Las televisiones no son para siempre: ¡que devuelvan las licencias!

El telespectador que se moleste en ver durante unos días La Sexta, una de las cuatro cadenas generalistas privadas españolas, comprobará que su actual programación resulta cuando menos decepcionante. Apenas media docena de programas propios flotan como curruscos de pan en una sopa aguada, y una parrilla basada en la repetición: de documentales sobre crímenes “imperfectos” por las mañanas, de series policiacas norteamericanas por las tardes y de teletiendas y videntes por las noches. La causa de este abandono es la penuria económica de una cadena que, nacida en 2005 para aumentar la “pluralidad” audiovisual del país, será absorbida de forma oficial por Antena 3 el próximo día 1 de octubre.

El modelo de negocio propuesto por La Sexta ha fracasado, como antes le sucedió a Cuatro y a otras muchas pequeñas cadenas de TDT. Algunas ni siquiera han llegado a arrancar: “Mundo interactivo” es un canal propiedad de Unidad Editorial (empresa editora de El Mundo) que desde julio de 2011 solo emite un bucle con un gráfico y palabras sueltas “Viajes, películas, HD…”.

 

Las cadenas de televisión nacionales pertenecen al Estado, es decir, a los ciudadanos. Son concesiones que facilita el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria. La crisis económica mostró en toda su crudeza la inviabilidad del proyecto audiovisual de Zapatero, que consistió en repartir cadenas de TDT entre los operadores habituales para callar bocas y disimular el nacimiento de una cadena analógica afín al PSOE. Explotó la burbuja audiovisual y el sector entró en quiebra. Por un lado, el panorama televisivo quedó convertido en un oligopolio privado, pobre en cuanto a contenidos y sin el pluralismo prometido. Por otro, al no haber tarta publicitaria para alimentar a todos los comensales, el sector entró en crisis.

¿Qué sucede con las cadenas que no han funcionado, esos juguetes rotos que parecen estar de más en la parrilla? Actualmente, dos grupos empresariales controlan 16 de los 24 canales privados nacionales, y por supuesto el grueso de la facturación publicitaria. Incapaces de ofrecer contenidos de calidad para tantas cadenas, las mantienen en un estado de vida latente que impide la entrada de nuevos operadores. Es decir, bloquean a la competencia para mantener su privilegiada posición.

Incluso en sus peores días, las cadenas de televisión fallidas son rentables para las grandes empresas de comunicación privadas, puesto que nadie impide que  “traspasen” el negocio. ¿Que Cuatro es un desastre? Pues Prisa se la vende por 500 millones de euros a Telecinco. ¿Que La Sexta no es viable? Pues se la venden por 250 millones a Antena 3. ¿Que Unidad Editorial es incapaz de mantener con vida Veo TV? Pues alquila la franja de emisión a Discovery MAX . Para que estas fusiones y alquileres contra natura sean posibles, el actual Gobierno no ha dudado en modificar, en Consejo de Ministros, las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Competencia recurriendo de nuevo a la excusa de siempre: “Razones de interés general y el mantenimiento de pluralismo informativo”.

Si queremos acercarnos al famoso “interés general” que prometió Zapatero, o mantener el “pluralismo informativo” del que habla Rajoy, objetivos loables de cualquier gobierno democrático, es imprescindible impedir que las empresas privadas puedan “trapichear” con las cadenas. Y obligarles a que, en caso de que sus proyectos no sean viables, simplemente devuelvan las concesiones. El Estado podría buscar, mediante concurso, nuevos propietarios para estas señales. Quizá empresas más pequeñas. Tal vez nuevos emprendedores. Quién sabe si universidades. Porque las televisiones no son para siempre. Ni solo para hacer negocios. Son propiedad de unos ciudadanos que reclaman información independiente, entretenimiento de calidad, cultura, servicio público…