Contratación pública en conservación de carreteras: concurso vs subasta
Cuando la contratación pública se reduce a una carrera para alcanzar el precio más bajo, como en las subastas puras, lo que realmente se pone en juego es la calidad de la obra pública
La corrupción erosiona las instituciones, empobrece a la sociedad y debilita la confianza en lo público. Nadie discute la necesidad de combatirla con decisión. En este sentido, las medidas orientadas a reforzar la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas son adecuadas y necesarias.
Sin embargo, en la lucha contra la corrupción hay un riesgo que no debe olvidarse: caer en la desconfianza estructural. En otras palabras, penalizar a quienes cumplen la ley, en lugar de concentrar los esfuerzos en quienes la vulneran.
La advertencia de Vauban, más vigente que nunca
En 1683, el marqués de Vauban escribió al ministro de Guerra de Luis XIV una célebre carta en la que denunciaba las “rebajas” en las obras públicas como fuente de ruina. Decía Vauban que las bajas temerarias solo atraían a “miserables, pillos e ignorantes”, mientras alejaban a los contratistas capaces. A su juicio, ese empeño por ahorrar a toda costa solo daba lugar a obras más caras, de peor calidad y plagadas de engaños.
Han pasado más de tres siglos, pero la advertencia sigue vigente. Cuando la contratación pública se reduce a una carrera para alcanzar el precio más bajo, como en las subastas puras, lo que realmente se pone en juego es la calidad de la obra pública, porque no se valora la correcta prestación del servicio, el adecuado mantenimiento del patrimonio público viario, la innovación, etc. y todo esto puede redundar, además, en un deterioro de la seguridad de las personas. En resumen, peligra la profesionalización del sector y los esfuerzos realizados durante décadas de trabajo por asegurar resultados sostenibles, eficaces y eficientes.
Concurso frente a subasta: una elección con graves consecuencias
El sector de la conservación y explotación de infraestructuras se muestra muy preocupado e inquieto, y la razón no es para menos: la posible reforma del sistema de contratación pública por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a través de nuevos pliegos para adjudicar por subasta en los próximos contratos de conservación de carreteras, en detrimento de los concursos. Esto es, adjudicar siempre a la oferta más barata, aludiendo que se trata de un criterio objetivo.
Por todos los técnicos del sector es sabido que las subastas premian exclusivamente el precio, por encima de la calidad del servicio prestado. Por el contrario, los concursos permiten valorar la experiencia, la innovación y la calidad técnica y ambiental, mejoras en seguridad vial, etc. Es necesario continuar incentivando a las empresas a que propongan mejoras favoreciendo la competencia para dar soluciones, que no necesariamente son las más baratas.
La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública ya recomienda que la contratación pública combine competencia con transparencia, evitando simplificaciones que comprometan la seguridad o el interés general.
La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública ya recomienda que la contratación pública combine competencia con transparencia
Apostar por las subastas podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El verdadero interés general se protege cuando la competencia se incentiva a través de propuestas que aporten valor: calidad en los materiales, mayor durabilidad de las soluciones, criterios de sostenibilidad que reduzcan el impacto ambiental y, sobre todo, mejoras en la seguridad vial, como “las carreteras que perdonan”, aquellas que, ante un error del conductor, reducen al mínimo las consecuencias y, en la medida de lo posible, evitan una tragedia. Y esto lo logran gracias a la innovación en elementos de contención y seguridad como barreras, marcas viales sonoras, pavimentos con buen drenaje o sistemas de frenado para camiones en puntos críticos.
Cambiar el modelo de contratación actual podría tener graves consecuencias: bajas inasumibles que conllevan una merma en la calidad del servicio, un deterioro progresivo de la red de carreteras con los consiguientes riesgos para la seguridad vial, la pérdida de empleo o su precarización, así como una disminución de la rentabilidad y competitividad de las compañías.
Las administraciones llevan años reclamando al sector innovaciones que van desde el cálculo y la compensación de la huella de carbono en nuestro territorio, hasta el desarrollo de sistemas de contención más seguros, el uso de materiales menos contaminantes y soluciones más duraderas. Sin embargo, todo ese esfuerzo, conocimiento y valor añadido corren el riesgo de diluirse si se apuesta por la subasta como criterio de adjudicación.
La confianza como pilar
“El buen funcionamiento del sector público y privado depende de la confianza mutua”, decía Vauban. Y esta confianza se construye día a día sobre la base de buenas prácticas, cumplimiento normativo y cooperación entre administraciones y empresas.
En este sentido, invitamos a las instituciones a abrir un proceso de diálogo con los sectores afectados, donde alcanzar soluciones basadas en la experiencia de quienes gestionan servicios esenciales sobre el terreno. El conocimiento técnico y práctico de estos profesionales es un recurso que no debe obviarse y, mucho menos, infrautilizarse.
Aprender del pasado para no repetir errores
El eco de Vauban, tres siglos después, resuena con claridad: cuando se fuerza el precio hasta niveles insostenibles, el resultado no es ahorro, sino deterioro. Y no hablamos de una advertencia teórica: situaciones como la actual ya se han vivido en el pasado reciente, con consecuencias nefastas para nuestras carreteras y, en última instancia, para la seguridad de quienes las utilizan cada día o trabajan en ellas.
Hoy, en pleno siglo XXI, España se enfrenta a un dilema similar: reforzar la integridad sin debilitar los servicios esenciales. Desde la asociación lo resumimos en una máxima sencilla pero fundamental: “no podemos penalizar a quienes cumplen la ley”. La corrupción se combate con firmeza, pero también con equilibrio.
*Federico Soria, presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
La corrupción erosiona las instituciones, empobrece a la sociedad y debilita la confianza en lo público. Nadie discute la necesidad de combatirla con decisión. En este sentido, las medidas orientadas a reforzar la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas son adecuadas y necesarias.