Por su reforma los conoceréis

Cuando el poder hace reformas siempre se retrata ideológicamente. Es natural. Y si la reforma es fiscal, con más razón, porque estamos hablando del mejor instrumento al servicio de la justicia redistributiva. Y la cohesión social. Nada menos. La premisa –el prejuicio, si ustedes quieren– es válida incluso si la reforma, como es el caso, consiste en ese catálogo de consejos y recomendaciones firmadas por un grupo de expertos que han hecho correr la voz y la tinta en los medios de comunicación desde que cayeron sobre la mesa del último Consejo de Ministros.

Las sugerencias acabarán o no en el Boletín Oficial del Estado. Unas sí y otras no. Pero los expertos también se retratan. Exactamente igual que el poder que los designa, aunque el “informe” haya sido presentado a la opinión pública como un producto neutral y despolitizado. Es mentira. Uno nunca diría, por ejemplo, que es inocente aparcar el fenómeno del fraude fiscal vinculado a grandes fortunas y a grandes empresas. O recomendar un gravamen fiscal sobre la indemnización por despido.

Por sus prioridades los conoceréis, sean gobernantes o expertos. Y antes o después se pondrán en evidencia. Porque antes o después dejarán de preguntarse a todas horas por el “cuánto” se gasta y empezarán a preguntarse también, digo yo, alguna vez, por el “en qué” se gasta y, sobre todo, el “para qué”. En la respuesta habita el modelo de sociedad que unos u otros llevan en la cabeza.

Tampoco el Gobierno habla de conseguir un sistema fiscal más justo. Sólo dice que su reforma, cuya tramitación piensa llevar a cabo en el segundo semestre del año en curso, pretende mejorar el crecimiento y el empleo

De hecho, el presidente del comité de expertos designados por el Gobierno, Manuel Lagares, atribuye a sus 125 propuestas, contempladas en 270 cambios tributarios, el propósito de conseguir un sistema fiscal “más simple y más eficiente”. No dice “más justo”. Es una pista.

Tampoco el Gobierno habla de conseguir un sistema fiscal más justo. Sólo dice que su reforma, cuya tramitación piensa llevar a cabo en el segundo semestre del año en curso, pretende mejorar el crecimiento y el empleo. Sólo faltaba. Aunque vale como declaración de intenciones, juegan en contra los antecedentes: cincuenta subidas de impuestos en menos de dos años en medio de una recesión económica persistente y una amnistía para los grandes defraudadores. Esa es la única reforma fiscal que el Gobierno Rajoy ha hecho hasta ahora.

Al anunciar la que, inspirada en el informe Lagares, Montoro piensa llevar al Parlamento en este mes de junio, nos acarician los oídos con una bajada de impuestos. Se entiende. Estamos en vísperas de las elecciones europeas. Pero ya se cuidan los dirigentes del PP de advertir que, aunque se paguen menos impuestos por las rentas del trabajo, los trabajadores lo acabarán pagando en impuestos indirectos a la hora de comprar bienes y servicios (previstas subidas del IVA e impuestos especiales), que paga el pobre en las mismas condiciones que el rico.