El absentismo como pandemia: ¿quién no quiere trabajar menos y ganar más?

Cerramos 2025 en España con muchos récords. Algunos celebrables; otros, no tanto. Uno de ellos, con el que convivimos sin apenas debate riguroso, es el del absentismo laboral. Un fenómeno especialmente elevado en el sector público, financiado íntegramente por los contribuyentes y donde, paradójicamente, los salarios medios son más de un 30% superiores a los del sector privado. No hablo de percepciones ideológicas, sino de datos objetivos y de un silencio administrativo tan clamoroso como irresponsable. En esto España también va como "una moto", que diría nuestro presidente, pues vamos camino de duplicar la tasa de absentismo de los principales países de Europa (Alemania 4,8%, Italia 4,2%, Países Bajos 4,3%, media europea 4,7%).

Las cifras parecen no incomodar a nadie. Sin embargo, los últimos datos disponibles muestran que el absentismo laboral en España ha alcanzado máximos históricos, con fuertes diferencias territoriales y sectoriales. En el tercer trimestre de 2025, el absentismo agregado (público y privado) se situó en niveles preocupantes —e intolerables— que superan al 7%. Traducido a la realidad cotidiana: cada día más de 1,5 millones de personas se ausentan de su puesto de trabajo, y de ellas más de 300.000 lo hacen sin causa justificada.

Según la CEOE, el coste total del absentismo laboral en España podría haber superado los 32.000 millones de euros en 2025, repartidos aproximadamente a partes iguales entre la Seguridad Social y las empresas, con un impacto cercano a los 16.000 millones para cada una.

Aunque no existen publicaciones oficiales uniformes que desagreguen de forma sistemática el absentismo exclusivamente del sector público, sí hay indicadores y estimaciones sectoriales suficientemente consistentes que sitúan su tasa en torno al 8,6%, muy por encima de la media del sector privado. Todo ello en un entorno de empleo estable, baja rotación y salarios medios superiores al conjunto de la economía.

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Hay además un dato especialmente revelador: el 46,6% de las bajas por contingencia común se tramitan en lunes o martes, según AMAT, y de acuerdo con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, muchas bajas se concentran en lunes y viernes. Un patrón difícil de explicar únicamente por causas médicas y que apunta a un uso estratégico —cuando no oportunista— del sistema. En el lenguaje coloquial de muchos centros de trabajo, públicos y también privados, esta realidad se verbaliza sin pudor: "Si me presionas, me cojo la baja". No es una anécdota: es un mecanismo de poder informal, conocido y tolerado, que mina la productividad, sobrecarga a los compañeros cumplidores y degrada la cultura del esfuerzo.

Este sistema tiene una clave de bóveda evidente: los médicos. Profesionales que, aun actuando con rigor, gestionan las bajas con temor porque el sistema no les protege adecuadamente frente a los abusos. Hoy se encuentran atrapados entre la presión del trabajador, la inexistencia de coste alguno para el absentista, la falta de respaldo institucional cuando dicen "no" y el riesgo de conflicto, quejas o incluso denuncias.

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El resultado es previsible: concesión defensiva de bajas, menor exigencia probatoria y una deriva hacia la desresponsabilización colectiva. Exigir rigor sin ofrecer protección es pura hipocresía administrativa.

El problema alcanza también a los jefes, especialmente en el sector público. Directivos sin herramientas reales de gestión, sin capacidad efectiva de sanción y, en muchos casos, atrapados en la impotencia —cuando no en la inhibición— por carecer de instrumentos que permitan distinguir el absentismo justificado del fraude, sancionar conductas reiteradas o premiar la asistencia, el compromiso y el rendimiento. El mensaje implícito es devastador: cumplir no tiene recompensa; faltar no tiene coste.

El silencio institucional

Quizá lo más grave sea que la propia Administración evite publicar datos detallados, homogéneos y comparables sobre su absentismo. No existe un ranking oficial por administraciones ni por empresas públicas. No hay series claras por organismo ni comparativas transparentes con el sector privado. Y, sin embargo, sabemos —por todas las aproximaciones disponibles— que el absentismo público es sistemáticamente superior.

Cuando una institución se financia con dinero público y rehúsa medir y explicar su desempeño, el problema deja de ser solo laboral y pasa a ser también democrático. Se erosiona la confianza en los servidores públicos y se deteriora el prestigio de un colectivo en el que, como casi siempre, la mayoría paga el descrédito generado por una minoría que pervierte impunemente el sistema de protección social.

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Qué habría que hacer (y nadie se atreve)

Es momento de actuar. No podemos permitirnos que en 2026 se pulverice de nuevo este récord de absentismo, arrastrando con él la productividad de nuestra economía en un modelo que desconecta casi por completo salarios y rendimiento. Romper este tabú exige decisiones incómodas, pero imprescindibles —y, en mi opinión, muy anteriores a la polémica reducción de la jornada laboral—:

• Publicar datos completos y comparables de absentismo por administración, organismo y territorio.
• Reforzar los controles médicos con protocolos homogéneos y exigentes, proteger explícitamente a los médicos cuando denieguen bajas injustificadas y seguir y controlar a aquellos de mano laxa a la hora de concederlas.
• Dotar a los directivos públicos de capacidad real de gestión y sanción.
• Introducir incentivos positivos a la asistencia y al compromiso, hoy prácticamente inexistentes o infrautilizados.
• Separar sin complejos la enfermedad real del absentismo estratégico y definir costes para las conductas abusivas.

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Defender el Estado del bienestar no es tapar sus disfunciones, sino corregirlas antes de que se vuelvan estructurales —si es que ya no lo son—. Porque el absentismo público descontrolado no solo cuesta dinero: erosiona la ética del servicio público y la confianza de los ciudadanos. Y eso, una vez perdido, es mucho más difícil de recuperar que cualquier jornada laboral.

En las últimas semanas del año se ha acordado una importante subida salarial para los empleados públicos en los próximos tres años. No habría estado de más que viniera acompañada de compromisos claros de reducción del absentismo en ese mismo periodo. Pero ya lo dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una de sus memorables sentencias: "Mi propuesta deberían votarla tanto la derecha como la izquierda porque, ¿quién no quiere trabajar menos y cobrar más?", al hilo de su defensa de la reducción de la jornada laboral.

*Juan Pedro Moreno Jubrias, presidente del consejo asesor Digitaliza Madrid.