Los jueces se quedan solos: una huelga sin apoyo institucional ni ciudadano

Aún con las urnas almacenadas en una nave industrial, las dos grandes fuerzas políticas del sistema siempre están dispuestas a romperse las piernas por asuntos de menor cuantía. En vísperas electorales, con más razón. Ahora mismo, por ejemplo, PSOE y PP andan enzarzados ante el peligro de que Montesquieu no sobreviva al juez Garzón. Sin embargo, en plena campaña electoral (vascas y gallegas) hacen causa común frente a la rebelión de los jueces. Zapatero ha llegado a calificar de “sensata” la posición del PP.

Si no hacen causa común, al menos desvían la mirada. Como si de pronto, después de treinta años de gobiernos de la izquierda y de la derecha, a unos y otros les hubieran puesto delante las muchas razones que tienen para sentir vergüenza por haber tratado a la Justicia durante este tiempo como la cenicienta de la Democracia. Si, por añadidura, se da la circunstancia de que el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) también decide mirar hacia otro lado o directamente ponerse en el bando contrario a los profesionales de la Judicatura, todo se vuelve previsible ante las protestas anunciadas para hoy.

Lo nunca visto en la historia de España. Huelga de jueces. La convocan 31 partidos judiciales (entre ellas, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) y dos asociaciones (Francisco de Vitoria y Foro Judicial). El Gobierno socialista simplemente la considera injustificada. Y el principal partido de la oposición rechaza el procedimiento. “La huelga no es el medio más adecuado”, según el portavoz de Justicia y ex ministro, Federico Trillo, aunque dice compartir la preocupación de la Judicatura por la falta de medios materiales y humanos en la Administración de Justicia.

Con el Gobierno, el PP y el CGPJ en contra, sin olvidar que la Administración de Justicia está a la cola en la valoración de los ciudadanos, los jueces claman en el desierto. La jornada pasará sin pena ni gloria en orden a las reivindicaciones de estos funcionarios del Estado: modernización, medios, acceso a la carrera, condiciones de trabajo, nuevas tecnologías, conciliación de vida familiar y laboral, etc. Me temo, pues, que seguiremos discutiendo sobre el fuero: ¿Tienen derecho a la huelga sus señorías? O sobre la oportunidad: “¿Por qué ahora?”, se pregunta a todas horas el ministro Fernández Bermejo, en vez de asumir el fracaso de sus gestiones para evitar el conflicto.

Unos por otros, la casa sin barrer. La casa es un servicio público cuyo mal funcionamiento sufren a diario los ciudadanos por una endémica falta de medios materiales y personales. El Gobierno es incapaz de explicar por qué las nuevas tecnologías han entrado en la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico o los servicios policiales, mientras que la penuria, el desorden y el amontonamiento del papel siguen reinando en las oficinas judiciales ¿Cuándo habrá voluntad y presupuesto para acometer de una vez por todas la modernización de la Justicia, la asignatura pendiente de la democracia española?

Son absurdas las discusiones sobre los perjuicios que se pueden causar al ciudadano durante la jornada de hoy. La desatención es la norma de la casa, como una consecuencia de la falta de medios y el consiguiente caos organizativo. Con huelga o sin huelga. Los ciudadanos que tienen la desgracia de andar metidos en pleitos no notarán la diferencia respecto a cualquier otro día de visita a los juzgados. Irritantes esperas, papeleo, desinformación,  retrasos, extravíos, aglomeraciones, aplazamientos. Lo de siempre. Como los propios jueces han fijado sus servicios mínimos de hecho, puesto que falta encaje legal para que sean de derecho, hasta podría ocurrir que hoy mejorase el funcionamiento de las oficinas judiciales. Mire usted por donde.