Lo de Camps no es lo mismo que lo de Bárcenas

Desde el punto de vista penal, Bárcenas carga con un supuesto delito fiscal y la versión más reprobable del cohecho. Camps sólo con la versión menos castigada del segundo. Tampoco es lo mismo desde el punto de vista político, como enseguida veremos. Se parecen, eso sí, en el ruido de pasillos que generan dentro del PP. Y en los espacios mediáticos que ocupan. A su pesar, en el caso de Bárcenas. Con la valiosa colaboración de Camps y su gente, en el propio.

 

Lo de Bárcenas, el tesorero, es nombramiento del presidente del PP y, por las mismas, Rajoy puede cesarlo cuando lo crea conveniente, aunque se atornillase al aforamiento otorgado por su escaño de senador. De ahí sólo puede irse por voluntad propia. O por inhabilitación si lo decide un tribunal.

Lo de Camps, el “president”, es otra cosa. Su fuente de poder está en las urnas valencianas, no en la calle Génova, más allá de la adhesión a unas siglas y una disciplina de partido. Y además, el delito que se le imputa (cohecho “pasivo”) es penalmente tan irrelevante que ni siquiera comporta la pena de inhabilitación. Por eso tiene sentido el anuncio, hecho ayer en el entorno del presidente valenciano, de que éste no abandonará su cargo aunque llegue a sentarse en el banquillo.

El apoyo de Rajoy a Bárcenas, mucho más matizado últimamente, ha ido más allá de lo razonable. El tesorero debería dar un paso atrás por el bien de su partido. No tiene la menor intención. Al contrario, él y sus allegados están estos días de campaña, trabajándose al periodista influyente en la distancia corta. Y, a pesar del malestar interno que está creando (a Esperanza Aguirre, Ignacio González y María Dolores de Cospedal les han debido zumbar los oídos esta semana), tampoco Rajoy se decide a pedírselo: “Yo no soy un inquisidor”, alega. No es un inquisidor pero lidera un partido cuyo código ético (1993, copyright Ruiz Gallardón) prescribe la puesta del cargo a disposición del partido “si de la apertura de cualquier procedimiento judicial pudieran derivarse indicios de la comisión de un delito”.

El precepto, en evidente desuso, es de estricta aplicación a Luis Bárcenas. En la letra, también a Camps, con la salvedad de que, como queda dicho, el anclaje del cargo no está en el partido sino en la voluntad democrática de los ciudadanos. Y una segunda salvedad, dictada por el sentido común: no es lo mismo un caso de enriquecimiento personal por cohecho y fraude fiscal, si los indicios se convierten en hechos probados, que ser agasajado con unos trajes por quienes querían contar con su favor (el de Camps) “pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”, dice el instructor, José Flors.

Insisto: el caso de Camps tenía y sigue teniendo poca relevancia penal. El reproche apenas pasaría de una multa de 2.000 o 2.500 euros. Otra cosa es el reproche político y social. Cuando el tema saltó a los medios, allá por el mes de febrero, ni siquiera desde ese punto de vista tenía mayor recorrido. Pero eso ha cambiado. Los efectos políticos, sociales y mediáticos ya se han multiplicado por la inexplicable torpeza con la que Camps y su gente,  y la dirección del PP, en tanto que ha secundado la estrategia de Camps,  han gestionado el culebrón.

Y siguen metiendo la pata. Después de estar cuarenta y ocho horas comparando los regalos de Camps con los de Revilla, en flagrante contradicción con el propio Camps (“Yo pago mis trajes”), ayer fue la estrafalaria insinuación de que el sastre, José Tomás, se quedó con el dinero que el presidente valenciano le pagó para saldar la factura. Lo cual se amontona con unas declaraciones del presidente del Comité de Derechos y Garantía del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en las que dice no saber si realmente Camps pagó o no pagó los trajes. Viva la coherencia interna. Si el PP sigue tropezando con las señales del camino, lo penal será una anécdota al lado del precio político, social y mediático de tantos despropósitos.