Otra tarjeta roja a la Generalitat

Lo que no se entiende es la tardanza de Moncloa en reaccionar ante la ‘consulta bis’ del 9 de noviembre. Tal vez estuvo pensando en la

Foto: El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (EFE)
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (EFE)

Lo que no se entiende es la tardanza de Moncloa en reaccionar ante la ‘consulta bis’ del 9 de noviembre. Tal vez estuvo pensando en la posibilidad de mirar hacia otro lado mientras se consumaba el simulacro, como una forma de aliviar la presión de la olla. Se hubiera parecido mucho al cónyuge que aparenta ignorancia sobre las aventuras del otro (o de la otra), con tal de que vuelva a casa con la sonrisa de oreja a oreja.

No fue el caso. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado cuando, por ejemplo, una institución pone al funcionario en trance de cometer un delito (artículo 410 del Código Penal). Por tanto, ha hecho lo que debía, frenar una nueva modalidad del desafío: aceptamos la suspensión de la consulta en sus términos originales porque somos gente de orden, pero lo de ahora es otra cosa, encaja en un marco legal “preexistente”, entra en el ámbito de nuestras competencias y, por tanto, no es impugnable.

Esa fue la envoltura verbal de la nueva provocación, presentada en sociedad por Artur Mas a mediados de octubre. Ya lo creo que era impugnable. Carga con los mismos vicios de ilegalidad que el decreto suspendido, aunque el Tribunal Constitucional manejó entonces actos jurídicos y ahora tendrá que manejar actuaciones ilegales. No solo ilegales. También antidemocráticas, como el hecho de celebrar una consulta gestionada sólo por los partidarios de una de las opciones y absolutamente ajena a todos los protocolos.

Por eso el Gobierno pide al tribunal que suspenda las actuaciones promovidas por la Generalitat para celebrar la votación del domingo, así como “cualquier otra que pretenda realizar para la preparación de la misma”.

El Gobierno no puede mirar hacia otro lado cuando, por ejemplo, una institución pone al funcionario en trance de cometer un delito. Por tanto, ha hecho ha hecho lo que debía, frenar una nueva modalidad del desafío

Decía que el Ejecutivo perdió tiempo innecesariamente antes de presentar el recurso. Lo hizo el viernes pasado, días después de la última ocurrencia de los leguleyos de Mas, bautizada “proceso de participación”, y ahora espera que el Tribunal Constitucional aprecie el fraude y vuelva a sacar tarjeta roja al president. Es lo más probable.

Veinticuatro horas antes del pleno convocado para hoy –se prolongará hasta el jueves–, el Govern presentaba una especie de alegación preventiva ante el TC con expresa petición de que no acepte a trámite el recurso del Gobierno. La aceptación significa suspensión automática de la seudoconsulta, aunque en esta ocasión el Constitucional podría asumir la tesis del Gobierno: la consulta nueva es en realidad la misma que ya está suspendida provisionalmente.

Por tanto, le afecta de lleno la suspensión dictada sobre el decreto de convocatoria del 9-N en sus términos originales, tal y como aparecieron en su día publicados en el boletín oficial de la Generalitat.

El escrito de la Generalitat, presentado ayer por el consejero de Presidencia, Francesc Homs, pone sobre la mesa del Constitucional un solo argumento jurídico, al sugerir que el Gobierno debería haber utilizado el “incidente de ejecución de sentencia”. Puede tener razón técnica. Pero si los magistrados consideran que, efectivamente, la ‘consulta bis’ es una vía fraudulenta de llevar a cabo la original, eso tampoco habría evitado la prohibición del sucedáneo.

Los demás son argumentos políticos sin recorrido legal, tal y como los expuso Mas en rueda de prensa el viernes pasado: “El Gobierno abusa de su poder para crear confusión y miedo, pero nosotros responderemos dando una lección de civismo”. Ya, pero esa no es la cuestión, president.

Al Grano
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