La ley de transparencia sale averiada del Congreso

Aunque aún tiene arreglo, de momento se desinfla la obra predilecta de Mariano Rajoy por el saneamiento democrático y la lucha contra la corrupción. El PP y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios juntaron ayer sus fuerzas parlamentarias para aprobar la ley de transparencia en el Congreso de los Diputados, después de una larga tramitación marcada por una buena y discreta sintonía del PP con el PSOE. Hasta que dejó de haberla. Resultado: el PP no admitió ni una sola de las veinte enmiendas defendidas por los socialistas en el pleno de ayer.

La batalla por la regeneración de la clase política nace sin consenso. Dicen los socialistas que no quieren contribuir a apoyar una ley cuyos principios se pasa el Gobierno por el arco del triunfo. Mala noticia. Si este agujero político no se tapa en el paso del proyecto de ley por el Senado, me parece que volverá a quedarse en nada, una vez más, la palabrería oficial sobre la necesidad de responder a ese clamor ciudadano que viene exigiendo un cambio de actitud en sus servidores públicos, porque falta transparencia y sobra opacidad.

Que una ley de transparencia impida la interpelación al presidente del Gobierno, bajo pretexto de que eso es una moción de censura “destructiva”, nos orienta sobre la calidad de la ley y sobre la fe de este Gobierno en el funcionamiento de la democracia

La sintonía entre las dos grandes partidos (de hecho el borrador del proyecto de ley era un texto elaborado por los socialistas) se malogró en el último tramo. Básicamente, a causa del secretismo del Gobierno y su partido en el caso Bárcenas respecto al Parlamento, la Justicia y la prensa. Pero también por ocultar decisiones de las que el ciudadano se entera sólo cuando se publican en el BOE, por facilitar a su partido datos oficiales antes de ponerlos a disposición de todos, por esquivar sistemáticamente las explicaciones requeridas en asuntos de interés general que le resultan incómodos, etc.

Que una ley de transparencia impida la interpelación al presidente del Gobierno, bajo pretexto de que eso es una moción de censura “destructiva”, nos orienta sobre la calidad de la ley y sobre la fe de este Gobierno en el funcionamiento de la democracia. Hasta se podría entender que con esa posición el PP tratase de impedir el abuso de esas herramientas parlamentarias -interpelación y reprobación- por parte del adversario político. Pero no se entiende, o se entiende demasiado bien, que, por ejemplo, se oponga al conocimiento público de los contratos de alta dirección en el sector público o a la elección del futuro presidente del Consejo de Transparencia por algo más que la mayoría absoluta fijada en el texto.

La indeseable consecuencia de todo esto es que nace coja la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el papel de cocinera mayor. El voto negativo de los diputados socialistas, Izquierda Unida, UPyD y otros grupos menores de la Cámara también contribuye a alimentar la sospecha de que estamos ante un intento bienintencionado, pero fallido.