Transparencia: esperando a Godot

La transparencia lleva tiempo siendo un tema recurrente en el debate público, al calor del goteo constante de casos de corrupción que saltan a las portadas. Los efectos que provoca la falta de transparencia siguen escalando posiciones en la lista de inquietudes de los ciudadanos. Según el último barómetro del CIS, la preocupación por la corrupción y el fraude aumentó 12,3 puntos de abril a mayo y es uno de los principales problemas para el 54,3% de los ciudadanos. La Comisión Europea sigue abogando en sus informes por una mayor transparencia y contundencia en la lucha anticorrupción como palanca para afianzar la recuperación económica en nuestro país.

La transparencia preocupa, pero no ocupa. La necesidad de promoverla y adoptarla en la esfera pública y empresarial que se desprende de diferentes estudios no se está viendo respaldada por una agenda de reformas decididas y ajustadas a la magnitud del reto. Y es que en España, como en muchos otros países, nos gusta mucho la transparencia de los otros: la exigencia de medidas que la impulsen es un tema recurrente en intervenciones de responsables públicos y directivos empresariales. Pero cuando hablamos de la transparencia propia, empezamos a verle más matices, aristas y dificultades.

El sector público, necesitado de recuperar con urgencia la confianza quebrada en los últimos años, no acaba de asumir las consecuencias que apostar por ser transparente tiene para en el día a día de su funcionamiento. Así, a la Administración que impulsó la primera ley de transparencia en nuestro país parece estar costándole hacer frente a sus propios requerimientos. Desde 2015 se han presentado 49 recursos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo creado para impulsar la transparencia y adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de la ley. De estos 49 recursos, 35 parten del sector estatal público. Entre los contenciosos más recientes encontramos la negativa de distintos Ministerios a proporcionar información sobre los gastos destinados a la publicidad institucional desglosado por medio de comunicación, o la paradójica negativa del Ejecutivo a dar acceso a información sobre los avances en sus políticas de Gobierno Abierto. La situación es kafkiana: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene que emplear dinero público — la cifra desde 2015 ronda los 36.000 euros— en contratar abogados privados para pleitear contra la Administración a la que pertenece, al no poder recurrir a la Abogacía del Estado para hacerlo.

Pese a los obstáculos también encontramos avances de importancia. Entre ellos, el hecho de que los órdenes del día del Consejo de Ministros sean, por primera vez en la democracia, accesibles tras la resolución favorable del Consejo de Transparencia ante una solicitud de la organización Access Info Europe.

La exigencia de transparencia al sector empresarial no es tan acuciante como en el caso del sector público, aunque sí creciente. El informe 'Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España', publicado recientemente por la ONG Transparencia Internacional España, analiza cómo están cumpliendo las grandes empresas la ley de transparencia, y los datos que arroja no reflejan que la respuesta esté siendo especialmente proactiva. Cierto es que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno no se dirige específicamente a las empresas, sino que les afecta en tanto que receptoras de subvenciones públicas. Hecha esta salvedad, los datos son contundentes. De las 19 empresas obligadas a cumplir con la ley, solo una lo hizo. Otra, que no estaba obligada al no haber superado los 100.000 euros en ayudas públicas o subvenciones recibidas en 2015, cumplió con la ley de manera voluntaria.

Sería necesario que el cambio venga impulsado desde la demanda: que la falta de transparencia llegue a traducirse en pérdida de votos y apoyo

Entonces, ¿qué hace falta para que la transparencia ocupe, y no solo preocupe? En el sector público, como se repite a menudo en los cada vez más numerosos foros sobre la materia, es necesario un cambio de mentalidad y asumir de una vez por todas que la transparencia no es un eslogan ni un fin en sí mismo, sino un medio para recuperar el clima de confianza social perdido. Las instituciones, los partidos, las empresas públicas: todos parecen sospechosos ante una ciudadanía a la que se le agota la paciencia y el crédito. Pero, además de este giro, sería necesario que el cambio venga impulsado desde la demanda: que la falta de transparencia llegue a traducirse en pérdida de votos y apoyo social.

Por medio de la transparencia corporativa, una empresa contribuye a reducir las incertidumbres que los inversores pueden tener sobre su desarrollo

Esto es precisamente lo que viene sucediendo en el sector empresarial, donde los avances en transparencia han llegado de la mano de la exigencia de quienes ejercen una influencia incuestionable sobre el futuro de las compañías: la comunidad inversora. Por medio de la transparencia corporativa, una empresa contribuye a reducir las incertidumbres que los inversores pueden tener sobre su desarrollo futuro, afinando la idea que pueden hacerse sobre el valor total de una compañía. Según un estudio del Universal Journal of Management, más del 60% de los inversores citan a la transparencia y al buen gobierno como factores clave en sus decisiones inversoras. Y así, a raíz de las preguntas de accionistas e inversores la transparencia ha aterrizado en los comités de dirección, y con esto han llegado los primeros esfuerzos al respecto en compañías pioneras en su impulso.

Pero queda mucho camino por recorrer. Cuando la transparencia entronque aún más con 'los números' y se consolide la tendencia al alza de su impacto en las decisiones de compra, o cuando tenga mayor peso en las preferencias de los ciudadanos en términos de votos y apoyo social, se empezará a tomar en serio. Mientras tanto, podemos seguir esperando a Godot.

*María Rubiños. Associate Director – Reputación y gestión de intangibles en KREAB.

El equipo de Asuntos Públicos de Kreab impulsa, en colaboración con El Confidencial, este espacio bautizado 'Agenda Pública'. Pretende ser un lugar de reflexión informada, de análisis de la coyuntura sin prisas, en el que poder compartir con los lectores claves que nos ayuden a todos a interpretar una realidad política y regulatoria, marcada por la complejidad y la incertidumbre.