Trump contra la ortodoxia fiscal: la gran paradoja fiscal estadounidense

Estados Unidos, lejos de practicar la ortodoxia fiscal que cabría esperar de la mayor potencia económica, arrastra un problema estructural de deuda pública. Año tras año, Washington gasta bastante más de lo que ingresa, financiando esa diferencia con empréstitos constantes. Como resultado, la deuda no ha dejado de crecer: hoy supera los 36 billones de dólares (36 millones de millones), una cifra difícil de imaginar para el ciudadano común.

Esta tendencia no es una anomalía puntual ni fruto de una sola crisis; es un déficit crónico que se ha mantenido bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, evidenciando un hábito político profundamente arraigado de vivir por encima de las posibilidades. Lejos de ceñirse a principios de austeridad, EEUU ha convertido el endeudamiento en una constante para cubrir gastos militares abultados, programas sociales crecientes y sucesivos recortes de impuestos sin ajustes equivalentes en el gasto.

Paradójicamente, a pesar de la retórica frecuente sobre responsabilidad fiscal, los mecanismos prácticos para contener esta "adicción" a la deuda han resultado débiles. El más conocido es el techo de deuda, un límite legal al endeudamiento federal que el Congreso impone y debe elevar periódicamente para evitar el impago. En teoría, este techo actúa como un freno institucional al descontrol presupuestario: obliga a los legisladores a debatir sobre el tamaño de la deuda cada cierto tiempo antes de autorizar más préstamos.

En la práctica, sin embargo, se ha convertido en un ritual político: el límite se ha elevado o suspendido decenas de veces en las últimas décadas. Cada negociación viene acompañada de amenazas de cierre gubernamental y dramáticas advertencias de default, solo para terminar acordando, in extremis, una subida del límite. El techo de deuda funciona como una suerte de alarma periódica sobre la sostenibilidad fiscal, una alarma que genera estridencias en Washington y nerviosismo en los mercados, pero que hasta ahora no ha logrado frenar el aumento real de la deuda. Eso sí, al menos pone el foco en el problema de forma recurrente, forzando (aunque sea de manera teatral) un debate sobre el gasto público desbocado.

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En este contexto de deuda crónica y disciplina laxa, la reciente postura de Donald Trump resulta cuanto menos irónica. Trump, que suele presentarse como adalid del liberalismo económico e incluso ha coqueteado con la retórica libertaria, ha propuesto eliminar por completo el techo de la deuda. Es decir, sugiere quitar de un plumazo uno de los pocos frenos institucionales al gasto descontrolado del gobierno federal. La paradoja salta a la vista: quien hasta no hace mucho prometía rigor presupuestario ahora aboga por suprimir la barrera formal que obliga a contener (aunque sea temporalmente) la emisión ilimitada de deuda.

Basta con echar la vista atrás para apreciar la contradicción. En su campaña de 2016, Trump denunciaba el "colosal endeudamiento" de Estados Unidos y llegó a asegurar que eliminaría la deuda nacional en ocho años. Sin embargo, durante su mandato presidencial (2017-2021) ocurrió lo contrario: la deuda se disparó en alrededor de 7 billones de dólares más. Lejos de equilibrar las cuentas, su administración combinó fuertes recortes de impuestos con aumentos de gasto.

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Trump pasó de criticar la montaña de deuda a encumbrarla aún más, todo ello sin grandes reparos ideológicos. De hecho, ya entonces se ganó el apodo (autoimpuesto, con cierto orgullo empresarial) de "rey de la deuda", al jactarse de saber manejar el apalancamiento financiero a su favor. Ahora, ese expertise parece querer aplicarlo al Estado: ante la próxima batalla presupuestaria, Trump plantea sencillamente abolir el techo de deuda para no tener que lidiar con él.

La visión política

El trasfondo político de esta propuesta también es revelador. Trump ha defendido que el techo de deuda es una "trampa demócrata" –en sus palabras–. De hecho, antes de comenzar su segundo mandato ya dejaba entrever su deseo de que el Congreso resolviera el asunto antes de llegar a la Casa Blanca. El objetivo estaba claro: no quería que su agenda presidencial se encontrara con obstáculos fiscales.

Resulta llamativo que la idea de suprimir el techo de deuda cuente también con partidarios en las antípodas ideológicas de Trump, como la senadora Elizabeth Warren o Janet Yellen, La secretaria del Tesoro de la administración Biden, ha sugerido que este límite es un anacronismo más dañino que útil: dado que el Congreso ya aprueba el gasto por ley, negarse luego a autorizar la deuda necesaria para financiarlo roza el absurdo y pone en peligro la credibilidad financiera del país. Ahora bien, la coincidencia entre Yellen y Trump termina ahí. Mientras Yellen abogaría por eliminar el techo para evitar crisis autoinducidas, Trump lo hace para eliminar cualquier atisbo de contención en el gasto durante su mandato. Lo de Yellen es pragmatismo financiero; lo de Trump, interés político camuflado de audacia antisistema.

Opinión

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En última instancia, la propuesta de Trump acentúa la gran paradoja fiscal estadounidense. Lejos de corregir el rumbo, eliminar el techo de deuda sería como desconectar la alarma en una casa que lleva años ardiendo lentamente. Se evita el sonido molesto —los rifirrafes periódicos en el Capitolio, el susto de un posible default—, pero el incendio (la acumulación de deuda) sigue avanzando, ahora sin siquiera las alertas tempranas.

Estados Unidos continuaría así alejándose de cualquier vestigio de ortodoxia fiscal, y lo haría de la mano de un líder que, contra su propio discurso pasado, parece dispuesto a sacrificar la austeridad en el altar de la conveniencia política. La ironía es difícil de pasar por alto: la nación que suele pontificar sobre disciplina presupuestaria se entrega aún más a la deuda, instigada por quien se vendía como defensor de la libertad económica. Y mientras tanto, el problema estructural subyacente –—se hábito de gastar sin pagar la cuenta— permanece intacto, listo para seguir creciendo una vez eliminado el último aviso institucional que recordaba su existencia.

*Santiago Calvo es doctor en Economía por la Universidad de Santiago.