España se juega su reputación en Europa con los fondos NextGen

La reputación de un país no se construye en comunicados institucionales ni en discursos bienintencionados. Se forja en hechos. Y hoy, España está ante una de esas pruebas que marcan cómo se nos ve en Europa: la ejecución de los fondos Next Generation EU. Lo que está en juego no es solo dinero; es credibilidad, confianza y, en última instancia, la posición de España dentro de la arquitectura europea.

Nuestro país es, junto con Italia, el mayor beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Se nos asignaron más de 160.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. Esta posición de privilegio implicaba, desde el inicio, una responsabilidad especial: demostrar que un país que sufrió con dureza la pandemia puede transformar su economía con visión, agilidad y rigor.

Cuatro años después, los datos son elocuentes. Menos del 35 % de los fondos asignados han sido ejecutados. De hecho, Eurostat sitúa la ejecución real de los fondos en el 19,5 %, ubicando a España entre los países menos avanzados de la UE. Bruselas ha congelado recientemente más de 1.100 millones de euros del quinto desembolso por incumplimientos en reformas comprometidas, aunque mantiene la vía abierta para poder recuperarlos si se adoptan las medidas necesarias en los próximos meses. Y los plazos para ejecutar el resto se agotan: en agosto de 2026 deben haberse completado todos los hitos. A partir de ahí, no hay margen de renegociación.

Este retraso no solo implica un riesgo de infraejecución. Implica un deterioro de nuestra imagen como socio fiable dentro de la Unión Europea. No es casual que, en las últimas comunicaciones oficiales, la Comisión Europea insista en que los países deben revisar sus planes cuanto antes, eliminar medidas inviables y centrar los esfuerzos en lo que sí puede ejecutarse con éxito. Ese mensaje no es neutro: es una llamada de atención directa a quienes aún no están cumpliendo los tiempos.

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La cuestión de fondo es aún más relevante: la UE está evaluando si debe crear una segunda generación de instrumentos fiscales comunes. El MRR es un experimento fiscal sin precedentes: por primera vez, la UE emitió deuda conjunta para financiar inversiones nacionales. Si este modelo funciona, se abre la puerta a instrumentos fiscales permanentes, más integradores y solidarios. Pero si los principales receptores —como España— no ejecutan con eficacia, otros Estados miembros más reticentes tendrán argumentos para bloquear esa evolución. En otras palabras, la credibilidad de España influye en la arquitectura financiera futura de la UE.

El éxito de este mecanismo marcará si Europa sigue avanzando hacia una integración financiera más profunda o si, por el contrario, volvemos a lo ya conocido y, en gran medida, muy estanco y sin visión transformadora. En ese escenario, el comportamiento de los países receptores será decisivo. Y ahí, tenemos mucho que demostrar. No solo nos jugamos la reputación de España: nos jugamos el papel que queremos desempeñar en la construcción de la Europa de los próximos años.

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Pero la reputación no se juega únicamente en Bruselas. También se juega en los mercados internacionales. Los inversores observan con atención cómo los Estados miembros gestionan estos recursos extraordinarios. Si España no aprovecha bien estos fondos, puede reforzarse la imagen de país con dificultades estructurales para implementar políticas ambiciosas, lo que podría afectar a la percepción de riesgo, la confianza inversora o incluso el rating institucional. En un contexto de tipos de interés altos y tensiones geopolíticas, ningún país puede permitirse debilitar su credibilidad financiera.

El tejido empresarial español, por su parte, ha demostrado ambición y capacidad para impulsar proyectos transformadores. Cada día vemos empresas listas para invertir, innovar y liderar sectores clave como la descarbonización industrial, la eficiencia energética, la digitalización o la movilidad sostenible. En las convocatorias más recientes se observa un interés notable de las pymes, que ya representan alrededor del 40 % de los beneficiarios. Sin embargo, ese dinamismo choca con obstáculos conocidos: convocatorias tardías, criterios poco claros o procesos administrativos que resultan excesivamente burocráticos. La voluntad, el talento y los proyectos están ahí. Lo que falta, en muchos casos, es un marco operativo eficaz que no dilapide la energía del tejido productivo.

A estas alturas, ya no basta con aprobar reformas o lanzar convocatorias con retraso. Hace falta una acción coordinada entre administraciones, ministerios, comunidades autónomas y entidades locales; una mayor transparencia en la publicación de ayudas y subvenciones, y una simplificación real que facilite la absorción de los fondos. De lo contrario, no solo se perderán recursos: se perderá confianza, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

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Es cierto que Bruselas ha flexibilizado algunas reglas, permitiendo convertir préstamos en subvenciones o trasladar proyectos a otros fondos comunitarios con ejecución hasta 2030. Pero esa concesión no debe interpretarse como una prórroga implícita, sino como una oportunidad excepcional para salvar proyectos estratégicos. No actuar con rapidez supondrá dejar sobre la mesa miles de millones que difícilmente volveremos a ver.

Nuestra reputación como país se mide en esta oportunidad histórica, en Bruselas. España todavía tiene margen para enderezar el rumbo y demostrar su capacidad de gestión. La clave, además de la necesaria simplificación de los mecanismos y la coordinación entre entes públicos y privados, estará en convertir estos recursos en proyectos tangibles que aumenten la competitividad, impulsen la innovación y refuercen la confianza de nuestros socios europeos y de los mercados.

No se trata solo de cumplir con un calendario, sino de asegurar que cada euro invertido deje un legado productivo y sostenible. El éxito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se medirá únicamente en porcentaje de ejecución, sino en la capacidad de transformar nuestra economía y posicionar a España como un referente en eficiencia y aprovechamiento de oportunidades.

*Carlos Artal, CEO de Ayming España