Los motivos de Fabra

En el ejercicio de 2011, la Radiotelevisión Pública Valenciana ingresó 18 millones de euros y gastó 190. La deuda acumulada ascendía a 1.200 millones. A la vista de estas cifras, nadie en su sano juicio puede defender semejante dispendio a mayor gloria del gobernante de turno. Por tanto, se procedió al consabido saneamiento para hacer viable el servicio. Y eso consistió en despedir a 1.200 trabajadores. Con cada trabajador despedido se reducía la deuda en un millón de euros. O, dicho de otro modo, que cada trabajador desahuciado por el ERE (agosto 2012) le estaba costando hasta ese momento un millón de euros a los valencianos. En esas condiciones era inexpugnable la posición del Gobierno de Alberto Fabra al pinchar la escandalosa burbuja de la cadena pública en un contexto de recortes obligados por la necesidad de reducir el déficit público.

Se quedaron en la casa otros 500 trabajadores, aproximadamente, que mantuvieron viva la radiotelevisión autonómica, conocida como Canal Nou, hasta anteayer, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Valencia anulando los despidos por “vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas” en el juicio por el citado ERE, recurrido por los sindicatos, celebrado en octubre de 2012. Un minuto después, sin contemplar la posibilidad de recurrir la sentencia, la Generalitat cortó por lo sano: el cierre total de la cadena después de 24 años de vida. La sentencia le dio la excusa para desmantelar la tienda y poner en la calle a los trabajadores, que ayer se pasaron el día frente a la sede del Consell gritando “Fabra, dimisión”. Estaban todos, los que han sido judicialmente rehabilitados y los que aún conservaban su puesto de trabajo, mientras que, por primera vez en un cuarto de siglo, los informativos de la cadena eran críticos con el Gobierno de turno.

Se echa de menos un punto de contrición porque la burbuja, la irracionalidad, las deudas, el derroche, la corrupción… no fueron decisiones del estamento laboral, sino del estamento político

Fabra ha echado cuentas. Calcula en 72 millones de euros el coste de la readmisión ordenada por los jueces, sólo en personal. Y dice que, si lo asumiera, tendría que sacrificar servicios públicos. “Yo no voy a cerrar ni un solo colegio, ni un solo hospital, por tener una televisión autonómica”. Hace falta ser tramposo para construir semejante sofisma. Digo tramposo por no decir canalla, pues esa es la calificación que merece quien siquiera remotamente está sugiriendo que unos trabajadores condenados al paro quieren que se les rescate con dinero que se ahorre dejando a los niños sin escuela o a los enfermos sin hospital. Precisamente en esta comunidad, con un largo historial de corrupción acumulada a lo largo de los últimos veinte años.

Aun reconociendo que el saneamiento era necesario en nombre de la racionalidad económica, entiendo que Fabra pierde fuerza moral al no aprovechar el margen del recurso que le permitía la sentencia. Pero, sobre todo, llama la atención su clamorosa falta de autocrítica, tanto en los comunicados oficiales como en sus declaraciones o las de sus consejeros. ¿Por qué ninguno de sus inmediatos antecesores reparó en la irracionalidad del coste de Canal Nou, que se disparó desde 1991 a mayor gloria de sus compañeros de partido?

Se defiende el cierre en nombre de la racionalidad económica a la vista de las deudas y la plantilla inflada de Canal Nou. Pero, ante los dolorosos daños colaterales de la decisión (1.700 trabajadores al paro), se echa de menos un punto de contrición porque la burbuja, la irracionalidad, las deudas, el derroche, la corrupción (la sombra de Gürtel, también la en la RTVV) no fueron decisiones del estamento laboral, sino del estamento político al que pertenece Alberto Fabra.