El plan antiaranceles, ¿solución o riesgo para las pymes españolas?

La rápida reacción del Gobierno español con un plan de ayudas a las empresas españolas frente al choque arancelario procedente de Estados Unidos es una buena noticia, pero el paquete de medidas anunciado es claramente insuficiente, en especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las decisiones concretas anticipadas hasta ahora quedan muy lejos de lo que nuestro tejido empresarial necesita para enfrentarse a un shock de esta magnitud. Tal y como se han diseñado, pueden incluso volverse en contra de las pymes si caemos en la complacencia. Además, algunos mecanismos de apoyo ante el choque arancelario conllevan una condicionalidad en forma de mantenimiento del empleo que, o bien la empresa no se puede permitir o, teniendo la voluntad de hacerlo, no se puede comprometer con certeza.

El verdadero plan de ayudas a las empresas españolas pasa por mejorar su competitividad y eso sólo se consigue rebajando costes y con un marco normativo estable y flexible. Las pymes han sufrido cinco años de aumento continuado de los costes que soportan, especialmente subidas de los costes laborales aprobadas por el Gobierno, como el aumento de cotizaciones y las alzas del salario mínimo interprofesional (SMI).

Las empresas españolas más expuestas son las exportadoras a EEUU y conectadas con su radio de acción, pero lo cierto es que las pymes españolas no tan internacionalizadas también se verán afectadas de forma indirecta por vías diversas, como proveedoras de empresas que sí salen al exterior o como consecuencia del debilitamiento de la economía mundial y, en particular, de la frágil actividad europea que previsiblemente depararán los aranceles.

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Sería un craso error confundir la rapidez de actuación del Ejecutivo con la velocidad real con la que las ayudas lleguen a las empresas y, sobre todo, con el efecto real y estructural de las mismas.

Tenemos experiencias recientes -en la crisis sanitaria, o tras la DANA, entre otras- en las que la disposición de medidas de apoyo a las empresas no basta, bien por su escasa llegada o tardanza y, ante todo, por el propio diseño de éstas.

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Hay mecanismos del plan de ayudas anunciado cuya utilidad real dependerá de la duración en el tiempo de las turbulencias y daños ocasionados por el choque comercial. Este tipo de financiación para el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo sólo tienen sentido si en un periodo razonable de tiempo la demanda se normaliza. De lo contrario, el resultado puede ser incluso negativo, al engrosar la deuda de las empresas afectadas y acentuar sus problemas, cuando lo más adecuado hubiera sido ajustar su capacidad productiva a la nueva realidad con el fin de garantizar su futuro.

Por este motivo, es forzoso examinar con la máxima cautela la llamada red de protección y ayuda inmediata al tejido productivo y, en particular, en lo referente a la línea ICO de avales de 5.000 millones de euros y la existente línea ICO de financiación intermediada de 1.000 millones de euros que, entre ambas, suponen algo más del 40% del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno.

Otros mecanismos de apoyo del plan del Gobierno ya existían y se han derivado a esta contingencia, pero no elevan el apoyo real a las empresas españolas ante un nuevo golpe. Me refiero a la recanalización de fondos del Plan de Recuperación, por 5.000 millones. y cuyo destino ya era la necesaria transformación del tejido productivo, si bien ahora se ligan específicamente a las empresas afectadas por esta situación sobrevenida. La misma casuística se da con los 200 millones del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva o los 500 millones en instrumentos de apoyo a la internacionalización, que no representan recursos de nuevo cuño, sino ya dotados y reconducidos a este nuevo destino. Más allá del detalle de las cuantías, su insuficiencia y la realidad de que no se trata de nuevos recursos -y obviar esta realidad, no la oculta- el otro gran hándicap para que su efecto sea estructural y no cosmético, es que el acceso a estos colchones temporales es condicionado. Y esto no es aceptable.

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La condicionalidad de acceso a colchones temporales como los ERTE o el Mecanismo Red —tales como mantener la plantilla o no deslocalizar— no puede aceptarse como compromiso por las pymes españolas, que desconocen el alcance e intensidad del impacto de la crisis arancelaria en su negocio, en la misma medida que lo desconoce el propio Gobierno, las instituciones europeas y la propia Administración Trump, ya que la evolución del comercio internacional es ahora indeterminada como consecuencia de la discrecionalidad de determinadas decisiones.

Hay que ser realista: la dotación de este Plan de 14.100 millones de euros es nimia si se produce una escalada arancelaria de calado global. Esa cantidad no llega ni al 5% de los ingresos tributarios de 2024, de 294.734 millones de euros, y la aportación de las arcas del Estado es irrelevante, porque el Plan está respaldado en su mayoría con dinero europeo y conformado por financiaciones.

La burocracia, los requisitos de accesibilidad, los términos de la devolución o la condicionalidad en parámetros como nivel de empleo o prohibición de deslocalizar desaniman la solicitud por las pymes, como vienen probando en situaciones similares del pasado.

Opinión

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Esta casuística demuestra que los apoyos a las empresas deben ir enfocados a sus necesidades y en la línea de evitarles al máximo una redundancia posterior de sus problemas. Por eso, la mejor vía de ayuda a las empresas es el alivio de los costes laborales, impositivos, burocráticos y del nivel de incertidumbre regulatoria, así como el impulso a la unidad del mercado nacional. En otras palabras, la generación de un entorno estructuralmente favorable a la actividad empresarial.

Nadie sabe ahora mismo la intensidad, alcance o duración de la batalla proteccionista, lo que dificulta a cualquier empresa y, en particular, a las más pequeñas, comprometerse a mantener niveles de empleo o asumir más pasivo, máxime cuando soportan un entorno normativo de altos costes laborales e incertidumbre sobre futuras normas laborales como una eventual imposición de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales a igual salario, que supondría una amplificación del sobrecoste laboral que soportan las empresas españolas y que mina su competitividad con sus homólogas del exterior.

A esos sobrecostes e incertidumbre se suma ahora la zozobra geopolítica y el temor, incluso, a una recesión global que podrían capear mejor los productores de aquellos países con políticas pro-empresa, de bajos costes, alta flexibilidad y menor carga regulatoria.

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Cuando se materializan sacudidas económicas de origen exterior, como el ataque arancelario, es cuando se percibe realmente el tiempo que se ha perdido. Es cuando aflora la realidad de que en España no se confeccionan políticas pensando en el tamaño de la empresa predominante en un 99%: la pyme. Es cuando se pone de manifiesto que se han aprobado reiteradamente medidas lineales que no toman en consideración las especificidades de sectores y territorios. En momentos críticos como el actual, es cuando algunos se percatan de que no corremos la carrera con el mismo vehículo que otras empresas foráneas. Y, peor aún, es cuando se constata que no se puede reindustrializar ni reenfocar el tejido productivo a golpe de decreto surgido de un agente externo y en poco tiempo.

Las medidas para suavizar el impacto de la crisis arancelaria en las empresas españolas, aunque bienvenidas, pueden poner a las empresas en la compleja decisión de no concurrir a ellas basándose en las negativas experiencias del pasado.

Medidas de apoyo como las que acaba de lanzar el Gobierno -que tapan la herida, pero no contienen la hemorragia-, en la mayoría de las ocasiones lo que hacen es posponer el problema y cambiarlo de fecha. Es definitiva, procrastinar.

*Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME.