríguez Zapatero) y los interlocutores sociales, se planteó como un requisito previo para iniciar una etapa de importantes subidas del SMI (que creció entre 2004 y 2008 por encima del 30%) su desvinculación de otras políticas públicas -singularmente la protección por desempleo- que terminaban dificultando las subidas de su cuantía al producir también importantes incrementos del gasto público.

Aquella acertada decisión, como la realidad posterior ha respaldado, permitió emprender un camino de incrementos sustanciales del SMI (con el paréntesis de buena parte de los años de Gobiernos del PP) que lo han situado en un nivel razonable en términos de su comparación con el nivel del salario medio. Gracias a ello, el número de trabajadores afectados (beneficiados habría que decir) por el SMI ha crecido sustancialmente hasta superar los 2 millones, cuando hace un cuarto de siglo no alcanzaban el medio millón. Pero lo mejor, es que tal resultado no se ha producido por un desplazamiento de los salarios hacia abajo para acercarse al salario mínimo sino, al contrario, por un intenso crecimiento de este para acercarse progresivamente al nivel del salario medio.

Sería un gravísimo error volver a las andadas y mezclar la política fiscal con la estrategia de recuperación de los salarios mínimos. Si queremos recuperar para el SMI su papel clave en la política salarial debemos procurar que la política de salario mínimo sea lo más autónoma posible y no vincularla con otras políticas públicas de gasto o de ingresos. Lo único que se conseguiría con un planteamiento que persiga igualar de forma sistemática el mínimo exento con la cuantía del SMI es dificultar la continuidad de esta estrategia que ha producido frutos tan beneficiosos durante los últimos lustros.

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A medida en que el SMI se acerque a los salarios medios, el impacto de elevar el mínimo exento sobre las retenciones crecerá por encima de los 1.500 millones anuales en que se ha estimado el impacto de modificarlo en el momento actual. Si ello es así, las presiones desde el lado de la política tributaria crecerán en un contexto de fuertes necesidades en la financiación de las principales partidas del gasto social (pensiones, cada vez más necesitadas del aporte procedente de los ingresos tributarios, sanidad y dependencia cuyo impacto crecerá a medida que nuestras sociedades envejecen) y de nuevas demandas como en el ámbito de la política de defensa -en la que no bastará una mera redistribución de nuestros esfuerzos sin incrementar el nivel de inversión y de gasto total-. Pero, además, abordar las dos cuestiones al mismo tiempo -evolución de los salarios y fiscalidad- podría acabar con el absurdo de hacer elegible una política que congele el Salario Mínimo con la reducción paralela del tipo de tributación efectivo, si da como resultado una mejora en el ingreso neto de los perceptores del SMI.

Desde el punto de vista de la política fiscal -con tantas cuestiones de debate pendientes, como la imposición dual que penaliza a las rentas originadas en el trabajo frente a las del capital; la adecuación de la tarifa general para deflactarla periódicamente de forma que no se produzca una tributación oculta que penaliza adicionalmente a todas las rentas, grandes o pequeñas; o la transparencia y la simplificación para asegurar el cumplimiento equitativo de todos con las obligaciones fiscales- lo más importante es plantear un debate amplio que en las actuales circunstancias resulta enormemente complejo dada la situación parlamentaria y las dificultades para lograr mayorías parlamentarias sólidas alrededor de las reformas necesarias. Mientras tanto, es mejor continuar con políticas sensatas que mejoren diferencialmente el SMI respecto a la evolución salarial media y fijarse menos en lo que al mínimo exento de retención en el IRPF respecta y más en modificaciones sobre la tarifa que recojan el impacto de la evolución de los precios.

*Valeriano Gómez, economista, exministro de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo (CIFE).

*Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid).