¿Por amor a la verdad o por odio a Rubalcaba?

Si los agitadores del caso Faisán insisten en vincular el chivatazo policial al proceso negociador del Gobierno con ETA a lo largo de 2006, deberían llevar esa relación hasta sus últimas consecuencias. Dos, sobre todo. Una, la desproporción entre el episodio concreto, que se produce aquel día de mayo de 2006, y el hecho mismo de que unos representantes del Estado se reúnan con unos terroristas sin detenerlos inmediatamente. Sin embargo, nos rasgamos las vestiduras por lo uno y no por lo otro.

La segunda de las consecuencias es de mayor alcance. Muy relevante desde el punto de vista judicial porque afecta de lleno al supuesto delictivo que se maneja: colaboración con banda armada, contemplado en el artículo 576 del Código Penal, que se castiga hasta con diez años de cárcel.

Para hacernos una idea, recordemos que este tipo delictivo ya se aplicó a los condenados por el GAL. Sería lo mismo en este caso si cambiamos las siglas del GAL por las de ETA. ¿Lo creemos realmente? Es al menos dudoso. Me parece muy arriesgado, por no decir insensato, creer que las supuestas conductas de ciertos cargos policiales en el caso Faisán, o sus superiores políticos, son equiparables a las de quienes manejaron en su día desde sus despachos oficiales las actividades terroristas de aquel grupo parapolicial que practicó la guerra sucia del Estado a mediados de los ochenta.

Apurar las consecuencias de la relación entre el chivatazo y el diálogo del Gobierno de la Nación con la cúpula de la banda terrorista descarta la intención de colaborar con los fines de ETA, que son de naturaleza criminal. Es de sentido común. Con mayor o menor acierto, mal o bien planificado, con mayor o menor sentido de la oportunidad, la finalidad última de aquel proceso negociador, del que el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, había informado públicamente (15 junio de 2006, pasillos del Congreso), era terminar con la violencia de una vez por todas, no secundar las actividades criminales de ETA.

Con mayor o menor acierto, la finalidad última de aquel proceso negociador, del que el propio Zapatero había informado públicamente, era terminar con la violencia de una vez por todas, no secundar las actividades criminales de ETA

Si el chivatazo policial se produjo en los términos sobradamente conocidos, nunca sería por echar una mano a ETA en la tarea de recaudar los dineros de la extorsión (“impuesto revolucionario”, dirían los etarras). No es decente en ese sentido endosar a los presuntos implicados la intención de mejorar el funcionamiento de la red de extorsión de ETA ofreciendo a estos criminales una mirada distraída de los guardianes de la ley. No es decente hacerlo fuera de un contexto marcado por el bienintencionado propósito de negociar el fin del terrorismo.

Pero esas barreras de la decencia se están desbordando con acusaciones insoportables a los máximos responsables de la lucha antiterrorista, políticamente dirigidos por el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, por cierto, suscita entre los agitadores del caso Faisán más odio que los etarras por aquel entonces dedicados a cobrar el infausto “impuesto revolucionario” a los empresarios vascos y navarros. Nada extraño en un caso que se maneja como elemento de desgaste del Gobierno y que en absoluto refleja un insobornable amor a la verdad y al estado de Derecho.