Adolfo Suárez, su lección y nuestra deuda

En el mensaje le puse a Adolfo Suárez Illana este viernes –por su boca acabábamos de saber que la llamita se consumía en la frente del presidente–, que él y su padre nos habían dado una lección. Y me respondió: “Lección, la suya. Lo mío es deuda”. No lo habría podido expresar mejor cualquier español bien nacido y con un mínimo de memoria.

Ese es el rango de nuestra adhesión a la figura que estamos despidiendo en estos tres días de luto nacional: lo que le debemos por haber pilotado con acierto la tormentosa singladura entre la Dictadura y la Democracia. Es la deuda de un pueblo con hambre atrasada de libertad que hoy vive el más largo periodo de paz y democracia bajo el orden constitucional alumbrado bajo las condiciones creadas por el hombre que, codo a codo con el Rey de España, Don Juan Carlos, supo abrir por dentro las puertas del régimen franquista. Así entró aire fresco y lo que era “normal en la calle” pasó a ser “normal en las leyes”.

Opinión

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Graciano Palomo

A fin de que el malentendido no quede entre nosotros, quiere el comentarista centrar al personaje en el periodo transcurrido entre su nombramiento como presidente, a primeros de julio de 1976, y la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Son los cinco años en los que se agranda la figura de Adolfo Suárez con carácter retroactivo. Ahí se reconoce al hombre de Estado que fue. Nada que ver el ministro secretario general del Movimiento de antes del verano del 76. Ni con el líder del CDS posterior al desplome centrista de 1982.

Entre el “milagrito de Santa Teresa” del periodista Emilio Romero (así calificó a su paisano cuando fue nombrado presidente del Gobierno contra todo pronóstico) y el “Agustín y yo” (en referencia a los dos únicos diputados que obtuvo el CDS en las elecciones de octubre del 82), quedaron para la historia las decisiones de Adolfo Suárez que serían claves en la forja del régimen democrático y la deuda histórica contraída por los españoles con el personaje.

La primera fue la llamada Ley de Reforma Política, que era como facilitar el arma blanca al franquismo para hacerse el harakiri. La segunda, el blanqueo del PCE, mes y medio después de la legalización general de los partidos políticos. Y la tercera, la convocatoria de las primeras elecciones democráticas (junio 1977), que habían de ser constituyentes. El fruto de aquellas decisiones fue el trabajo de la ponencia constitucional y la aprobación en referéndum popular de nuestra Carta Magna en 1978, cuya vida guarde Dios muchos años con las reformas que sean necesarias.

Pero aún quedaba el broche de una tarea que acabaría de situar la figura de Adolfo Suárez en la historia. Me refiero a la lección de grandeza personal que nos dio el 23-F en defensa de la dignidad del Estado, cuando ya tenía el pie fuera de la Moncloa, sólo a falta de que se completara la investidura de Calvo Sotelo por votación de los diputados. Esa imagen de Suárez, secundado por el general Gutiérrez Mellado, que por nada del mundo se habría humillado bajo el escaño ante Tejero y sus guardias golpistas, es probablemente el argumento mejor acabado del respeto con el que la ciudadanía despide a uno de los dos grandes protagonistas de la Transición. El otro, por supuesto, es el Rey.