Redes eléctricas y vivienda: sin inversión no habrá futuro energético ni social

España se enfrenta a un momento decisivo para su futuro energético, industrial y social. La electrificación del país no es solo un desafío tecnológico: es la condición necesaria para poder construir viviendas, atraer industrias y sostener el bienestar de los ciudadanos. Sin redes eléctricas modernas y suficientes, no habrá fábricas, no habrá cargadores eléctricos… y tampoco habrá nuevas viviendas.

La falta de capacidad de conexión a la red ya está frenando el desarrollo inmobiliario en múltiples zonas del país. Promotores y ayuntamientos denuncian que no pueden obtener punto de suministro y que proyectos de vivienda, polígonos industriales o parques logísticos quedan bloqueados. Es una realidad invisible, pero decisiva: sin red, no hay país.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene en sus manos una decisión crítica. Su nueva propuesta de Circular, la CIR/DE/006/24, definirá la metodología para calcular la retribución de la actividad de distribución eléctrica entre 2026 y 2031. Un texto técnico en apariencia, pero con profundas consecuencias económicas y sociales: de él depende que se construyan las redes que harán posible la electrificación… o que se frene la inversión justo cuando más se necesita.

De la CNMC depende que se construyan las redes… o que se frene la inversión justo cuando más se necesita

La propuesta actual plantea una reducción del 37% en la retribución media respecto al modelo vigente. Esto significa que, con la nueva metodología, las empresas distribuidoras dispondrán de un tercio menos de recursos para construir y mantener las redes. En la práctica, equivale a negar a los futuros clientes un derecho que hoy disfrutan los que ya están conectados: tener acceso a una red segura, moderna y disponible. La CNMC estaría consolidando una desigualdad estructural entre quienes ya disfrutan del servicio y quienes todavía no pueden acceder a él.

Según un reciente informe de EY sobre la retribución del sector de distribución eléctrica en Europa, España se sitúa en el grupo de los países low cost. Nuestra retribución regulada está muy por debajo de la media de las grandes economías europeas y solo por delante de Portugal y Grecia. Y mientras Portugal ya prevé un incremento retributivo que le situará por encima de nosotros, España corre el riesgo de convertirse en el país menos atractivo para invertir en redes eléctricas del continente. En Alemania, Francia o Italia, las tasas de retribución y los incentivos a la inversión duplican o triplican los niveles españoles, lo que explica por qué allí las redes se expanden con más agilidad y la electrificación avanza más rápido.

El problema del factor K

El problema se agrava por la definición del llamado factor K, el parámetro que determina cuánto puede invertir una distribuidora en función de la nueva potencia conectada. En teoría, pretende vincular las inversiones a la demanda; en la práctica, lo que hace es atar la inversión al pasado, no al futuro. Si no hay nueva demanda conectada, no se permite invertir, aunque existan solicitudes esperando. Así se impide el desarrollo de la red anticipatoria que España necesita para crecer, urbanizar y electrificar su economía. Además, el valor fijado por la CNMC —232 €/kW— está muy por debajo del coste real de las ampliaciones (unos 375 €/kW) y de los estándares europeos (350–450 €/kW). Con este desfase, muchas obras estratégicas serán directamente inviables.

El resultado es un círculo vicioso: sin inversión, no hay red; sin red, no hay conexión; y sin conexión, no hay nueva demanda que justifique la inversión. Es un modelo que se devora a sí mismo. A este recorte se suma la reducción drástica de los costes de operación y mantenimiento (OPEX). La CNMC propone disminuirlos hasta un 40 % a lo largo del periodo 2026–2031, en nombre de la eficiencia.

Sin inversión, no hay red; sin red, no hay conexión; y sin conexión, no hay nueva demanda que justifique la inversión

Pero conviene recordar que recortar mantenimiento no es ahorrar, es diferir el gasto hasta que el sistema se avería. Igual que ocurre con un coche: si no se cambia el aceite ni se revisan los frenos, el ahorro inmediato acaba convirtiéndose en una reparación mucho más costosa. Lo mismo ocurre con la red eléctrica: el deterioro progresivo de la infraestructura obligará después a inversiones urgentes y más caras.

Esta lógica recuerda lo que sucedió con la transición acelerada hacia las renovables sin planificación del respaldo necesario. Durante años se fueron retirando centrales de ciclo combinado y nucleares con el argumento de abaratar el precio de la electricidad. Hasta que llegó el apagón y el sistema tuvo que recurrir a mecanismos de “operación reforzada” que hoy nos cuestan mucho más que lo que entonces se pretendió ahorrar. La historia energética reciente demuestra que el ahorro mal entendido acaba saliendo caro.

España está desalineada con Europa

Los informes recientes de PwC y EY coinciden en el diagnóstico: España está desalineada con Europa. PwC advierte que la metodología de la CNMC, si no se corrige, reducirá la retribución en más de 3.600 millones de euros en el periodo 2026–2031 y situará la rentabilidad del sector por muy por debajo del rango europeo (7–9%). EY confirma que la retribución española ya es una de las más bajas del continente y que continuar reduciéndola desincentivará por completo la inversión privada

Por todo ello, pedimos una revisión urgente de la Circular para elevar el valor del factor K, alinearlo con los costes reales e indexarlo a la inflación industrial. Reclamamos también una coherencia plena entre la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica, de modo que las inversiones planificadas y aprobadas por el Gobierno sean reconocidas íntegramente en la metodología retributiva. Y, sobre todo, exigimos seguridad jurídica y una transición previsible hacia el nuevo modelo Totex, que dé tiempo a las empresas a adaptarse sin desincentivar la inversión.

Invertir en redes no es un coste: es la base del progreso. Sin red no hay vivienda

La electrificación no puede hacerse con una regulación de mínimos. Cada subestación que no se construye es una vivienda que no se levanta, una empresa que no se instala, un vehículo eléctrico que no se recarga. Rebajar artificialmente la retribución de las redes no abarata el sistema: lo empobrece. Lo que hoy se ahorra en inversión, mañana se pagará en retraso económico, falta de vivienda y pérdida de competitividad.

España necesita una regulación que mire al futuro y que premie la anticipación, no la parálisis. Invertir en redes no es un coste: es la base del progreso. Sin red no hay vivienda. Y sin vivienda, no hay país.

* Mauricio Trullas es presidente del Foro Mercado Libre.