La Infanta evasiva

La infanta Cristina viajó por los cerros de Úbeda en la isla de Mallorca. No sabe, no contesta, no recuerda, no le consta, lo desconoce. Ninguna diferencia con otros personajes públicos pillados en falta a la hora de confesarse ante un juez. Tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano en esa situación. Vale. Pero cualquier ciudadano no tiene el deber de ser ejemplar. Ella, sí. Una infanta de España en línea de sucesión a la Corona no es un ciudadano cualquiera. Nobleza obliga. Es el privilegio y la servidumbre de la púrpura.

Son reproches éticos, no judiciales. Por supuesto. Tenía razón el fiscal Horrach cuando lo advirtió por escrito: “Se corre el riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”. Aunque se refería básicamente al juez, solo en ese ámbito –el ético, no el judicial– nos podemos mover quienes no fuimos juez ni parte en la sala de vistas de los Juzgados de Palma. Y sólo en ese ámbito, por ahora, se detectan los desperfectos en la imagen de la Corona. Los que ya había detectado el propio Rey, Don Juan Carlos, cuando en 2006 pidió a Iñaki Urdangarin que, “por razones de imagen”, suspendiera su trabajo en el Instituto Nóos (gancho utilizado para distraer dinero público en actividades de muy dudosa justificación). Entonces a la Infanta no se le ocurrió preguntar cuáles eran esas razones, y si podían seguir alimentándose con el comportamiento que, a partir de esa fecha (hasta 2006 ha prescrito cualquier supuesto de delito fiscal) acabaría dando lugar a su imputación por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La hija del Rey no es un ciudadano cualquiera. Entonces, que dejen de machacar a la opinión pública con la cantinela de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley

La esposa de Urdangarin es una mujer de su tiempo, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York. Sin embargo, ignoraba la titularidad de su propio domicilio, no se interesa por los negocios del marido, firma sin leer lo que este le pone delante, desconoce las actividades de la sociedad matrimonial en la que participa al 50%, nunca preguntó por el origen del dinero para pagar los gastos de la casa y los personales, con cargo a la sociedad Aizoon, como si fueran gastos de exploración y, por tanto, deducibles. Y así sucesivamente. Prefiero no creérmelo, so pena de dejar a la Infanta por demasiado lela y a sus abogados por demasiado listos. Prefiero dejarla por mentirosa y, eso sí, más dispuesta a colaborar con sus abogados que con el juez Castro. Creo que se ajusta más a lo ocurrido el sábado en los Juzgados de Palma, con fondo televisado de banderas tricolores que cargaron el aire palmesano de nostalgia republicana.

Esta es otra, porque ya se escucha el rasgado de vestiduras por la aparición de banderas anticonstitucionales entre las personas que formaron en plena calle un comité de recepción popular a la Infanta. Entiendo el cabreo de quienes pueden sentirse ofendidos en su sensibilidad política, o histórica. No por el agravio a la hija del Rey. Seguro que hasta sus oídos no llegaron las voces de la calle ni ella pudo ver las banderas republicanas desde el coche que la condujo hasta el interior del recinto judicial. También de eso estuvo debidamente preservada la infanta Cristina, gracias a unas excepcionales medidas de seguridad.

Medidas impensables si se hubiera tratado de un ciudadano cualquiera. Es que la hija del Rey no es un ciudadano cualquiera. Vale. Entonces, que dejen de machacar a la opinión pública con la cantinela de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y, de paso, que su padre, el Rey de España, deje de prometer ejemplaridad y transparencia en los miembros de su familia. El sábado fue un mal día para recordar lo serio que se pone cuando lo airea en sus mensajes de Nochebuena.