Alguna luz y muchas sombras en la privatización de la sanidad

Merece la pena, de vez en cuando, hablar con médicos que tratan de poner un poco de racionalidad a lo que está ocurriendo con la sanidad en España en los últimos tiempos. Un problema, por cierto, en el que unos tienen la fama, tal y como sucede con la ‘marea blanca’ en Madrid contra la privatización de algunos hospitales públicos, y otros cardan la lana reduciendo presupuestos indiscriminadamente y retrasando operaciones de los pacientes, caso de Andalucía o Catalunya. Dos formas distintas de someterse a lo inevitable.

Sea como fuere, la proliferación de medidas restrictivas a lo largo y ancho del territorio nacional pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema y la necesidad de ajustar su dimensión a la realidad de nuestras finanzas públicas. Esos propios facultativos a los que hacía referencia al inicio de este post lo reconocen en relación con la región capitalina. Se ha multiplicado la oferta de hospitales y centros de salud y se ha mejorado el acceso a los mismos, lo que ha redundado en un mayor uso. Pero, simultáneamente, ni se han ajustado por población las plantillas de los grandes complejos ya existentes, más bien al contrario; ni se han racionalizado los costosos servicios de urgencias, con dualidades en proximidad sangrantes en coste, caso de la neurocirugía; ni se ha incentivado la dispersión del centro a la periferia de las patologías quirúrgicas más complicadas, lo que ha mantenido niveles absurdos de saturación en determinadas especialidades dentro del perímetro de la capital.

Esta realidad es la que ahora se pretende corregir a través del traspaso de la gestión a manos privadas de seis centros hospitalarios de la región. Ello responde a una doble finalidad: una, más cuestionable como veremos, económica; y otra, intelectualmente más legítima y necesaria, de sentar las bases para el completo reajuste sectorial, algo en lo que va a jugar un papel esencial la norma de precios públicos intercentros que vio la luz el pasado Miércoles Santo y por la que el SERMAS:

por una parte, incentiva la retención del paciente, de modo tal que todo el mundo tiene que mejorar las prestaciones sanitarias para evitar que el mismo haga uso de su derecho a la libre elección. No hay que olvidar que los hospitales 'externalizados´ cobran un canon per cápita, por cada individuo de su población de referencia con independencia de que haga uso de los servicios clínicos o no. Sin embargo, es penalizado por cada enfermo que es tratado en otros centros y premiado por los que capte de ellos a través, precisamente, de esa facturación intercentros. El estímulo para aumentar su oferta y multiplicar de este modo los ingresos es innegable.

y paga más por las operaciones más complejas, hasta ahora concentradas en unas pocas instalaciones, lo que alienta igualmente a los centros 'privatizados' a mejorar su propuesta de valor al paciente mediante la oportuna contratación de medios y personal ligado a esos casos más rentables. Con un hándicap sobrevenido que puede suscitar una 'guerra' por el talento: al calor de la externalizacion, buena parte de los profesionales de los hospitales afectados podrían tratar de recuperar la plaza que aún conservan en los públicos de origen. Hasta un tercio de sus plantillas podrá verse afectado. El miedo, ya saben, es libre. Y a ver cómo se cubre este vacío... 

Tres son las consecuencias de este sistema de funcionamiento, al menos a priori:

1. empezando por el final, los principales damnificados de la medida son los grandes colosos hospitalarios de la capital. No es de extrañar que encabecen las manifestaciones de la llamada ‘marea blanca’ los que desempeñan en ellos su tarea. Pueden recibir una avalancha de compañeros que les muevan la silla, es factible que se reduzcan los servicios más especializados ante el mayor reparto de la oferta y, además, el modelo de control privado amenaza con poner de manifiesto las redundancias y excesos de lo público. Está el patio como para tener ese horizonte encima de la mesa. De ahí que la beligerancia no sea tanto por la privatización a un tercero cuanto por la supervivencia de un statu quo inviable.
2. la norma regional de precios públicos es un remedo de otras históricas y apenas tiene en cuenta la evolución de la sociedad en las últimas décadas. Prima financieramente a unas especialidades frente a otras de manera absurda, lo que puede provocar que algunas de ellas caigan prácticamente en el olvido al minimizarse el tamaño de su servicio por ser menos rentable. Crecerá por ejemplo la pediatría, que cobra 191 euros por la primera consulta y 115 por las sucesivas, frente a la consulta médica general que está en 130 y 78, respectivamente. Esto incluye médico, enfermero, asistente y pruebas médicas menores, placas y análisis. Sin embargo, servicios geriátricos, la psiquiatría o las urgencias ginecológicas, en la parte baja del rango, se verán seriamente limitadas en su desarrollo. De ahí que quepa esperar, frente a la reivindicación general, la particular de determinados colectivos que se sienten agraviados.
3. por último, aunque realmente la gestión externalizada permita sobre el papel ahorrar costes a la Administración, que está por ver, el sistema de incentivos al que hemos hecho referencia con anterioridad implica que estos centros van a luchar a brazo partido no sólo por recuperar 'clientela', sino por ampliarla tanto horizontalmente (atrayendo pacientes de otras circunscripciones) como verticalmente (ofreciéndoles más prestaciones de valor añadido), asumiendo, eso sí, el riesgo de las correspondientes inversiones. La factura final para la Comunidad puede ser, visto de esta manera, muy superior a lo que ahora está abonando con la gestión pública. Y si ese traspaso no viene acompañado de ajustes en los 'perdedores' -vuelta a la primera de las consecuencias-, la bola puede crecer exponencialmente.

Alguna luz y muchas sombras en un proceso que muestra señales de preocupante precipitación en su diseño, tanto por la adopción de referencias desfasadas temporalmente como por dejar la puerta abierta a un aumento sustancial de la factura sanitaria para las arcas madrileñas. Con lo fácil que es hacer las cosas bien cuando hay que hacerlas. Ya lo confesaba en su día un consejero autonómico con el que tuvo oportunidad de hablar un servidor sobre esta materia: "McCoy, hemos sido gilipollas". Pues bien, la idiocia empieza preocupantemente a convertirse en estructural. No aprenderán...