Vic y Torrejón destapan una aberración legal y administrativa

El uso de la demagogia es de ida y vuelta en la reyerta bipartidista. Si el PP se refiere a Zapatero como el hombre que manipula las instituciones, recorta las libertades y divide a los españoles, el PSOE se refiere a Rajoy como el abanderado del despido libre. Y desde hace unos días, como el líder de un partido xenófobo. Es lo que toca después de la polémica desencadenada por la propuesta municipal de no empadronar a los inmigrantes ilegales de la localidad barcelonesa de Vic.

 

Tan demagógico es poner a Zapatero de liberticida como a Rajoy de xenófobo. Pero los socialistas creen haber encontrado una mina en la posición anunciada por la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho: “El padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal”.

Es una pena que el partido de Rajoy lo descubra ahora, cuando el tema ha sido puesto en suerte por los precedentes de Vic y Torrejón. Y, sobre todo, es rasgarse las vestiduras por la vigencia de una norma promulgada en 1997 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. La norma ordena el empadronamiento municipal de todos los extranjeros aunque estén en situación ilegal, careciendo de tarjeta de residencia o estando en España como turistas.

Sin embargo, la afirmación de Sánchez Camacho está cargada de sentido común. Aunque se dé de patadas con lo que hacen los Ayuntamientos del PP y con lo que hizo el PP cuando estuvo en el Gobierno. Aunque el PP dejase pasar la reciente reforma de la Ley de Extranjería para retirar esa norma absurda, incoherente y contradictoria con la legislación básica en materia de extranjería, es de cajón que el censo de los Ayuntamientos no puede ser de ninguna manera una puerta de entrada para la inmigración ilegal. Al menos mientras la normativa del Estado disponga la expulsión de los inmigrantes sin papeles.

Aberración administrativa

El ministro Rubalcaba ha recordado a los concejales de Vic que la ley obliga a empadronar a los inmigrantes ilegales. Pero ha olvidado añadir que la ley también obliga a expulsar a los inmigrantes ilegales, o a encerrarlos en un centro de internamiento previo a la orden de expulsión. ¿Con qué carta deben quedarse los ayuntamientos? ¿Deben colaborar con el Gobierno obligado a expulsar a los inmigrantes ilegales o con el Gobierno que les insta a empadronarlos? ¿Quién está dejando de hacer sus deberes en Vic o en Torrejón? ¿El Ayuntamiento por no empadronar al que vive sumergido o el Estado por no expulsarlo, o por no legalizarlo en caso?

La aberración administrativa es clamorosa. Resulta que el mismo Gobierno que expulsa a los inmigrantes ilegales, porque lo dice la ley, ordena a los Ayuntamientos que los empadronen, porque lo dice la ley. Si las dos cosas las dice la ley, es evidente que hay que cambiar esa ley para que el ordenamiento general en materia de extranjería tenga un mínimo de coherencia interna. Y eso no tiene nada que ver con la xenofobia ni con la barra libre. Tiene que ver con la seguridad jurídica y con la congruencia de un ordenamiento legal.

Estamos ante una aberración legal, o administrativa, que permite calificar de coherente la propuesta de Vic de no censar a los ilegales, al margen de las intenciones políticas de sus concejales o de que éstos sean más o menos xenófobos. Si el Estado no reconoce, sino que expulsa, al inmigrante ilegal, ¿por qué va a reconocerlo el Ayuntamiento que también es Estado? Si el Estado no da papeles al que ha entrado ilegalmente en el país o al que está como turista y pretende quedarse, ¿por qué se los va a dar el Ayuntamiento, que también es Estado?