Historia de dos deterioros institucionales

Agosto de 2025. Washington DC, EEUU. Donald Trump despide a su jefa de estadísticas laborales, Erika McEntarfer, porque el jueves pasado dio un dato de creación de empleo demasiado débil, y todo el mundo sabe que la economía estadounidense es GREAT, BEAUTIFUL y muy, muy BIG. ¿Cómo se le ocurre a la señora McEntarfer poner en duda el relato del Gobierno de turno?

Junio de 2022. Madrid, España. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Poo, dimite tras recibir críticas del Gobierno por dos cosas: dar un dato de PIB por debajo del que el Ejecutivo creía que debía dar y ofrecer una inflación más alta de la que le habría gustado. Se alegaron razones personales, por supuesto. En los pasillos del INE, las razones reales eran un secreto a voces.

Agosto de 2025. Nueva York. El Financial Times publica que el despido de McEntarfer y la posible designación de un perfil politizado por parte de Trump siembran dudas entre los inversores: la credibilidad de las estadísticas nacionales es uno de los pilares de la confianza en un país. No solo informan sobre dónde se está jugando uno el dinero, sino que permiten confiar en que las instituciones que dependen de ellas —como la Reserva Federal— toman decisiones con datos de primera calidad.

Julio de 2022. Bruselas, Bélgica. La ESGAB, el organismo de la UE encargado de vigilar la calidad estadística, emite un comunicado en el que expresa su "preocupación" por lo ocurrido en el INE. Se alarma porque "políticos con responsabilidades" han criticado al organismo con afirmaciones que "van más allá de una presentación reflexiva de puntos de vista científicos". Y deja claro: "Que los responsables políticos ejerzan presión sobre los INE y otros productores de estadísticas europeas […] vulnera la obligación de respetar su independencia profesional".

TE PUEDE INTERESAR

Economía frena una estadística del INE que afloraría el dato real de fijos discontinuos

Javier Jorrín

Julio de 2025. Madrid, España. El INE, presidido por Elena Manzanera, se pliega a las presiones del Ministerio de Economía de retrasar la publicación de una nueva herramienta estadística que arrojaría luz sobre la situación laboral real de los fijos discontinuos en España. Concretamente, cuántos de ellos están en cada momento sin trabajar. Una cifra demasiado abultada cuestionaría los hasta ahora incuestionables buenos datos de empleo de los que presume mensualmente el Gobierno.

El problema de Trump es que es burdo y se le ve venir de lejos. Es difícil hacerse trampas a uno mismo cuando el nivel de injerencia política es tan diáfano y evidente.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Nuestro dólar, vuestro problema

Fernando Primo de Rivera

La ventaja del Gobierno en España es que ha contado durante mucho tiempo con el parachoques institucional de Bruselas. Cuando la ESGAB lanzó su señal de alarma, la Comisión Von der Leyen 1 (2019-2024), aún en luna de miel con Pedro Sánchez, se limitó a "tomar nota". Y ahí quedó la cosa.

Ahora, tres años después, ya con la Comisión Von der Leyen 2 (2024-2029), llegan los posicionamientos jurídicos duros contra la amnistía y la apertura de procedimientos de infracción porque, dicen, el Gobierno usa legislación nacional incompatible con los tratados para entorpecer una OPA que le resulta incómoda políticamente.

Por mucho que Carlos Cuerpo lo vista de decisión tecnocrática por el interés general, la mona sigue siendo política. Y tiene un interés muy particular: mantener contentos a los partidos que sostienen la ficción de que Pedro Sánchez cuenta con una mayoría parlamentaria para seguir gobernando.

Por mucho que Carlos Cuerpo lo vista de decisión tecnocrática por el interés general, la mona sigue siendo política

A cada país le sale a cuenta estar en la UE por una razón. Puede ser un mercado único al que exportar, una estabilidad monetaria y de precios encarnada en el BCE (y heredada del Bundesbank), unos fondos europeos para estimular el crecimiento económico, un intento de disciplina presupuestaria o una mezcla de todos los anteriores.

Para mí, una de las principales razones es pertenecer a un marco institucional que, como mínimo, permita a los inversores seguir actuando como si el deterioro institucional que vive el país no estuviese ocurriendo. Si encima ayuda a frenarlo y revertirlo, entonces ya sería para tatuarse la bandera azul en el brazo.