Aforamiento no es impunidad

La Corona es una institución del Estado y al Estado le trae cuenta cuidar de su prestigio. No se trata de un blindaje individual de don Juan Carlos, pues este podrá ser juzgado ante los tribunales, aunque no ante cualquier tribunal. Eso ya ocurre con casi toda la clase política. Y no es mayor el riesgo estadístico de conductas delictivas en miembros de la Familia Real que entre gobernantes y legisladores. Al revés, porque aquellos no llegan a la media docena mientras que estos (ministros, senadores, diputados, presidentes autonómicos, etc.) son unos 10.000.

Se trata de preservar a la institución de ataques interesados por vía judicial. Exactamente lo mismo que ocurre con otros cargos públicos. Sólo el Tribunal Supremo puede juzgarlos. Eso es el aforamiento. Un mecanismo de defensa de instituciones como el Gobierno, el Congreso o el Senado. ¿Por qué no habría de hacerse extensivo a la Corona? Las principales fuerzas políticas y los juristas más acreditados lo encuentran “razonable”. También los ciudadanos, si se les explica. Lo malo es que interpreten las prisas y la improvisación del Gobierno como una prueba de mala conciencia. No es una reforma vergonzosa dar el paso de la inviolabilidad al aforamiento, aunque lo parezca a la vista del procedimiento seguido para rescatar al rey que abdicó del limbo jurídico después de perder la inviolabilidad que le Constitución Española le otorgaba: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (artículo 56).

Como ya ocurriese con el hachazo a la justicia universal, el Gobierno utiliza al PP para dar salida a una decisión polémica (el Ejecutivo no queda formalmente comprometido al no utilizar el proyecto de ley), se aprovecha una reforma administrativa en marcha, se evita el debate público sobre el principio de igualdad ante la ley, se eluden los informes de los altos órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, básicamente) y se alimenta el temor de que finalmente, si llega el caso, un eventual enjuiciamiento por conductas personales de don Juan Carlos siempre se vería ante unos magistrados (los del TS), cuyos nombramientos no dejan de ser negociados por los partidos políticos a través del CGPJ.

El caso es que la operación, a partir de una enmienda impulsada por el PP (ojo, no por el Gobierno), se inicia hoy en el seno de la ponencia constituida del Congreso para reformar la Administración (medidas racionalizadoras del sector público). Mañana se aprobaría en comisión. Y el jueves en el pleno, si los socialistas están de acuerdo en alterar el orden del día del mismo, en el que para nada estaba prevista esta iniciativa del PP.

Esta misma mañana decidirá la Ejecutiva del PSOE si apoya la reforma que apadrina el Gobierno escondiendo la mano. Es previsible, aunque sugiera algún retoque no sustancial. Se calcula que, una vez que la ley pase por el Senado, la reforma pueda estar en el BOE antes de las vacaciones de verano. Para entonces también se habrá tenido que hacer una leve reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo en la lista de cargos públicos aforados a don Juan Carlos, la reina Letizia y la princesa Leonor.