Ira privada frente a desidia pública en el Madrid Arena

No permitamos que la indignación empiece a enfriarse después de despedir a Katia, Cristina, Belén y Rocío. Y sea el cuento de preferente aplicación a los gobernantes. Locales, regionales y nacionales. Estamos hablando de una tragedia privada en una instalación pública. A partir de esa sociedad municipal intermedia (intermedia entre el Ayuntamiento de Ana Botella y la empresa privada del tal Miguel Angel Flores) que se acoge a la normativa pública para que el Madrid Arena funcione sin licencia y a la normativa privada para que la responsabilidad de lo ocurrido recaiga sobre las empresa organizadora.

La ira privada como antídoto de la desidia pública. Sólo falta añadir la fundada sospecha de una amistosa conexión personal entre el vicealcalde Villanueva, que es un servidor público, y el tal Flores que trabajando entre dos luces busca el máximo beneficio al mínimo coste, aunque sea a costa de no pagar la Seguridad Social y tratar a los jóvenes como si fueran ganado. Es sólo un ejemplo, pues mires hacia donde mires te toparás con una irregularidad, una trampa, un burladero legal.

Lo ocurrido tiene que ver con la condición humana, no con el PP ni con el PSOE, según sabemos por la memoria de otras desgracias similares con gobernantes del signo contrario

Sin licencia de funcionamiento, según denuncia policial, que no necesita, según el Ayuntamiento. Más aforo del permitido. Paso libre de petardos y bengalas. Esforzada creación de todas las condiciones para que al patoso de turno se le ocurra tirar una bengala o, simplemente, por hacer la gracia de gritar ¡fuego¡. Irregularidades administrativas, incumplimiento de los protocolos de seguridad, entrada de menores sin control, etc. De todo esto no puede ser responsable en exclusiva la empresa organizadora. Y diga lo que diga la normativa, está el sentido común. No es de recibo aceptar exclusivamente la responsabilidad privada en una concentración de más de 10.000 personas.

Mucho trabajo para la revisión policial de las 1350 horas de grabación de nueve cámaras de seguridad. El riesgo es que el paso de los días, y de los meses, vaya apagando la exigencia en la depuración de responsabilidades. Por desgracia hay precedentes muy amargos en tragedias de este tipo, cuyas consecuencias se acaban diluyendo en largos y penosos procesos judiciales contaminados por los intereses de las compañías de seguros, la interesada desmemoria de los gobernantes y el desinterés de los medios de comunicación.

Quede claro que hablamos de responsabilidades judiciales (penales, civiles, administrativas). Pero también hablamos de responsabilidades políticas, cuya fijación no puede estar inspirada en ningún caso por la estúpida lucha entre partidos. Lo ocurrido tiene que ver con la condición humana, no con el PP ni con el PSOE, según sabemos por la memoria de otras desgracias similares con gobernantes del signo contrario. Además ya hace mucho tiempo que, como dice Antonio Gamoneda (Premio Cervantes 2006) con la desaparición de los compromisos ideológicos a izquierda y derecha “desapareció también un muro ético contra la desvergüenza”.