¿Qué va a pasar el domingo 9-N?

Es el juego del fin de semana. Una pregunta que corre de boca en boca: ¿y qué va a pasar el domingo con una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional? Pues que se va a celebrar, gracias al trabajo de las organizaciones sociales y sus voluntarios, no de instituciones servidas por gobernantes y funcionarios. Que, tras el intento fallido del Govern por crear un conflicto de poderes entre Gobierno, Supremo y Constitucional, la Fiscalía del Estado dedicará miradas distraídas a eventuales casos de desobediencia entre servidores públicos afectados por la suspensión. Y que la afluencia a las urnas será masiva.

El 10-N empezará la descompresión. Se preparan escenas de sofá con las “pes” de Freixenet, declamadas ayer por José Luis Bonet. En vísperas de que corra el cava navideño, afirma que “no va a haber secesión de Cataluña” y que “esto se arregla con prudencia, palabra y pacto”. Saludemos esos aires de final feliz, sin perjuicio de que el nacionalismo vuelva a la carga cuando cambie la marca política del inquilino de la Moncloa. Y, si no se toma como falta de respeto a los catalanes –lejos de mí esa intención–, todo habrá parecido más comedia que drama.

Sin vencedores ni vencidos el día después. Mas podrá sentirse orgulloso de la lección de civismo del pueblo catalán, a pesar de que Madrid quiso crear “confusión y miedo”. Y Rajoy repetirá por enésima vez que su Gobierno hizo cumplir la ley. Victoria parcial de cada parte. O derrota parcial de cada parte, según se mire. Rajoy consiguió que se aplicara el Estado de derecho con la suspensión de la consulta original. Y Mas va a conseguir que los catalanes voten. Se llame como se llame lo del domingo. El árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga (Agustín García Calvo en la memoria). Ponerle nombre no es perseguible: jornada de votaciones, parodia, consulta, pseudoconsulta, referéndum no vinculante, simulacro, proceso participativo, recogida de firmas o, simplemente, día de urnas.

En definitiva, la dichosa consulta se celebra de hecho, aunque no de derecho. O sea, de aquella manera, sin censo, sin cobertura legal, sin garantías democráticas, sin amparo institucional. Pero habrá urnas, papeletas y recuento con una alta participación de los ciudadanos. Unos acudirán por legítima convicción y otros por no ser señalados con el dedo (la indiferencia está penalizada, sobre todo en los pueblos), pero a Artur Mas le servirá como prueba de haber cumplido su compromiso electoral.

Del mismo modo, el dontancredismo activo de Rajoy en legítima defensa del Estado (recurso de inconstitucionalidad) le habrá servido al presidente del Gobierno para frenar un intento de fragmentación de la soberanía nacional pero no para evitar que, en el ámbito de la democracia participativa, los ciudadanos catalanes ejerzan su derecho a expresarse (el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se lo reconocía ayer mismo) aunque no sea por cauces institucionales o administrativos.

El resultado de la votación no tendrá efectos jurídicos ni políticos, más allá de los que tuvieron las manifestaciones de la Diada. Cierto. Pero también es verdad que, por su carácter no vinculante, tampoco los hubiera tenido la consulta original convocada para la misma fecha y con la misma doble pregunta, según el decreto publicado en el boletín oficial de la Generalitat, de no haber sido suspendido éste por el Tribunal Constitucional.