Las redes eléctricas, columna vertebral de la reindustrialización española

España se enfrenta en esta década a una oportunidad única para reindustrializar su economía y consolidarse como un polo energético e industrial de referencia en Europa. La electrificación de la industria, la movilidad y la edificación, apoyada en energía limpia y competitiva, puede convertirse en un vector decisivo de crecimiento y empleo.

Pero esta ambición tiene una condición ineludible: contar con una red eléctrica capaz de absorber la nueva demanda, flexible, digitalizada y suficientemente financiada.

El Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución supone un paso importante en esa dirección. El texto reconoce la urgencia de invertir y abre la puerta a una planificación más abierta, transparente y coherente con la política energética nacional. Por primera vez en una década, se propone un incremento significativo —del 62%— en los límites de inversión, así como mecanismos participativos que permitan alinear mejor las necesidades de la industria con las decisiones de inversión.

Este avance es relevante, pero aún insuficiente. Si no se adapta el marco retributivo fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las medidas previstas en el Real Decreto pueden quedarse en papel mojado. Es imprescindible que la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica actúen de manera coordinada y coherente, para que las inversiones planificadas no se vean bloqueadas por un modelo económico que desincentiva el capital.

Una red al servicio del desarrollo industrial

El Foro Mercado Libre defiende un modelo de mercado competitivo, eficiente y orientado al interés general. En este contexto, el papel de las redes eléctricas es estratégico: son la infraestructura básica que permite la electrificación de la industria, la integración de las renovables y la atracción de inversiones tecnológicas. Sin redes suficientes, no habrá centros de datos, fábricas eléctricas ni almacenamiento energético; sin ellas, España no podrá aprovechar su ventaja comparativa en energías limpias.

Los datos son elocuentes: más del 80% de los nudos de distribución están saturados, y entre 2020 y 2024 se rechazaron más de 100 gigavatios de solicitudes de acceso por falta de capacidad. Esa limitación impide conectar nueva demanda y amenaza con frenar el desarrollo de proyectos industriales estratégicos.

El nuevo Real Decreto pretende revertir esta situación mediante la introducción de inversiones anticipatorias y la planificación participativa. Sin embargo, el techo del 15% para inversiones de este tipo resulta insuficiente. Desde el Foro proponemos elevarlo, de modo que la red pueda prepararse con antelación en zonas críticas —como polos industriales o plataformas logísticas— donde la demanda aún no se ha materializado, pero se anticipa con claridad.

Flexibilidad y seguridad jurídica, condiciones necesarias

Las inversiones en red no son lineales ni uniformes. Requieren plazos largos de tramitación, adquisición de materiales y ejecución de obras. Por eso, el límite anual de inversión debe sustituirse por un cómputo quinquenal que otorgue flexibilidad a los gestores y permita compensar desviaciones interanuales. Un enfoque más realista y operativo facilitaría el cumplimiento de los objetivos de electrificación fijados para 2030.

Asimismo, la magnitud del esfuerzo inversor exige estabilidad regulatoria. No es el momento de rediseñar de forma disruptiva la metodología de retribución. Cualquier cambio debe acompañar —no contradecir— la política energética del Gobierno y ofrecer seguridad jurídica a los inversores.

En este sentido, la propuesta de la CNMC de reducir la retribución de las redes y fijar una tasa financiera del 6,46% se aleja del contexto europeo y desincentiva la inversión. Estudios recientes, como el informe de PwC de octubre de 2025, estiman que esta metodología podría recortar la rentabilidad del sector en más de 3.600 millones de euros en el periodo 2026-2031. En plena carrera por la electrificación, España no puede permitirse enviar señales contrarias al capital ni al empleo industrial.

Reducir la retribución de las redes y fijar una tasa financiera del 6,46 % se aleja del contexto europeo y desincentiva la inversión

Además del componente financiero, urge abordar los cuellos de botella operativos. Muchos proyectos industriales están paralizados porque faltan posiciones disponibles en subestaciones de transporte. Rehabilitar las medidas propuestas en el Real Decreto-ley 7/2025 —derogado por falta de convalidación— permitiría habilitar nuevas posiciones y agilizar los procedimientos para cambiar su uso cuando existan huecos de generación.

Otra medida esencial es facilitar la conexión de grandes consumidores a 220 kV, incluso permitiendo la compartición de infraestructuras o el despliegue por parte de distribuidores. Estas soluciones, técnicas pero decisivas, acelerarían la electrificación de la industria pesada y contribuirían a la eficiencia del sistema.

En paralelo, debe reforzarse la gobernanza y la transparencia del proceso inversor. Mecanismos como la consulta previa de planes, el seguimiento anual o la publicación de indicadores públicos no solo fortalecen la confianza institucional, sino que garantizan que las inversiones respondan a necesidades reales y medibles.

Coherencia regulatoria y visión de futuro

Las instituciones europeas —la Comisión, el Consejo y el Parlamento— han sido claras: sin redes, no habrá transición energética. España dispone de una oportunidad industrial sin precedentes, pero aprovecharla requiere coherencia, coordinación y visión.

Desde el Foro Mercado Libre se propone tres ajustes esenciales:

1. Alinear la metodología retributiva de la CNMC con el Real Decreto y actualizar la tasa de retribución financiera en línea con los países más avanzados en electrificación.
2. Flexibilizar el límite de inversión mediante un cómputo quinquenal que facilite la ejecución real de los proyectos.
3. Aumentar el techo de inversiones anticipatorias y desbloquear nuevas posiciones en la red de transporte para permitir la conexión de más de 60 GW de demanda potencial.

Con estas medidas, España puede liderar la transición energética europea y convertir su sistema eléctrico en un motor de competitividad. La electrificación no es solo una cuestión ambiental: es la gran palanca económica del siglo XXI.

El futuro de nuestra industria, de nuestro empleo y de nuestra autonomía energética depende de la red que construyamos hoy. No dejemos pasar esta oportunidad.

* Mauricio Trullas Rossell es el presidente del Foro Mercado Libre.