España sin proyecto (del 21-O al 25-N)

No hay recuerdo de un episodio de la reciente historia de España que resulte más azaroso que el actual. Se trata de un triángulo que parece

No hay recuerdo de un episodio de la reciente historia de España que resulte más azaroso que el actual. Se trata de un triángulo que parece comportarse como una jaula sin salida para el Estado constitucional de 1978: 1) El próximo domingo es más que posible que entre 45 y 50 de los diputados del Parlamento vasco (de 75) sean de obediencia nacionalista y, en distinto grado, independentistas, desafectos al actual modelo territorial y sólo contenidos por sus propias debilidades más que por las fortalezas de España; 2) también el domingo, el Partido Popular se juega la mayoría absoluta en Galicia, única de las tres nacionalidades históricas en las que ha logrado gobernar, combinando el galleguismo con una estricta lealtad constitucional que, de perderse a manos de un bipartito socialista-nacionalista, empeoraría la ya inestable situación político-institucional del país; y 3), mientras tanto, la precampaña en Cataluña se abre paso a dentelladas dialécticas, sin concesiones e, incluso, sin fair play.

Si el ministro de Educación pudo estar torpe –y a mi juicio lo estuvo- a propósito de la españolización de los escolares catalanes, ¿qué decir del golpe bajo de Artur Mas haciendo suponer que fuera de Cataluña los españoles siguen enseñando en la escuela la España del “una, grande y libre” del franquismo? Si el presidente de la Generalidad quería dar réplica a José Ignacio Wert, lo ha conseguido. Que conste que estas refriegas verbales son algo más que una esgrima dialéctica: dejan traslucir una fortísima hostilidad de fondo, una ruptura de equilibrios y contenciones recíprocas y transparentan una ausencia preocupante sobre la dimensión de los problemas mutuos a que nos podría llevar un choque de trenes como el que irremediablemente se avecina.

 

Como si los astros se alineasen para amplificar la crisis española de este azaroso otoño, ayer Londres y Edimburgo, Cameron y Salmond, firmaron el Acuerdo de San Andrés por el que el Gobierno británico autoriza en 2014 un referéndum en Escocia (en el que podrán votar los jóvenes de 16 años) sobre la independencia de este territorio que antaño fue Reino independiente. En el ambiente emocional y tenso que se percibe en España, ¿cómo explicar que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no dispone de un sistema constitucional cerrado sino integrado por leyes varias, actas, convenciones y criterios consuetudinarios que le permiten una flexibilidad muy lejana a las constituciones del sur europeo? ¿Cómo explicar que el independentismo escocés –representado por el SNP, con mayoría absoluta en Edimburgo- se ha disparado desde que en el Mar del Norte se han localizado y se explotan ya riquísimos yacimientos de petróleo y dispone de un lecho marino especialmente idóneo para los parques eólicos de energía eléctrica? ¿Cómo explicar, en fin, que entre Cameron y Salmond lo que se pretende es que el segundo salve la cara del referéndum prometido y el primero, con determinadas concesiones de autogobierno y económicas, plantee esta operación política como una oportunidad de sellar con soplete la unidad de Gran Bretaña? Nadie, o muy pocos, estaría en condiciones de escuchar tesis de esa naturaleza, porque prima aquí una visceralidad que ni siquiera en Flandes –que desde el lunes tiene en la alcaldía de Amberes a un soberanista que propugna la evaporización progresiva de Bélgica- alcanza con Valonia el grado de acidez que registramos en España.

La crisis económica se empareja con la política en eso que se ha dado en llamar la tormenta perfecta que nos pilla con las defensas bajas y un pesimismo noventayochista. Digo pesimismo por no afirmar, lisa y llanamente, que nos chocamos con una crisis de cohesión que se veía venir desde hace mucho tiempo –desgraciadamente, mirar atrás es toparse de bruces con un Rodríguez Zapatero verdaderamente imperdonable, impulsor de una segunda tanda de Estatutos que terminó por descalabrar un modelo territorial chirriante- y para la que no hay un proyecto de solución, más allá del coloquialismo de las frases al uso, el listado de argumentos económicos e históricos habituales y la ingenuidad de la bondad del vamos a entendernos. España necesita un nuevo diseño político con base autonómica –más flexible que la federal- que salve los principios dogmáticos de la Constitución de 1978 y revise prácticamente todo lo demás: la planta de las comunidades y su número; los niveles competenciales; la financiación y el engranaje de todo ello en un Estado integrador. La propia Escocia, Bélgica, Quebec… demuestran que nuestros problemas no son inéditos ni necesariamente irresolubles. Lo que no tiene parangón es la carencia de creatividad jurídico-constitucional y política para abordar esta crisis que se rubrica con tres elecciones en los territorios más sensible y centrífugos de España y que disponen de su propio espectro político tan diferente al de las demás comunidades autónomas. Sería terrible que, demostrado que no hay modelo para combatir la Gran Recesión que nos aqueja, tampoco dispongamos de criterio para eludir este tsunami político del otoño de 2012.

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