BBVA-Sabadell: una opa política en manos de Pedro Sánchez (y sus socios)

El segundo intento de BBVA de comprarse Banco Sabadell acabará como empezó: como una opa política que se resolverá políticamente. Tras el visto bueno con condiciones de la CNMC el pasado miércoles 30 de abril, el mismo Gobierno que se opuso frontalmente a la operación nada más se hizo pública, tiene ahora en su mano la posibilidad legal de frenarla en seco.

Sin entrar en cuestiones técnicas, el veredicto de la CNMC deja al Gobierno todas las opciones políticas abiertas. El dictamen del supervisor de Competencia deja margen al Ejecutivo para armar el argumentario que desee: mantener el criterio de que la operación es perniciosa y bloquearla o cambiar de opinión (otra vez) y bendecir la opa.

La CNMC exige siete condiciones a BBVA para seguir adelante. Por simplificar, se pueden agrupar en dos ideas. Una, que en los territorios donde más se reduzca la competencia se garantice la presencia de sucursales, cajeros y las condiciones comerciales a los clientes particulares. Y dos, que las pymes que ahora operan con ambas entidades no vean endurecidas sus condiciones (con una capa extra de protección para aquellas que estén en Cataluña y Baleares).

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo admite el recurso de BBVA contra la megamulta a la banca por pactar derivados

Alejandro Galisteo Óscar Giménez

Desde la adopción del dictamen, el Ministerio de Economía tiene 15 días para elevar la cuestión al Consejo de Ministros. Esto abre un plazo de 30 días más en el que el Gobierno puede endurecer o suavizar las condiciones impuestas por el organismo presidido por Cani Fernández. El hecho de que esta potestad del Gobierno en un proceso de fusión solo se dé cuando la CNMC impone condiciones y no cuando lo aprueba de forma limpia nos da pistas de lo que pretendía entonces el legislador: dejar una puerta abierta a la intervención gubernamental para evitar que una postura especialmente dura del supervisor frustrase operaciones perjudiciales para la competencia, pero política o politiqueramente deseables. Ahora las tornas cambian: podrá usarse para endurecer las condiciones de absorción del Sabadell por parte de BBVA y frustrar la operación haciéndola económicamente inviable.

Las opciones del Gobierno

Vayamos con el abanico de opciones políticas. Si el Gobierno quiere cambiar de opinión y apoyar la opa, puede argumentar que la situación ha cambiado: a lo que se oponía realmente era a la versión cruda de la fusión, sin condiciones, y que ahora, con los requisitos impuestos por la CNMC, todas sus dudas quedan solventadas. Fumata blanca. Ni se eleva la cuestión al Consejo de Ministros. Requerirá un poco de contorsionismo retórico, porque el Gobierno, sabiendo que el OK de la CNMC llegaría en algún momento, siempre dijo que sus recelos iban más allá de la competencia bancaria. Pero esta inconsecuencia no entraría ni en el TOP 10 del Gobierno. Aquí no ha pasado nada, sigan circulando y no me formen corrillos.

TE PUEDE INTERESAR

Díaz cree que el Gobierno debería parar la opa de BBVA a Banco Sabadell: "Es una muy mala noticia"

Europa Press

Pero las condiciones de la CNMC dan pie a una posibilidad, un pelín más sofisticada. Algunas de las condiciones para autorizar la operación tienen un plazo fijo (tres años) y la posibilidad de alargarse 18 meses o 24 meses. El Gobierno, después de elevar la cuestión al Consejo de Ministros, podría exigir un endurecimiento de esas condiciones, haciendo exigibles esas prórrogas de condiciones ahora opcionales, por ejemplo. O incluso yendo un pelín más lejos. Apretando, pero sin ahogar.

Con este escenario, el Gobierno puede justificar un eventual cambio de opinión alegando que la situación actual no tiene ya nada que ver con la inicial. No solo la CNMC habría impuesto condiciones para salvaguardar la competencia, sino que el propio Ejecutivo, para garantizar aún más lo ya garantizado, las habría endurecido. Con un guiño extra a las pymes o clientes catalanes (ya con refuerzo preferente en la primera versión del dictamen) y el viraje del PSC queda engrasado también. Aquí no ha pasado nada. ¡Qué escándalo, aquí se juega!

Pero pongamos que el Ejecutivo quiere seguir oponiéndose a la operación. Entonces la ley que regula la Defensa de la Competencia otorga le otorga un amplio margen de discreción. Le permite “valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”. Y enumera: “defensa y seguridad nacional”; “protección de la seguridad o salud públicas”; “libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional”; “protección del medioambiente”; “promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos” y “garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial”.

TE PUEDE INTERESAR

Los siete compromisos de BBVA para opar al Sabadell tras la autorización de la CNMC

Ó. G.

Al primero, “defensa y seguridad nacional”, entiendo que no hará falta recurrir, pero con lo de la “libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional” y el “mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial”, ancha va a ser Castilla… Y tampoco descartemos una interpretación expansiva del artículo y que esa lista no sea exhaustiva. ¿Qué tal un poquito de que falta “cohesión territorial”? Por abogados del Estado no va a ser.

Así que estamos en una operación que tiene todo el sentido empresarial para BBVA, que para el Sabadell tenía sentido hace cuatro años, pero ahora no —al menos a este precio— y que, tras el hito del dictamen de la CNMC, está en manos de lo que decida el Consejo de Ministros. ¿Y qué será lo que va a decidir?

De momento, no conozco a nadie que se haya arruinado por apostar a que el Gobierno hará lo que Pedro Sánchez crea que le permitirá permanecer más tiempo en Moncloa. Aquí hay que mirar al PSC y a los socios parlamentarios que mantienen con respiración asistida al presidente: Sumar, Junts, ERC, Bildu y PNV.

TE PUEDE INTERESAR

El OK de la CNMC a la opa BBVA-Sabadell: más foco en pymes y pelota para Moncloa

Óscar Giménez

Sumar se ha posicionado en contra, pero también se opone a gastar cada año 30.000 millones de euros en Defensa (y subiendo), y ya ven. La moqueta sigue pesando más que los principios.

Por la parte vasca, Bildu y PNV han hecho muy poco ruido con el tema. Tal vez consideran que, por mucho que la junta anual de accionistas se celebre en Bilbao, el BBVA, con sede operativa en Las Tablas de Madrid, tenga ya poco que ver con la entidad vasca originaria.

Y luego está el frente catalán. Comme d’habitude, más complejo. En Junts se ha montado un quilombo interno porque su representante en la CNMC no redactó un voto particular oponiéndose a la operación. A los de Carles Puigdemont se les presupone el 'no', pero falta por ver con cuánta fuerza y si esta será suficiente como para condicionar a la opa su apoyo a Sánchez y, llevado al extremo, forzar una caída.

TE PUEDE INTERESAR

La CNMC intentará aprobar mañana la opa de BBVA al Sabadell pero no lo garantiza

Ó. Giménez

En ERC, Junqueras ponía pegas el 1 de mayo, pero, a su vez, pedía “batallar” por los puestos de trabajo y por mantener la sede operativa en Cataluña. Más que un “por encima de mi cadáver”, a mi me sonó a un “si tiene que ser, que sea, pero estas son mis condiciones…”. Y el PSC, que se opuso frontalmente a una operación que se publicitó en la antesala de sus elecciones autonómicas, se ha mostrado especialmente prudente tras el dictamen de la CNMC.

“En Cataluña existe un modelo bancario arraigado en el país, en su tejido empresarial y en sus empresas con un compromiso social. Analizaremos con rigor el informe y todos los datos y análisis para actuar con coherencia, defendiendo por encima de todo los intereses de Cataluña”, tuiteó el mismo miércoles por la noche Salvador Illa.

El sector optimista de BBVA podría decir incluso que el del 'president' de la Generalitat es un mensaje posibilista.