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Felipe VI, el crucifijo y la Biblia
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Antonio Casado

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Felipe VI, el crucifijo y la Biblia

El rey Felipe VI, nuevo en el Reino de España, ha madrugado al Gobierno en el cumplimiento de la ley, que obliga y compromete a todas

Foto: El nuevo magistrado del TC, Antonio Narváez, jura su cargo (Efe)
El nuevo magistrado del TC, Antonio Narváez, jura su cargo (Efe)

El rey Felipe VI, nuevo en el Reino de España, ha madrugado al Gobierno en el cumplimiento de la ley, que obliga y compromete a todas las instituciones del Estado. Empezando por la ley de leyes. Uno: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y dos: se garantiza la libertad religiosa de los individuos. Curioso. El impulsor de la iniciativa, dictada por la legalidad y el sentido común, no ha sido el celo del Gobierno, sino el descorche generacional de Zarzuela.

Rescato la noticia de ayer: se modifica el protocolo a fin de que, en las tomas de posesión ante el Rey, los nuevos cargos públicos puedan jurar o prometer sin tener delante la Biblia y el crucifijo, como venía siendo habitual. Ya este miércoles, por primera vez, se ofreció al interesado la posibilidad de elegir si quería o no la presencia de dichos símbolos. Se trataba del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, que optó libremente por jurar ante los mismos, junto a un ejemplar de la Constitución, por supuesto.

Esta modificación del protocolo decidida por la Casa del Rey no se anunció, no se propagó. Simplemente ha empezado a aplicarse. Había un precedente inmediato en el que, seguramente para bien, apenas habíamos reparado. Hablo de la inesperada desaparición de los símbolos religiosos en el solemne relevo en el trono de España. Desde el aplastamiento del régimen republicano en 1939, la Biblia y el crucifijo habían estado presentes en actos civiles dotados de cierta solemnidad. También en los años de democracia recuperada en 1978. Lo cual supone –o suponía– ignorar el principio de aconfesionalidad del Estado.

Ni los que elaboran las leyes ni los que están obligados a hacerlas cumplir tuvieron mayor interés en retirar los símbolos religiosos de estas ceremonias institucionales de carácter estrictamente civil. Y ha tenido que ser don Felipe VI, un rey conectado al latido de su tiempo, el que se remita a un derecho fundamental de cualquier ciudadano (libertad religiosa) para que sea el individuo llamado a protagonizar la ceremonia quien decida si quiere o no quiere la presencia de dichos símbolos.

Espero que el ilustre papable, monseñor Antonio Cañizares, no piense que vuelve a estar suelto el fantasma de la cristofobia, como ya denunció cuando los socialistas de Castilla y León, aprovechando una sentencia judicial, reclamaron la retirada del crucifijo en las escuelas públicas de titularidad estatal. Sin embargo, quedó desmentido que el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, fuese el anticristo, o que Blanco y Bono hubieran renunciado a su fe católica. Además, la entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera, acabó apostando por que la decisión sobre la continuidad o la retirada del crucifijo en los centros escolares se tomase democráticamente en los Consejos Escolares.

Algunos creemos que la exhibición de símbolos religiosos, los que sean, en una escuela pública de titularidad estatal o en los ámbitos institucionales del Estado rompe la neutralidad del Estado en materia de libertades individuales, a la luz de un sistema jurídico-político como el nuestro, basado en el pluralismo, la libertad de cultos, la libertad ideológica, la tolerancia y el respeto a las minorías. Se trata de aplicar la Constitución, básicamente en lo referido al cultivo y promoción de los valores civiles que proclama. En ese sentido, es una buena noticia que la Casa del Rey haya decidido no imponer de oficio la presencia de símbolos religiosos en este tipo de actos.

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