Chaves y Griñán, caza mayor

El caso de los ERE cambia de aires y, al menos para los aforados, entra en el Tribunal Supremo colgado de dos nombres: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Caza mayor. Dos expresidentes de una Junta de Andalucía que malversaba dinero público en nombre de la solidaridad con empresas y trabajadores en apuros. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción en la Andalucía socialista, que salpica nada menos que a dos expresidentes del PSOE.

Su responsabilidad política es indiscutible, aun en la mejor de las hipótesis para ellos, la del desconocimiento. En cuanto a la judicial, está por ver. Por su condición de aforados (uno diputado, el otro senador), será el Supremo quien determine hasta dónde llegó o dejó de llegar su participación en la trama administrativa que permitió repartir subvenciones sin respetar las normas y dio lugar a conductas delictivas entre 2000 y 2010.

Sobre la exposición razonada que la juez Alaya ha enviado, toca determinar si existen “principios de prueba” suficientes. No se me pasa por la cabeza que Chaves organizase un procedimiento para delinquir o dar por buena la real gana de un consejero a la hora de repartir subvenciones sin control de ninguna clase. Pero, aunque no lo hubiera organizado, ese fue el resultado. Entre otras cosas, gracias a las famosas “transferencias de financiación” que, como es lógico, sobre todo si las reprobaba el interventor, necesitaban de autorización superior. De ahí se deriva un supuesto claro de responsabilidad política endosable al presidente de la Junta. Es evidente que incumplieron sus deberes, al menos por desidia, por omisión o falta de diligencia respecto a unas irregularidades que ocurrían delante de sus narices.

Otra cosa es, insisto, la responsabilidad judicial. De momento, el Supremo no formula imputación alguna ni acusa de nada a Chaves, Griñán, y tres exconsejeros (Zarrías, Vera y Mar Moreno). Lo que ha hecho es abrir una causa a instancias de la Fiscalía y nombrar a un instructor (Alberto Jorge Barreiro) que decidirá si hay o no hay indicios delictivos antes de archivar las actuaciones o, en su caso, dictar apertura de juicio oral.

De este simple resumen del auto de la sala de admisión del Alto Tribunal se desprende que no ha cambiado la situación procesal de Chaves y Griñán. No estaban imputados antes, por falta de competencia de la juez Alaya, ni lo están ahora que ya dependen del tribunal competente. Ello vacía de contenido el debate abierto ayer sobre si la dirección del PSOE debía o no debía pedirles a los dos exdirigentes socialistas la entrega de sus respectivas actas parlamentarias.

En esas circunstancias, es absolutamente razonable la reacción del líder del PSOE, Pedro Sánchez, reclamando la presunción de inocencia para ambos, pero remitiéndose a la evolución de los acontecimientos y luego actuar en consecuencia con su compromiso de limpieza de la vida pública. En la misma línea se ha expresado la presidenta andaluza, Susana Díaz, convencida de la honradez de sus predecesores, aunque les pedirá la entrega del acta si resultasen imputados. “Se llamen como se llamen”, que es el nuevo grito de guerra de los socialistas en su cruzada contra la corrupción.