No nos gusta, pero se acata

Por cuenta de la llamada doctrina Parot, tumbada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ayer reventaron las redes sociales. Prueba de la enorme implicación de los españoles en el debate abierto sobre la deuda de los terroristas con la sociedad. Dos años después del adiós a las armas de ETA (octubre 2011), aunque no se ha disuelto formalmente, y cuatro años largos después de su último atentado mortal de la banda (dos guardias civiles asesinados en Mallorca), la opinión pública española sigue respirando por la herida.

Eso explica la sobrecarga emocional en las reacciones. Lógico. Han sido muchos años de sufrimiento, dentro y fuera del País Vasco. Son las víctimas quienes mejor encarnan la memoria viva de la arbitraria crueldad de ETA. Y ayer fue un mal día para ellas. Lo cual no justifica en absoluto excesos verbales como el cometido por la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que acusó al tribunal de ponerse al lado de terroristas, violadores y asesinos. O amenazas de “respuesta contundente” si el Gobierno cumple la sentencia, como las proferidas ayer por Francisco José Alcaraz (Voces contra el Terrorismo).

La anulación la ha hecho el Tribunal de Estrasburgo, ojo, “según lo dispuesto en el sistema jurídico español”. No en virtud de una oscura maniobra urdida para excarcelar etarras

El respeto debido a las víctimas del terrorismo y sus portavoces no puede convertirse en alineamiento obligado con sus tesis. Especialmente las del desacato o de la ingeniería jurídica como formas de eludir el compromiso de “acatar y ejecutar” las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que el Reino de España asumió al firmar en 1977 y ratificar en 1979 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Y eso obliga a todos los poderes del Estado, como ayer reconoció palmariamente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Nada de eso deroga el derecho a discrepar de la sentencia y el hecho de que la discrepancia sea mayoritaria, tanto entre los gobernados como entre los gobernantes y clase política en general. No nos gusta, pero se acata y se cumple. Así lo harán los tribunales españoles, sobre los que el Gobierno, en sabia decisión, ha desviado la responsabilidad de interpretar el fallo, en perfecta sintonía con el PP y el PSOE, que representan el mayoritario sentir político de los españoles. Sin echar los pies por alto y sin recurrir a la teoría de la conspiración del adversario en la absurda búsqueda de culpables donde no los hay.

Al fin y al cabo, la doctrina Parot sigue viva para los terroristas condenados por delitos cometidos después de la reforma penal de 1995. Se anula, en cambio, por basarse en una jurisprudencia sobrevenida, para los terroristas (y otros criminales) por delitos cometidos cuando estaba vigente el Código Penal de 1973, que contemplaba la redención de penas a descontar del máximo legal permitido de 30 años de cárcel. Y esa anulación la ha hecho el Tribunal de Estrasburgo, ojo, “según lo dispuesto en el sistema jurídico español”. No en virtud de una oscura maniobra urdida con el fin de excarcelar a un centenar largo de etarras, por desprestigiar al Gobierno español, por ganas de molestar a las víctimas del terrorismo o como consecuencia de un pacto de Zapatero con ETA (¡qué barbaridad!).