¿Debe el Estado salvar la vida de Haidar?

La evolución de los acontecimientos y la proverbial torpeza del Gobierno en materia de comunicación ocultan al único culpable de la huelga de hambre de Aminatou Haidar. El causante fue Marruecos, por retirar arbitrariamente el pasaporte a una persona sometida de hecho y de derecho a su tutela administrativa. Una ciudadana marroquí, al menos desde el punto de vista de quienes le retiraron el documento, por mucho que ella no se sienta marroquí y en el formulario de entrada pusiera “Sahara Occidental” en el apartado “nacionalidad”.

 

Es como  si la Policía española retirase el pasaporte a Joan Laporta -¿alguien se lo imagina?- por decir o por escribir que es o se siente catalán y no español. No dejaría de serlo para el Gobierno o para las autoridades policiales de un aeropuerto, al menos desde el punto de vista administrativo. Razón suficiente para descontar su derecho a usar el pasaporte español. No hay otro posible para el presidente del Barça. Ni para Haidar en el caso de Marruecos.

Ahora es muy fácil señalar el error cometido posteriormente por las autoridades españolas al permitir la entrada en España de Haidar sin su pasaporte. Por solidaridad o por ingenuidad, hemos acabado pagando el pato. Y lo cómodo es endosarle la culpa a Rodríguez Zapatero, o a Miguel Ángel Moratinos, cuando nadie podía prever entonces la decisión de Haidar de recurrir a la huelga de hambre en defensa de su legítimo deseo de volver a El Aaiun. Si en su momento las autoridades españolas hubieran prohibido terminantemente que una Aminatou Haidar indocumentada pisara suelo español, hubiéramos hablado de insensibilidad e incumplimiento de los derechos humanos.

Ahora debatimos sobre la eventual actitud de España ante el empeño de esta mujer en llevar la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. En mi opinión, el Gobierno debe preservar la vida de Haidar. Si por razones humanitarias le ofreció la tierra española hace 24 días, por razones humanitarias debe proteger la vida del “huésped”. También por razones políticas evidentes. Un fatal desenlace de esta huelga de hambre radicalizaría el conflicto del Sahara y pondría en evidencia, más todavía, las razones por las que el Gobierno de España no puede sentirse orgulloso de su política respecto a dicho conflicto.

Jueces y médicos discuten si los poderes públicos deben interferir en la negativa de Haidar a ser alimentada en contra de su voluntad. La cuestión es si ha de hacerse lo posible para salvar su vida. Parece abrirse paso la tesis de que el Estado no debe hacer nada si ella quiere seguir hasta la muerte, según los vigentes principios morales y jurídicos. No lo comparto.

En cualquier caso, para la estricta aplicación de esos principios tendría que estar absolutamente acreditada, inequívocamente constatada, la seguridad de que la señora quiere morirse. Absoluta seguridad en eso. Y mientras tanto, a la señora deberíamos negarle el beneficio de la duda. En la duda, y aunque solo sea por sus dos hijos, aunque la posibilidad de que en cualquier momento pueda desdecirse de su decisión de irse de este mundo, el Gobierno no debe dejar morir a Haidar. Dicho en otras palabras, el Estado debe darle la ocasión de arrepentirse de su dramática determinación de llegar hasta el final.