La agresión de Murcia y las injustas acusaciones del PP

Murcia no es Nueva York. Aunque ayer la policía parecía no tener pistas fiables –y si las tiene hace bien en no desvelarlo-, lo previsible es que más pronto que tarde, por la cuenta que le trae, la Delegación del Gobierno en la región nos dé buenas noticias sobre los agresores del consejero murciano de Cultura, Pedro Alberto Cruz. 

Buenas para el agredido y la ciudadanía en general. Malas para los agresores. E incómodas para quienes han acusado en voz alta a la Delegación del Gobierno de “interesada dejación de funciones”. Así reza un comunicado difundido ayer por la dirección del PP murciano. Solo se menciona esa supuesta desidia de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, hasta el punto de pedir expresamente la dimisión de su titular, Rafael González Tovar, como causa de la abominable agresión sufrida este sábado por el consejero frente a su domicilio. 

El líder del PP nacional, Mariano Rajoy, incluso ha tirado por elevación, al considerar este salvaje atentado contra la integridad de Cruz como “el último y más grave episodio de una campaña de acoso contra el Gobierno de Murcia ante la pasividad del Ministerio del Interior”. Se refiere a las protestas iniciadas al conocerse el plan de recorte de gasto público anunciado por el Ejecutivo de Ramón Luís Valcárcel el pasado 22 de diciembre (Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas). Salvando las distancias, y la escala, medidas de austeridad no muy diferentes a las que costaron a Zapatero dos huelgas generales (la de los funcionarios y la del 29-S), y ninguna paliza en la vía pública, que se sepa.

Si no se trata de tres sicarios contratados para hacer el brutal encargo, tampoco parece que se trate de enemigos declarados de la austeridad en una región que, como Castilla-La Mancha, tiene las cuentas más desmadradas de la España autonómica ¿Valerosos defensores del gasto público defendiendo a mamporros el keynesianismo con la complicidad del Delegado del Gobierno? Anda ya... En todo caso, furiosos defensores de intereses particulares afectados por el severo plan de recortes del Gobierno murciano. 

En los climas de crispación que respiramos desde que la derecha valoró la llegada de Zapatero al poder como una anomalía democrática –siete años sin quitarse el luto de la derrota de 2004-, hasta se puede entender como un recurso dialéctico más, que el portavoz adjunto del Gobierno murciano, Miguel Angel Pérez, endose lo ocurrido al “clima de tensión promovido por una izquierda recalcitrante que así muestra su verdadera cara”. Un argumento ya utilizado en la agresión nocturna al periodista madrileño, Herman Tertsch, por cierto. Pero relacionar la agresión física al consejero con el supuesto incumplimiento de obligaciones de la Delegación del Gobierno me parece una falta de respeto institucional. 

Y además es injusto. Lo que pasa es que esta es una consideración moral que decae si no se apoya en la fuerza de los hechos. Es decir, en la inmediata detención y puesta a disposición judicial de los autores de la agresión. Y de quien pueda estar detrás. Sea quien sea. Ese sería el mejor argumento para demostrar que, efectivamente, es injusto relacionar sin más este salvaje episodio, condenado por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la supuesta desidia en las funciones del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.