Ofensiva contra Garzón: alarma injustificada respecto a los bienes de Batasuna

Cuando menos sería una audacia poner al juez Baltasar Garzón como un modelo de coherencia. No menos audaz que inscribirle en la cofradía de los humildes. Garzón es ambicioso, persigue la notoriedad y está encantado de haberse conocido. En su biografía canta aquel fugaz y extravagante paso por la política, apadrinado por José Bono, hace poco más de una década ¿Recuerdan? Un juez estrella a la caza de mister ‘X’ que inesperadamente asumía un alto cargo en el Gobierno de mister ‘X’, con retorno apresurado a la Judicatura después del gatillazo.

Todo eso es verdad. Pero todo eso, y muchas cosas más de su errática trayectoria como personaje público, no justifican la cacería decretada contra él en base a la creación de climas artificiales y difusión de datos falsos. O, al menos, la utilización parcial y sesgada de datos ciertos con ocultación interesada de otros no menos ciertos, con la nada disimulada intención de desprestigiarle y afear su conducta pública que, evidentemente, desborda los límites de la Audiencia Nacional. Y eso a sus enemigos les pone de los nervios, como se deduce por la clase de invectivas que se le dedican.

Los diarios más próximos al PP (El Mundo, ABC y La Razón) se columpiaron ayer al relacionar una negligencia de Garzón con la devolución a Batasuna de bienes embargados por orden judicial como consecuencia de su ilegalización. Concretamente, 48 herriko-tabernas cuyo embargo judicial preventivo no habría sido prorrogado en el Registro de la Propiedad a su debido tiempo por el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Lo cual habría hecho felices a los amigos de ETA al recuperar gran parte de sus bienes gracias a un despiste de Garzón.

Sin embargo, la información era tan incompleta que, por ejemplo, desconocía u ocultaba que la prórroga del embargo preventivo de los bienes de Batasuna se había llevado a cabo hace cinco días. Que en ningún caso se había producido devolución de bienes a Batasuna, pues nadie los ha reclamado al administrador judicial del que dependen como prenda de posibles responsabilidades pecuniarias o eventuales elementos de prueba en la comisión de delitos. Que las herriko-tabernas siguen precintadas, como cualquiera puede comprobar en medio centenar de puntos del País Vasco y Navarra. Y, sobre todo, que la ejecución de la sentencia de ilegalización, también en lo que se refiere a la liquidación de bienes, es competencia de la sala especial del Tribunal Supremo que ilegalizó en su día a Batasuna.

En definitiva, los embargos siguen vigentes, como el propio Garzón explica en un comunicado difundido ayer. Tan vigentes como ese expediente informativo previo abierto por la inspección del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría conservadora no es precisamente partidaria del juez Garzón. El expediente servirá para mantener viva durante unas horas más la ofensiva contra el juez y para nada más. Porque, al menos esta vez, nada reprobable hay en el comportamiento profesional de Garzón en relación al bloqueo judicial de los bienes de Batasuna. Y si lo hubiera, al PP le habría faltado tiempo para sumarse a la cacería. Pero no es el caso. Esta vez, no.