El oasis regulatorio del Régimen 28 y la oportunidad para España

Europa lleva años repitiendo el mismo diagnóstico con un matiz cada vez más incómodo. Tenemos talento, universidades, centros tecnológicos y capacidad para crear empresas brillantes, pero seguimos fallando en el tramo decisivo, el de convertir esas empresas en campeones. No es solo un debate sobre financiación. Es un debate sobre fricción. Sobre el coste invisible de operar en un mercado que se llama único, pero que en demasiadas ocasiones se comporta como veintisiete mercados distintos.

Ese es el telón de fondo del llamado Régimen 28. Su nombre suena a pieza menor de ingeniería jurídica, pero en realidad apunta a algo bastante más ambicioso. Un carril opcional a escala europea que permita a las empresas innovadoras elegir un marco común para operar a través del continente, reduciendo los costes y la incertidumbre que hoy penalizan la expansión transfronteriza. La Comisión lo situó expresamente dentro de la Estrategia europea de startups y scaleups adoptada en mayo de 2025, como parte de su agenda de competitividad.

Europa lo describe como un enfoque basado en soluciones digitales por defecto, con el objetivo de facilitar la constitución en 48 horas, y con la intención de tocar fricciones que cualquier scaleup reconoce a la primera, insolvencia, laboral y fiscalidad, entre otras. En un continente donde cada salto de país obliga a rehacer parte del armazón corporativo y a renegociar certezas básicas, esto se traduce en competitividad.

También importa el calendario, porque este debate ya ha salido del plano conceptual y no es, por tanto, una conversación para dentro de unos años.

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Europa quiere influir en el diseño antes de que se consolide y propone una fórmula práctica para que el régimen sea utilizable y no un artefacto teórico. La S.EU (Societas Europaea Unificata), que permitiría operar de forma transfronteriza con un alta digital y rápida. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de estándares sociales robustos para evitar que se convierta en un atajo que degrade la protección laboral. El equilibrio será delicado y, precisamente por eso, España debería tomárselo en serio.

Porque aquí aparece la oportunidad. España puede aspirar a ser el país que mejor lo aterrice, el lugar donde incorporarse a ese carril europeo sea más sencillo, más rápido y predecible y competir en claridad.

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En la práctica, ser un país "28 ready" significa poner el foco en lo que una scaleup necesita cuando deja de ser promesa y se convierte en empresa de crecimiento. Necesita poder contratar con rapidez, levantar rondas de financiación, profesionalizar su gobierno corporativo y, sobre todo, evitar que la incertidumbre jurídica se convierta en un coste fijo. Un marco europeo puede ayudar, pero solo si el país receptor acompaña con administración, procedimientos y una cultura institucional orientada a facilitar el escalado.

La Comisión ha enmarcado el Régimen 28 como una uniformización de reglas para facilitar que las startups crezcan dentro de Europa con una facilidad comparable a la de Estados Unidos. Y, de forma coherente con esa ambición, la estrategia comunitaria ha incluido el impulso a un fondo paneuropeo para scaleups, precisamente para cubrir el vacío de financiación en fases de crecimiento y pre-salida a mercado.

Ahí es donde España tiene que conectar puntos. El Régimen 28 es una palanca regulatoria. La Unión de Mercados de Capitales o, en su nueva formulación, la Savings and Investments Union, es la palanca financiera. Y en el plano nacional, el mecanismo España Crece, junto con una potencial reforma de la Ley de Startups constituyen la palanca doméstica. Si cada una de estas piezas se mueve por su lado, tendremos titulares, pero no un cambio de juego. Si se alinean, España puede vender algo muy concreto, un entorno completo para escalar.

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Escalar exige burocracia que funcione, certeza en los incentivos, agilidad en la contratación, y un ecosistema institucional que no confunda control con bloqueo. Por eso la idea de un Libro Blanco centrado en el Régimen 28 y en la competitividad de las scaleups, tiene sentido estratégico.

El riesgo es evidente. Europa puede terminar creando un marco opcional que, por exceso de remisiones nacionales o por falta de operatividad, no reduzca la fricción real. O puede quedar atrapada en la paradoja europea, prometer velocidad y entregar complejidad. Pero esa posibilidad no debería paralizarnos. De hecho, refuerza el argumento contrario. Si el Régimen 28 tiene zonas grises, el país que ofrezca más certidumbre administrativa y mejor aterrizaje práctico será el que capture la ventaja.

La pregunta, por tanto, no es si el Régimen 28 nos interesa y la cuestión es si queremos ser meros espectadores o protagonistas principales. La propuesta llegará, previsiblemente, entre Q1 y Q2 de 2026. Cuando eso ocurra, se abrirá un periodo de negociación y de posicionamientos nacionales. España puede limitarse a seguir el debate desde la barrera, o puede llegar con un plan para convertir ese carril europeo en un oasis regulatorio propio, atractivo para el talento, atractivo para el capital y, sobre todo, útil para que nuestras empresas no solo nazcan aquí, sino que se queden para crecer y desarrollarse.

*Pablo Vera, Socio-Director de Asuntos Públicos de Kreab.