Camps, entre el reproche penal y el reproche político

Francisco Camps comparece hoy ante el juez que instruye la versión valenciana del ‘caso Gürtel’. No como testigo, que le obligaría a decir la verdad bajo juramento, sino como imputado, que le permite ir con abogado e incluso mentir para defenderse. Atentos a la pantalla. Puede pasar de todo a partir de ahora, cuando la deposición judicial de Camps se cruce con la de su amigo, Álvaro Pérez, y luego la del sastre, José Tomás, citado para mañana, jueves. Puede que se esté fraguando el archivo de la causa por falta de relevancia penal. Y puede que se desborde la imputación por cohecho y se amplíe el campo indagatorio al tráfico de influencias y la prevaricación.

 

Mientras hacemos quinielas, reparemos en una significativa actuación del juez, José Flors, que conocimos ayer. Me refiero a la convocatoria de treinta y cinco funcionarios de la Generalitat. Pertenecen a siete consejerías distintas y están citados para deducir de sus respectivos testimonios si hubo irregularidades en los contratos adjudicados a Orange Market (trama ‘Gürtel’), por valor de unos ocho millones de euros. Una cuarta parte de los mismos, por adjudicación directa.

Se da la incómoda circunstancia de que el propietario de dicha empresa, el tal Álvaro Pérez (“El Bigotes”), tenía a bien practicar la elegancia social del regalo (sobre todo, vestuario) con el president, Francisco Camps, y otros, según consta en una copiosa acumulación de pruebas documentales y testificales. Lo que no se sabe, y esa es la madre del cordero, es si hay relación causa-efecto entre los regalos y la carga de trabajo oficial que recaía en Orange Market. De eso se trata.

Se ve que el instructor descuenta lo de los regalos. No tiene nada de malo. Todo lo contrario. Jamás este conspicuo magistrado osaría reprobar el sano ejercicio de la generosidad entre amigos que se quieren “un huevo”, según la espontánea expresión de Camps en diálogo grabado con Álvaro Pérez. Asunto muy distinto es tratar de saber si aquella generosidad estaba siendo retribuida. En otras palabras: el magistrado quiere saber si los regalos servían para ablandar el celo funcionarial y político de Camps, Costa y otros a la hora de repartir la carga de trabajo. Eso ya es bastante más complicado porque consiste en determinar si la conducta de Francisco Camps encaja en el “cohecho”, que es el tipo descrito en el artículo 426 del Código Penal.

El nudo de la cuestión: ¿Un “cohecho” de 12.000 euros en trajes a cambio de concesiones por valor de 8 millones? Es un desafío al sentido común suponer que el presidente de la Comunidad Valenciana se ha “vendido” por 12.000 euros. Lo mismo que imaginar acreditando semejante cosa a alguno de los treinta y cinco funcionarios citados por el juez que, lógicamente, se limitarán a acreditar la legalidad de los procedimientos administrativos seguidos en la concesión de obras. Incluidas las que se hicieron sin concurso público, que no son en absoluto ilegales si se atienen a los umbrales máximos de gasto para utilizar ese procedimiento.

De todos modos, me parece forzada y artificial la alegría en el entorno de Francisco Camps y los dirigentes nacionales del PP porque, dicen, al fin podrá defenderse. Como si hasta ahora se lo hubiera impedido alguien. Valoran su declaración judicial de hoy como el fin del juicio paralelo y el principio de unas actuaciones judiciales cuyo desenlace será –con eso cuentan- la exculpación penal del “president”. El cálculo es un tanto arriesgado. Aunque no le falta base, como ya hemos visto, peca de voluntarismo. El asunto tiene escasa relevancia penal. Vale. No por las cantidades sino por la dificultad de demostrar que esos regalos se hicieron en razón del cargo que ocupa Camps. Pero, como ya expliqué el otro día, Camps puede librarse del reproche penal, que depende de los jueces, pero no del reproche político, que depende de los votantes.