El PP apunta a la vía penal para mantener vivo el caso de la CNMV

El PP no piensa dejar morir el caso Conhte. Por mejor decir, el caso CNMV. Al fin y al cabo la espantada de Manuel Conthe sólo sería el síntoma. Mucho peor es la enfermedad: el desprestigio de una institución reguladora del mercado de valores. Su credibilidad ha quedado en entredicho. No es la primera vez. Ni será la última si antes los partidos políticos, básicamente los que ocupan la centralidad del sistema (PSOE y PP), no se ponen de acuerdo en una operación similar a la llevada a cabo en el Banco de España tras la caída de Mariano Rubio.

Pero nada de eso está en el guión del Gobierno, que hoy nombrará al nuevo presidente de la CNMV -Julio Segura, con toda probabilidad-, como si no hubiera pasado nada. Por otra parte, el PP no está por la labor de olvidar lo ocurrido en el largo y extraño cortejo nacional e internacional sobre Endesa. Así que la Comisión seguirá mostrando una imagen lastimada por los graves desperfectos que nadie piensa reparar.

¿Se hubiera evitado con una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas por supuestas interferencias de la Oficina Económica de Moncloa en asuntos propios de la CNMV? Lo dudo, aunque la negativa socialista a crear esa comisión es el pretexto utilizado en el PP para mantener la ofensiva, incluso en el terreno penal.

Esa es la noticia. O, mejor dicho, el punto de inflexión en la estrategia reprobatoria del PP contra los supuestos manejos de los responsables de dicha Oficina (se apunta hacia Miguel Sebastián y David Taguas) sobre la CNMV, donde habrían contado con la complicidad de su vicepresidente, Carlos Arenillas, marido de la ministra Mercedes Cabrera. Para acabar de complicar las cosas, el nombre de Arenillas, que incluso sonó para sustituir a Conthe, aparece implicado en un supuesto tráfico de favores.

"Lo estamos estudiando muy seriamente", me dice un colaborador de Mariano Rajoy respecto a la posibilidad de que su partido se lance abiertamente por la vía penal en relación con supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, abusos en el ejercicio de la función pública y negociaciones prohibidas a funcionarios. De momento, el PP ha puesto por escrito esas sospechas y, con la firma de Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario, las ha trasladado al Fiscal Anticorrupción, del que solicita la apertura del "oportuno expediente de información e investigación", a fin de exigir las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

No es exactamente la querella debidamente documentada que formalmente abriría la vía penal sobre los personajes señalados por Conthe en su comparecencia del martes en el Congreso de los Diputados: Miguel Sebastián y David Taguas, como directores de la Oficina Económica de Moncloa, y Carlos Arenillas, como vicepresidente de la CNMV. Sin embargo, le sirve al PP para mantener vivo el asunto en los medios de comunicación, al menos los considerados afines. Y, sobre todo, para intentar que el PSOE se ponga a la defensiva. No está mal pensado en vísperas electorales.