El apagón de la Justicia Universal

El principio de Justicia Universal supone abolir las fronteras para la persecución de delitos de lesa humanidad (genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y torturas). El Gobierno se lo quiere cargar porque es una fuente de conflictos diplomáticos. “Ha creado más problemas de los que ha resuelto”, decía ayer el portavoz del PP, Alfonso Alonso. Se le agradece la sinceridad. No disimuló el carácter instrumental de la reforma. Y si su tramitación se apresura –de eso se trata–, Moncloa aún estará a tiempo de apaciguar al Gobierno chino. En Pekín están muy cabreados con España por la osadía del juez Ismael Moreno, que acaba de dictar una orden de detención internacional contra el expresidente Jiang ZeMin y el exsecretario general del Partido Comunista Li Peng, máximos responsables de la cruel represión contra los habitantes del Tíbet.

Lo que pretende el juez de la Audiencia Nacional, en nombre del principio recogido en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), no podrá hacerlo cuando culmine la reforma, cuya propuesta fue tomada en consideración anoche por el Congreso. Propuesta del grupo parlamentario del PP y no del Gobierno. De haber salido del Consejo de Ministros como proyecto de ley, habría tenido que someterse a los preceptivos informes previos del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal, entre otros. Además de agotar la paciencia de los chinos, habría creado tensiones ante eventuales advertencias de esos organismos sobre los efectos jurídicos de la reforma. Por ejemplo, los derivados del incumplimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por el Reino de España a la luz del mencionado principio de Justicia Universal.

Cuando las violaciones afectan a los situados en los primeros escalones de las relaciones de poder, como EEUU (Guantánamo, Abu Ghraib) o China (Tíbet), lo mejor es una mirada distraída

Así que se tomó el atajo (proposición de ley, en vez de proyecto de ley) para limitar su alcance lo antes posible. Básicamente para que los jueces españoles sólo puedan investigar delitos de lesa humanidad cuando los acusados sean ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España. Eso dejaría fuera prácticamente todas las causas abiertas en estos momentos en la Audiencia Nacional en virtud del principio que nos ocupa. Entre otras, los genocidios en Tíbet, Guatemala, Ruanda y Sáhara. Y quedarían impunes los asesinatos del padre Ellacuría (1989) en El Salvador, del diplomático español Carmelo Soria en el Chile de Pinochet (1976) o  del periodista José Couso en Bagdad (2003).

Fue bonito mientras duró. Nos dio la oportunidad de ponernos estupendos hablando de los ideales que habitan en el pecho de gente bien nacida. Sirvió también para hacer historia del camino recorrido por los hombres desde la paz perpetua de Kant (1795) hasta la creación de la Corte Penal Internacional (Roma, 1998). Luego vino la rebaja, empezando por las primeras limitaciones impuestas por el Gobierno de Zapatero (2009). Y ahora, otra vuelta de tuerca, precursora del apagón del principio de Justicia Universal en España.

Lo dicho: bonito mientras duró, pero de imposible aplicación porque ataca el fundamento de las relaciones internacionales. Los intereses, que no los ideales. Cuando las violaciones afectan a los situados en los primeros escalones de las relaciones de poder, como EEUU (Guantánamo, Abu Ghraib) o China (Tíbet), lo mejor es una mirada distraída. Para evitar que la aplicación del principio se convierta en fuente de “disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos”, según la doctrina oficial del PP, cuyos votos sirvieron anoche para dar luz verde a la reforma. Con todos los demás grupos en contra. Es un consuelo.