Cataluña: caminando sobre un mar de nieblas
Pase lo que pase el 1 de octubre, y en las semanas previas, los dos interlocutores institucionales seguirán actuando de manera previsible
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Uno nunca se cansa de admirar la imponente (y violenta) belleza del óleo de Friedrich, 'Der Wanderer über dem Nebelmeer' (El caminante sobre el mar de niebla), obra insignia del romanticismo alemán. En el cuadro, vemos la figura de un hombre que divisa ante sí la inmensidad de la naturaleza que le rodea, marcada por montes escarpados y una densa niebla que magnifica la impotencia y la insignificancia del ser humano ante la creación. Con la presentación el pasado lunes en el Parlament de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, muchas organizaciones, corporaciones empresariales y otros actores del entorno público ven cómo su particular mar de nieblas catalán amenaza con crecer a niveles sin precedentes en nuestra joven democracia.
En los últimos años, la dinámica política del Estado (incluyendo su dimensión autonómica) se ha visto contagiada por la aceleración de las tendencias centrípetas y centrífugas endémicas en nuestro marco institucional. Mientras los ciudadanos exigen a sus representantes soluciones a sus problemas, perciben que las élites políticas han creado y reforzado un discurso totalmente ajeno a sus preocupaciones, incrementando la frustración y ofreciendo soluciones simples a problemas complejos.
En medio de esta dualidad, empresas, asociaciones, organizaciones y grupos de interés han visto cómo la incertidumbre en el plano general y en el particular aumentaba sin cesar. Aunque corren ríos de tinta (a veces tóxica) sobre la legítima defensa de intereses, la mayoría de actores privados luchan cada día por alinear su interés particular al interés general, maximizando la utilidad pública de sus operaciones. No es tarea fácil, máxime cuando nuestra regulación está fragmentada, es contradictoria o incluso, a veces, inaplicable.
Aunque corren ríos de tinta sobre la legítima defensa de intereses, la mayoría de actores privados luchan cada día por alinear su interés
Lo que está sucediendo en Cataluña convulsiona la agenda pública, la gira, la retuerce y la hace caduca. Esperando el color de la fumata del 1 de octubre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que el Govern pone encima de la mesa una ley que, de aprobarse y entrar en vigor, obligaría a los representantes institucionales del sector productivo a replantearse sus operaciones en Cataluña, su presencia y sus inversiones. Según el Govern, la transición a la ansiada independencia será todo lo fácil que el Gobierno central quiera. Y en medio, miles de organizaciones que intentan conciliar su propio beneficio económico con la contribución al interés público, pero que ven que la incertidumbre y el creciente mar de nieblas es lo único cierto e inmutable de este proceso.
Pase lo que pase el 1 de octubre, y en las semanas previas a esta fecha, los dos interlocutores institucionales seguirán actuando de manera previsible y la espiral de acción legislativa -reacción legal continuará ofuscando y enrareciendo un horizonte impredecible. Ante este marco, compiten en presencia las voces que atisban el caos bañado de una permanente vacatio legis con aquellos que siguen buscando respuestas para poder tomar decisiones lo más certeras posibles.
Ante el mar de nieblas, rayos de sol. Cataluña rompe récords en atracción de inversión extranjera mientras el Govern intenta gestionar (como bien puede) las dudas que se ciernen sobre los principales actores económicos del país, señaladas con preocupación por instituciones financieras de primer nivel como Citigroup o Deutsche Bank. No obstante, la Ley de Transitoriedad Jurídica no contribuye a disipar la niebla, sino al contrario. Un ejecutivo business-friendly, que se muestra comprometido a dar a sus ciudadanos niveles de bienestar “europeos” y marcos regulatorios racionales y cumplibles, debería tener mecanismos sólidos y canales de comunicación constante y transparente con los principales impulsores de la creación de empleo.
Llamada tras llamada, reunión tras reunión, los máximos ejecutivos de las principales empresas, organizaciones empresariales, ONG y otros actores del ecosistema catalán, siguen pidiendo a gritos información, planes de contingencia, seguridad jurídica y transparencia para garantizar sus planes de futuro.
Llamada tras llamada, reunión tras reunión, los actores del ecosistema catalán siguen pidiendo a gritos información y planes de contingencia
Sin entrar a valorar la dimensión política del procés (y aunque todos tengan su opinión al respecto), una de las asignaturas pendientes del poder legislativo y ejecutivo catalán es garantizar el normal funcionamiento de su estructura, y que unas eventuales nuevas elecciones no bloqueen todo el trabajo o iniciativas sectoriales desarrolladas hasta la fecha, como el desarrollo de la Ley de Cambio Climático, el Pacto Nacional para la Política Alimentaria, el Pacto Nacional para la Industria, la gestión de la turismofobia y el impacto turístico del atentado en Barcelona o la flamante Ley de Comercio.
La lucha por la transparencia total puede ser una quimera, pero los discursos políticos deben ir de la mano de contactos permanentes con todo el entramado social y empresarial que actúa en Cataluña. Invertir en ello y que sople el viento de la comunicación puede ser la única vía para despejar el mar de nieblas aún mayor que nos viene y que puede amenazar, a la larga, el bienestar de los catalanes y el dinamismo incuestionable de su economía.
*Ibán Rabasa. Director de Public Affairs de Kreab.
El equipo de Asuntos Públicos de Kreab impulsa, en colaboración con El Confidencial, este espacio bautizado “Agenda Pública”. Pretende ser un lugar de reflexión informada, de análisis de la coyuntura sin prisas, en el que poder compartir con los lectores claves que nos ayuden a todos a interpretar una realidad política y regulatoria, marcada por la complejidad y la incertidumbre.
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