El apagón eléctrico y la protección del efectivo: un derecho que no puede apagarse

El apagón eléctrico que paralizó la península ibérica durante el pasado 28 de abril de 2025 fue mucho más que un fallo técnico. Durante más de 24 horas, la ciudadanía vio suspendida su vida cotidiana: trenes detenidos, semáforos apagados, hospitales en mínimos, redes móviles colapsadas, comercios cerrados o inoperativos. Una crisis silenciosa y repentina que dejó en evidencia hasta qué punto la dependencia de los sistemas digitales nos hace vulnerables.

Uno de los efectos más reveladores fue la imposibilidad generalizada de realizar pagos electrónicos. Datáfonos fuera de servicio, cajeros inutilizados y apps de banca inaccesibles convirtieron el dinero en efectivo en la única vía operativa para acceder a bienes esenciales. Esta experiencia real y reciente confirma una verdad que desde Denaria llevamos tiempo advirtiendo: el efectivo no es una reliquia del pasado, sino una herramienta de defensa ciudadana y un derecho que merece protección jurídica reforzada.

El dinero en efectivo garantiza el acceso inmediato y universal al intercambio económico sin depender de sistemas tecnológicos. No necesita electricidad, conexión a redes ni autorización de terceros. Su uso es directo, anónimo, sin rastreo y sin costes ocultos. Esta autonomía convierte al efectivo en una forma de resiliencia financiera individual, fundamental ante contingencias como apagones, ciberataques o caídas de redes bancarias. Pero no solo es útil en emergencias. El efectivo protege también la inclusión financiera de personas mayores, migrantes, habitantes de zonas rurales o ciudadanos sin acceso o habilidades digitales. En suma, proteger el efectivo es proteger el derecho a participar plenamente en la economía.

La legislación española ha reconocido explícitamente la protección del pago en efectivo como un derecho de los consumidores. Así lo establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) en su artículo 47 bis —introducido por el Real Decreto-ley 24/2021- que otorga al consumidor el derecho a pagar en efectivo en cualquier transacción habitual, siempre que no supere los límites de la Ley 11/2021 (actualmente, 1.000 euros cuando intervenga un profesional).

El dinero en efectivo garantiza el acceso inmediato y universal al intercambio económico sin depender de sistemas tecnológicos

Rechazar este medio de pago sin acuerdo previo vulnera la ley y puede acarrear sanciones. No se trata de una opción, sino de una obligación legal impuesta a los comercios y empresas. Además, esta norma protege al consumidor frente a discriminaciones tecnológicas. En contextos como el apagón del 28 de abril, impide que el ciudadano quede aislado del consumo por la dependencia de sistemas que pueden fallar. A nivel europeo, el euro en billetes y monedas es considerado moneda de curso legal conforme al artículo 128 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y al Reglamento (CE) nº 974/98. Este estatus implica que debe ser aceptado como medio de pago sin coste adicional ni restricciones indebidas.

En 2023, la Comisión Europea propuso un Reglamento sobre el curso legal del euro en efectivo, que busca reforzar el acceso y la aceptación del efectivo en toda la eurozona. Este texto —aún en tramitación— establece que los Estados deben garantizar la posibilidad de pago en efectivo en la mayoría de contextos y que cualquier limitación deberá justificarse, ser proporcionada y no discriminatoria.

Es decir, la protección del efectivo no es solo una política nacional, sino una directriz europea vinculada a la defensa de los derechos fundamentales, como la no discriminación y el acceso a servicios básicos. Más allá de su utilidad práctica, el efectivo representa una garantía estructural de derechos constitucionales: la libertad de elección, la privacidad, la igualdad y la inclusión financiera. En situaciones como el apagón, quienes no podían usar sistemas digitales quedaron, de facto, excluidos de su derecho a comprar alimentos o desplazarse.

Esto es inaceptable en un Estado social y de derecho.

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Por tanto, desde el punto de vista jurídico, cabe defender que el acceso al efectivo debe ser interpretado como un derecho fundamental implícito, especialmente vinculado al derecho a la dignidad (art. 10 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la protección del consumidor (art. 51 CE). El ordenamiento jurídico debe evitar cualquier regresión en este ámbito, y fomentar medidas activas para garantizar su disponibilidad y uso.

El apagón ha activado un debate necesario: ¿puede una sociedad prescindir del efectivo? ¿Estamos preparados para un sistema 100% digital sin alternativa física? La experiencia demuestra que no. Por tanto, el derecho a usar efectivo debe ser preservado, no limitado.

Esto implica:

1. Garantizar su aceptación obligatoria en comercios y servicios públicos.
2. Impedir el cierre masivo de cajeros y oficinas bancarias sin alternativas viables.
3. Proteger a los colectivos vulnerables en la transición digital.
4. Evitar normativas fiscales o comerciales que penalicen su uso de forma indirecta.
5. Reconocer legalmente el efectivo como instrumento de protección civil en situaciones de crisis.

En conclusión, el apagón de abril no fue solo un corte de luz: fue una advertencia sobre la fragilidad de nuestra infraestructura económica digital. La ciudadanía necesita garantías reales para seguir accediendo a lo básico incluso cuando el sistema falla. En ese contexto, el efectivo se revela como el último recurso confiable, accesible y legalmente protegido.

No es una nostalgia ni una resistencia al progreso, sino una exigencia de justicia y equidad. En una democracia sólida, el derecho a participar en la economía no puede depender de la batería del móvil o de una red funcionando. Por eso, proteger el efectivo no es mirar al pasado: es blindar el presente y asegurar el futuro.

*Juan Luis Sánchez-Moreno Gómez, Consejero Asesor de Denaria