Sobre la gobernanza de la IA

La gran pregunta que hoy atraviesa el ámbito del empleo —y para la que existen respuestas de todo signo— es si la inteligencia artificial (IA) sustituirá a muchos, a pocos o a ningún trabajador. Existe, sin embargo, un consenso creciente: la IA provocará una alteración profunda del mercado laboral en múltiples direcciones, al crear, transformar y eliminar puestos de trabajo. Nos hallamos ante una auténtica transformación económica comparable a anteriores revoluciones industriales. Y esa transformación ya no pertenece al futuro, sino al presente inmediato.

Sin embargo, centrar el debate únicamente en la destrucción o creación de empleo resulta una visión meramente macroeconómica. Más allá de su impacto cuantitativo, la IA modifica la naturaleza misma del trabajo: redefine tareas, redistribuye responsabilidades y desplaza la toma de decisiones hacia sistemas automatizados cuya lógica no siempre resulta transparente para quienes conviven con ellos. El verdadero cambio no reside únicamente en cuántos empleos desaparecerán, sino en cómo se ejercerán los que permanezcan.

Junto a esta dimensión económica emerge otra menos visible pero igualmente decisiva: la construcción de un marco regulatorio inicialmente lleno de incertidumbres interpretativas que, con el tiempo, asentará una necesaria gobernanza social y empresarial del uso de la IA en la sociedad y en las organizaciones. El reto no es menor, pues sus implicaciones alcanzan directamente a derechos individuales y colectivos: igualdad, privacidad, libertad profesional, acceso al empleo o condiciones laborales.

Europa ha comenzado a recorrer ese camino. En 2024 se aprobó el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial (Reglamento de IA), cuya aplicación progresiva no solo ordena el uso de la IA en la Unión, sino que redefine su desarrollo. No estamos ante una norma meramente limitativa: además de fijar obligaciones y fronteras jurídicas, establece una dirección concreta con profundas consecuencias sociales, empresariales y tecnológicas. Y lo más relevante es que este proceso apenas ha comenzado; 2026 será el verdadero año de aplicación efectiva de muchos de sus elementos esenciales.

Opinión

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Hasta ahora, la IA ha evolucionado en gran medida sin marcos de control consolidados. Su implantación se ha abordado frecuentemente como un proyecto piloto permanente, experimentando en empresas y sociedad al ritmo de la innovación tecnológica. El incentivo dominante era la eficiencia; el riesgo, una cuestión diferida. Sin embargo, esa etapa ha concluido. El mensaje de la Unión Europea es inequívoco: la IA desplegada en nuestro territorio debe ser segura, fiable, verificable y, sobre todo, gobernada.

No se trata de frenar el desarrollo tecnológico —lo que sería contraproducente—, sino de asegurar su integración responsable. La innovación sin confianza es insostenible, y la confianza solo se construye mediante reglas comprensibles y mecanismos de control efectivos. Las empresas son conscientes de que, desde este mismo año, los requisitos más exigentes del Reglamento de IA comenzarán a resultar plenamente obligatorios y exigirán una adaptación organizativa real, no meramente documental.

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En este contexto, disponer de políticas corporativas de IA no constituye un mero ejercicio burocrático, sino un auténtico acto de liderazgo. Una organización sin una posición clara sobre cómo utiliza la IA está, en realidad, delegando su reputación, su gestión de riesgos y parte de sus decisiones críticas en sistemas que necesariamente deben ser gobernados. Resulta imprescindible identificar qué herramientas se emplean, qué riesgos generan, cómo se supervisan y quién asume la responsabilidad.

La definición de un marco interno de gobernanza en materia de IA será necesaria para todo tipo de empresas: no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino también para proteger los derechos fundamentales, la transparencia, la seguridad y la responsabilidad corporativa. Ello incluye inevitablemente la dimensión laboral, todavía plagada de incógnitas: ¿quién es titular del trabajo generado mediante herramientas de IA en la empresa?, ¿pueden utilizarse dichas herramientas para fines personales?, ¿qué expectativas de privacidad existen en su uso?, ¿qué grado de supervisión humana resulta exigible cuando una decisión automatizada afecta a la carrera profesional de un trabajador? Y otras muchas cuestiones que pronto exigirán respuesta.

Además, la gobernanza de la IA no se limitará a las áreas tecnológicas o jurídicas. Afectará a la cultura corporativa, a la formación de los empleados y a la propia estructura de poder dentro de las organizaciones. Las empresas deberán decidir no solo qué pueden hacer con la IA, sino lo que están dispuestas a hacer. La ética dejará de ser un elemento reputacional accesorio para convertirse en un factor operativo.

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La IA es, probablemente, la herramienta más transformadora desde la última revolución industrial, pero, como toda innovación de alcance sistémico, requiere un uso responsable proporcional a su impacto empresarial. El Reglamento de IA marca el rumbo; sin embargo, serán las políticas corporativas las que actúen como brújula y determinen qué empresas liderarán la transición y cuáles quedarán atrapadas entre el riesgo y la improvisación.

En los próximos años, la cuestión no será si una organización dispone de políticas de IA, sino cuán sólidas son. Y, sobre todo, si es capaz de demostrarlo.

*Íñigo Sagardoy de Simón, presidente de Sagardoy Abogados.