Aroma de Troika en la opa BBVA-Sabadell: alguien ha pisado un callo en Bruselas

Cuando el aceite se desparrama por la encimera de la cocina, es muy complicado volver a meterlo en la aceitera. Algo parecido ocurre cuando uno testea constantemente la maleabilidad de la credibilidad institucional de un país. Se puede estirar hasta ciertos límites, pero llega un punto en el que se quiebra. Recomponerla entonces es muy complicado. La opa hostil del BBVA al Banco Sabadell es uno de los frentes en los que el Ejecutivo está probando cuán lejos puede llegar a la hora de determinar el futuro de dos empresas privadas.

Desde ayer ya sabemos que el Consejo de Ministros, a instancias de Carlos Cuerpo, titular de Economía, debatirá el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la operación y asumirá la potestad de modificar, en aras del interés general, el veredicto del supervisor. Pero también sabemos que, al menos desde finales del año pasado, en la Comisión Europea siguen con preocupación la estrategia adoptada por el Gobierno frente a la operación.

Fui siete años corresponsal en Bruselas, en lo peor de la crisis del euro y de la polémica gestión de la Troika, rescates español y griego incluidos. Y el lenguaje que usaron ayer las fuentes comunitarias guardaba el aroma de los hombres de negro del pasado. Les dejo con los literales y luego vuelvo:

Que "las autoridades competentes (CNMC y BCE) ya han validado la transacción", que “no hay razones que puedan justificar el rechazo o el bloqueo” y que su “expectativa” es que “el Gobierno español se alinee con esas autoridades competentes”.

Que la Comisión “está analizando la compatibilidad de las acciones del Gobierno con la legislación europea” y que “no dudará en usar sus poderes como guardiana de los Tratados”.

Que la Comisión espera "consistencia entre el apoyo que dan los Gobiernos a los progresos en la Unión Bancaria y sus políticas sobre la consolidación bancaria nacional".

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Resumiendo: que se apruebe la operación, que estamos en la antesala de la apertura de un expediente por infringir la legislación comunitaria y que, a ser posible, el Gobierno guarde un mínimo de coherencia. No niego que exista también un efecto contraste con los paños calientes en los que las comisiones Von der Leyen han envuelto a los Gobiernos de Pedro Sánchez (mérito indudable de Nadia Calviño y sucesores), pero en esta ocasión alguien ha pisado un callo.

Y eso que el Gobierno español tiene razón cuando asegura que la potestad de intervenir en esta fase de la operación, aunque la CNMC la haya validado con condiciones, está perfectamente dispuesta por ley (la 15/2007). Pero en este caso, lo que ha hecho enarcar cejas al norte de los Pirineos no es tanto eso, como la decisión de lanzar una consulta pública para determinar la conveniencia o no de una opa.

No solo por su aplicación en este caso, que también, sino por el precedente que sienta a futuro y su impacto en la seguridad jurídica. Se trata de una herramienta inédita en una operación empresarial de este tipo, que no solo ha sorprendido al sector financiero, sino también a altos cargos de organismos del sector público, que prefieren reservar su opinión para las conversaciones privadas.

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El Gobierno también tiene razón cuando esgrime que la legislación española le otorga el derecho de vetar una eventual fusión entre ambos bancos, incluso aunque los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta del BBVA. Esto obligaría a que ambas entidades operasen por separado, como lo hicieron en su momento Banco Santander y Banesto. Pero lo que está empezando a cuestionar Bruselas en estos momentos es que esos poderes que esa ley (la 10/2014) atribuye al Gobierno sean compatibles con la normativa comunitaria. De ahí la apertura de lo que en la capital europea se conoce como un EU Pilot, que es la antesala —en caso de encontrarse motivos— para la apertura de un expediente por infracción de las leyes europeas.

La decisión de ayer de Cuerpo de elevar la opa al Consejo de Ministros activa una cuenta atrás de un mes y añade una dosis adicional de incertidumbre a una operación ya incierta por naturaleza. El Gobierno no puede vetar directamente la opa, pero puede exigir unas condiciones suficientemente duras como para que esta sea inviable económicamente para el comprador.

Ahora, a lo largo de este periodo de treinta días, el Gobierno tratará de motivar jurídicamente una decisión que recoja una sensibilidad política que, desde que se filtró la operación el 29 de abril de 2024, ha sido de clara hostilidad. Un recelo inusualmente transversal en el espectro político y geográfico español.

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La opa del BBVA al Sabadell nació política y, hacia un lado o hacia otro, morirá política. Pero el pecado original de la politización emana del propio BBVA, que lanzó una oferta de compra a escasas semanas de unas elecciones autonómicas en Cataluña. En La Vela consideraron una buena idea la adquisición hostil de una histórica entidad catalana a las puertas de unos comicios en los que el independentismo, identitario hasta el tuétano y de cuyos partidos políticos depende a su vez la gobernabilidad de España, se jugaba perder la Generalitat.

Tal vez se esperaba una reacción parecida a la indiferencia con la que en Madrid se asumió que un banco catalán comprase Bankia, la heredera moral de Caja Madrid. Tal vez porque la fusión BBVA-Sabadell ya se intentó hace cuatro años de manera amistosa y el ruido fue nimio. Fuese cual fuese el motivo, esta vez sí ha sido diferente. Y por mucho que Bruselas haga sonar ahora las alarmas, la oposición política puede acabar truncando la operación. De procedimientos de infracción iniciados hace lustros está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleno.