¿Democracia a la cangreja?

Es una campaña electoral crispada y más conflictiva que otras. En primer lugar, por la participación de partidos independentistas con candidatos presos. También porque las encuestas dicen que tras el 28-A estaremos ya en un pentapartito. En 2015 y 2016, pasamos del bipartidismo imperfecto a un sistema de cuatro partidos principales, ahora, tras el éxito de Vox en Andalucía y la participación de Santiago Abascal junto a Pablo Casado y Albert Rivera en la manifestación de la plaza de Colón, parece que estamos ya en un sistema de cinco partidos nacionales.

Por estos dos motivos, el papel de la Junta Electoral Central (JEC) está teniendo más relevancia que en ocasiones anteriores. Hace ya unas semanas, ordenó al 'president' Torra, en virtud del principio de neutralidad electoral, que retirara los lazos amarillos y las banderas esteladas de los organismos oficiales de la Generalitat. Torra se resistió, pero al final aceptó el mandato de la JEC, a la que había atacado diciendo que era un órgano del Estado español, olvidando algo tan elemental como que las elecciones a las que concurren los grupos independentistas se rigen por la Ley Electoral española.

La eclosión de Vox como posible quinta fuerza parlamentaria no debe perjudicar el derecho a la información de los ciudadanos

Ahora, el conflicto se centra en los debates de TV. En principio, el rechazo de la JEC al recurso de Vox, por el que pretendía participar en un debate en TVE entre los primeros grupos parlamentarios (PP, PSOE, Unidos Podemos y Cs), es razonable. Vox no está en el Parlamento y su representación en los comicios andaluces no le da el estatus suficiente.

Pero la prohibición del debate a cinco (con Vox) en Atresmedia es más polémica. Primero, porque se trata de una televisión privada, en principio más libre de su programación que una televisión pública. Segundo, porque el debate a cinco —de los cuatro grupos parlamentarios y la extrema derecha— tenía no solo morbo sino también interés político e informativo.

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Pero el recurso del PNV y de los independentistas catalanes tenía su razón de ser. Son grupos parlamentarios con tradición y consideran sus legítimos intereses perjudicados al primar a un grupo nuevo y sin representación parlamentaria. Y la propuesta de Atresmedia de hacer un segundo debate con los grupos nacionalistas no ha satisfecho a la JEC, porque evidentemente se privilegiaba a un grupo nuevo, con expectativas, pero sin representación parlamentaria, a otros tradicionales con diputados desde hace muchos años, y se violaba el principio de representatividad.

La JEC ha priorizado así los criterios de representatividad actual frente a la casi segura representatividad futura y frente al interés informativo y el morbo político. ¿Es una decisión acertada? Es la que es por parte del órgano competente y Santiago Abascal no tiene razón cuando argumenta que hay una conspiración para silenciar a Vox.

Pero lo cierto es que los debates por TV son básicos para la participación política en todos los países, y ahora los debates pueden llegar a brillar por su ausencia. Quizás un debate a cuatro en TVE y otro a cinco en una televisión privada habría sido una solución más razonable, acompañada si fuera preciso por otro debate con la participación de los partidos nacionalistas.

Se entiende que quien está gobernando quiera acotar el número de debates porque pueden convertirse en una batalla de todos contra uno. Y es lógico que Pedro Sánchez prefiriera la presencia de Vox porque el morbo aumentaría la audiencia —la misma razón de Atresmedia— y porque los líderes de las tres derechas tendrían que aparecer como casi la misma cosa (algo teñida de extrema derecha) o como una derecha que se ataca y pelea como una olla de grillos. En ambos casos, Pedro Sánchez —que ya está en primera posición en las encuestas— salía ganando.

Pero la tentación del ventajismo —comprensible por ser bastante habitual— debe tener límites. Privar de un debate a la televisión pública sería un error, y más por parte de un partido que siempre ha denunciado —al menos de boquilla— la influencia de grupos de presión poco virtuosos en las televisiones privadas.

Pero si el resultado es que los ciudadanos españoles nos quedamos sin un debate entre los candidatos a presidir el Gobierno, indicará que algo va mal en la democracia española y que ni el PSOE, ni los partidos de oposición, ni las televisiones (públicas o privadas) ni la misma JEC han tenido una actitud suficientemente abierta.

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La única satisfacción es que la JEC ha tomado esta decisión para no perjudicar a los grupos nacionalistas, con lo que pierde bastante fuerza la acusación tan repetida de que los órganos judiciales y administrativos del Estado siempre van a favor de los partidos estatales. Esta vez, no ha sido así.

De todas maneras, todavía queda tiempo y sería bastante escandaloso que los cuatro primeros grupos parlamentarios del Congreso no supieran negociar una solución satisfactoria que fuera aprobada por la JEC. Y parece que Atresmedia intenta reconducir su oferta.

El primer derecho del ciudadano es estar informado y no ser privado de un debate entre candidatos que, pese a sus problemas, es algo ya normal y usual en todas las democracias. En 2019, la eclosión de un partido de extrema derecha no puede disminuir el derecho a la información de los ciudadanos. Si fuera así, indicaría que a veces la democracia camina marcha atrás. Como los cangrejos.