Lo de Camps: vergüenza ajena

Se siente vergüenza ajena ante el hecho perfectamente constatado de que este señor sea o haya sido un servidor público. Dicho sea pensando en quienes le eligieron reiteradamente para hacer la dignísima tarea de representar al pueblo valenciano y gestionar sus intereses (presidente antes, diputado regional ahora). Sólo ese indefinible sentimiento, el de la vergüenza ajena, nunca bien descifrado por la neurociencia, ha debido embargar a los valencianos en general y a sus votantes en particular ante el indigno y al mismo tiempo pueril comportamiento de Francisco Camps durante el pasado fin de semana.

Pasarse por el arco del triunfo una citación judicial no es la conducta que se espera de un representante de la voluntad popular en las instituciones del Estado, al margen de la mayor o menor responsabilidad que haya podido tener en el trasvase de dinero de la caja común hacia los bolsillos de Iñaki Urdangarin. Al fin y al cabo, el juez Castro (caso Nóos) le busca como testigo y no como imputado. Pero en su día como imputado (caso Gürtel) y ahora como testigo, el expresidente valenciano no ha hecho más que mofarse de la colaboración de la Justicia como uno de los primeros deberes del servidor público.

Puede que esté apelando de nuevo al poder exculpatorio de los votos cuando juega al escondite con el juez Castro y el fiscal Horrach. Como si los votos de los ciudadanos tuvieran ese valor añadido ante las malas prácticas del gobernante

Hablo de la vergüenza ajena pensando en la famosa doctrina Camps, elaborada cuando el aún presidente de la Comunidad estaba a la espera de juicio por el viscoso asunto de los trajes gurtelianos. Se remitía al poder redentor de los votos en vísperas de las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011. Entonces decidió plagiar al Fidel Castro sentencioso de 1953 que estaba siendo juzgado por el asalto al cuartel de Moncada: “La historia me absolverá”. Pero con variante mediterránea: “Las urnas me absolverán”. El portavoz parlamentario, Rafael Blasco, se había permitido decir que su jefe era objeto de una “cacería de la Justicia teledirigida por el Gobierno”. Por supuesto, el de Zapatero.

Dos años y medio después, ya no es cosa de poner en duda la independencia de la justicia respecto a un Gobierno que ha cambiado de signo. Ni de apelar a la mayoría absoluta obtenida en las urnas autonómicas de aquella primavera, que no le absolvió del desahucio decidido por Rajoy dos meses después (dimitió el 20 de julio). Por paradójico que pueda parecer, la absolución por el asunto de los trajes se le negó en el terreno político y le acabó llegando de una Justicia supuestamente controlada por Zapatero y Rubalcaba. Aunque tal vez siga pensando Camps que en realidad aquellos nueve componentes del jurado popular que decidieron su exculpación penal (cinco a cuatro) no hicieron sino llevar la voz de las urnas a las sesiones del juicio (enero 2012).

Puede que esté apelando de nuevo al poder exculpatorio de los votos cuando juega al escondite con el juez Castro y el fiscal Horrach. Como si los votos de los ciudadanos tuvieran ese valor añadido ante las malas prácticas del gobernante. Si no, y por mucho que tenga que ocultar, no se entiende su impresentable comportamiento.