Turismo, ¿improvisaciones ineficaces o rigor y gestión?

El sector turístico español asiste con fundada preocupación a la improvisación de medidas ineficaces de un número creciente de responsables públicos para gobernar el aumento de la afluencia de turistas. Una multiplicación de declaraciones y regulaciones varias pensando que con ellas van a acallar el creciente malestar de los residentes en algunos de los grandes destinos y ciudades turísticas de nuestro país, por la congestión que sufren de manera puntual o permanente y que achacan enteramente al turismo.

Cierto es que el atractivo de estos destinos ha provocado un incremento de la población disfrutando de sus lugares más emblemáticos. No obstante, si queremos apelar al rigor, los datos oficiales del INE reflejan que el 88% del incremento de la misma desde 2019 se debe a un aumento en el número de residentes, mientras el mayor número de turistas explica el 12% restante de esta sensación de saturación. Si es verdad que hay una superación de las capacidades de acogida, lo cual es siempre muy difícil de justificar, el 'desbordamiento' en las calles y en servicios públicos, tráfico transportes, que percibe la población, primero, no es debido mayormente al turismo y, segundo, requiere de políticas de inversión, que no se han hecho en los últimos años.

Frente a la complejidad de sus razones, algunas Administraciones (Gobiernos regionales, insulares o municipales) han reaccionado arbitrando medidas simplistas, que no se basan en datos o diagnósticos rigurosos, sino en el recurso fácil de encontrar un 'chivo expiatorio', en este caso el turismo. Sin duda, el turismo es una actividad que incide en muchos ámbitos, por cierto de forma más positiva que negativa, pero las externalidades a gestionar no se resuelven respondiendo con 'mantras', tales como implantar o incrementar las llamadas 'eco-tasas turísticas' (que raras veces se destinan a mejorar la sostenibilidad del modelo turístico); o eliminar la promoción de los destinos. Cuando lo que hay que hacer es gestionarlos para que vengan los turistas que aportan valor, en temporadas más extensas y menos congestionadas y a destinos más diversificados.

"El número de plazas en viviendas turísticas ha aumentado un 25,3% entre 2022 y 2024, en los primeros municipios turísticos del país"

Un buen ejemplo de su ineficacia son los casos de Baleares o Cataluña en España. En ambos territorios, la experiencia ha demostrado que la imposición de estos impuestos no minora significativamente la demanda, y mucho menos en las temporadas altas, cuando el problema de sobreturismo puede ser más acuciante. Tampoco contribuyen significativamente a la sostenibilidad de los destinos, pues suelen terminar asignándose al gasto o inversiones de las Administraciones, que nada tiene que ver con el turismo. La última ocurrencia de la Generalitat es dedicar un 25% a financiar políticas de vivienda.

Pero la ineficacia de estas medidas no debe atribuirse meramente al oportunismo o la improvisación, sino a la ausencia de un análisis riguroso que permita disponer de un diagnóstico preciso para identificar las causas subyacentes de los problemas y desafíos que afectan fundamentalmente a nuestros destinos y sus sociedades, que en muchas ocasiones no son atribuibles de forma preeminente a la actividad turística.

"Los gobiernos deberían ponerse manos a la obra para promover un turismo de mayor contribución socioeconómica"

En el caso del aumento de la presión turística, por ejemplo, la información del INE refleja que, mientras, el número de plazas en viviendas turísticas ha aumentado un 25,3% entre 2022 y 2024, en los primeros municipios turísticos del país, las de hoteles han crecido al 2% y las del resto de alojamientos reglados el 1,4% (casas rurales, campings, apartahoteles). ¿Resulta asumible este crecimiento desmesurado por parte de una sociedad y unos destinos tensionados por los problemas de vivienda y de convivencia, más aún cuando se detecta una alta tasa de ilegalidad entre los anuncios de alquiler vacacional (el Ministerio de Consumo cifra en 65.000 anuncios, lo que supone 250.000 plazas turísticas, asimilable a las plazas hoteleras que hay en la suma de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga)?

Parece evidente que en lugar de aplicar medidas improvisadas, punitivas y discriminatorias, los Gobiernos deberían intensificar la lucha contra la oferta ilegal, poner coto al crecimiento del alquiler vacacional (que, según el Banco de España, habría detraído del mercado de alquiler convencional hasta un 50% de las viviendas en las islas Baleares o las Canarias), invertir en infraestructuras y sistemas de gestión, a la vez que ponerse manos a la obra para promover un turismo de mayor contribución socioeconómica, comprometido con la calidad de vida de las sociedades locales y la minoración de la huella ambiental.

*Gabriel Escarrer Jaume es el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, además de presidente de Exceltur.