Derechos civiles: choque de trenes

El interesado manejo de los conceptos libertad y seguridad genera una tensión política permanente entre la derecha y la izquierda. Siempre ocurrió así, aunque los conceptos no estén reñidos. No pueden estarlo en un marco estrictamente democrático. De hecho y de derecho la seguridad es una condición de la libertad. Y al revés. Sin libertades públicas sería alforja sobre alforja la apelación a la seguridad ciudadana para justificar ciertas medidas que, por tanto, serían represoras.

Como no es el caso, el secretario de Estado, Francisco Martínez Vázquez, pudo decirnos ayer en Espejo Público (Antena 3) que la futura Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto salió el viernes pasado del Consejo de Ministros, “no pretende recortar ningún derecho ni modificar el reconocimiento legal de libertades públicas”. Expresión, manifestación y reunión, básicamente. Pero todos los derechos tienen su límite y, de uno u otro modo, los límites también están o deben estar recogidos en las generales de la ley. O sea, que si no están, deben estar.

Hay margen para alumbrar una buena regulación legal en el ámbito de la seguridad-libertad ciudadana a partir del texto un tanto caótico del Gobierno. Sin embargo, el comienzo no es esperanzador.

Y de eso va el anteproyecto en relación a manifestaciones no comunicadas, uso de ciudadanos como rehenes, vandalismo callejero, tenencia ilegal de armas, justificación del terrorismo, dejar sueltos animales peligrosos, ejercer la prostitución cerca de un colegio, y un largo etcétera donde hay de todo. Cosas que son razonables, como las mencionadas. Y otras que no lo son, como la de transferir del poder judicial al poder gubernativo la potestad de definir y sancionar conductas que suelen cursar en el ejercicio de la libertad de expresión.

Al consenso por el diálogo. Si la idea es mejorar la convivencia y garantizar las libertades del ciudadano, y no hay por qué pensar lo contrario, esos son los instrumentos. Hay margen para alumbrar una buena regulación legal en el ámbito de la seguridad-libertad ciudadana a partir del texto un tanto caótico del Gobierno. Sin embargo, el comienzo no es esperanzador. En virtud de esa tensión histórica a la que me refería, donde la izquierda agita la bandera de la libertad mientras la derecha agita la de la seguridad, ya asistimos el miércoles pasado a un crispado choque dialéctico entre el ministro del Interior, Fernández Díaz, y el diputado del PSOE Eduardo Madina. El inesperado protagonismo de este en asunto de tanto calado político e ideológico, dicho sea de paso, ha sido visto en las filas socialistas como la presentación de su candidatura a las elecciones primarias de su partido cuando sólo falta mes y medio para que las convoque el próximo Comité Federal del PSOE (a celebrarse en julio).

La posición oficial de Ferraz sobre el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana es evidentemente la misma que la de Madina, una vez que Rubalcaba ha ofrecido al diputado vasco la ocasión de hacerse más visible. Sobre la premisa mayor de que el PP quiere quitarles a los españoles los derechos civiles después de haberles arrebatado los derechos sociales, habla de una ley mordaza que devuelve a España a tiempos predemocráticos y sostiene que no es una Ley de Seguridad Ciudadana, que ya existe, sino una Ley de Represión Ciudadana. Mal empezamos.