La Fiscalía no es una asamblea de Podemos

Lo que se percibe es una ruidosa colisión de dos principios: el de legalidad y el de oportunidad. El primero nos remite al funcionamiento del Estado de derecho y el segundo a la lucha por el poder. Pero si los dos principios se amontonan en un mismo discurso estamos sacando del armario la doctrina de Conde-Pumpido, antecesor de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado. A saber: a veces las togas han de mancharse con el polvo del camino.

Si se trata de eso, demos por buenas las prácticas asamblearias de una Fiscalía contagiada por Podemos. Y si no, asumamos que no tiene sentido hablar de fiscales catalanes y no catalanes porque la institución funciona en régimen de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Así que, una vez formado el criterio, la posición es única y no cabe decir que los fiscales catalanes “acatarán” –lo suyo no es acatar, sino “obedecer”– la decisión de la Fiscalía General de presentar querella contra Artur Mas, hoy mismo, según parece.

Nos ponemos estupendos declamando que “el Código Penal no puede resolver un conflicto político”. Ya lo sabemos, pero esta clase de simplezas le hacen el juego a quienes se saltan las leyes a la torera en nombre de sus particulares convicciones identitarias. A ver si, por no contrariarlos, vamos a terminar pidiendo unas vacaciones a los servidores del Estado a la hora de defender la legalidad frente un problema tan político como la reivindicación soberanista de uno o varios partidos. Si es lo que queremos, digámoslo claramente, antes de hacer caldo de cerebro sobre las ventajas de elegir lo oportuno aunque sea ilegal.

Nunca imaginaron Artur Mas y Oriol Junqueras que su intelectual preferido, Gene Sharp, les iba a resultar tan rentable en sus teorías sobre la desobediencia civil. Con esas lecturas han puesto en evidencia al Estado (el “enemigo”, esté quien esté en Moncloa, eso lo tiene claro el president) y, por ir a lo último, han dejado a los pies de los caballos a la Fiscalía General, y a su titular, Torres-Dulce, que diez días después del 9-N aún no ha encontrado la forma de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”, según mandato constitucional.

Todo esto me trae a la memoria un texto del profesor de Ciencia Política Josep M. Vallés, sobre lo que ocurre cuando se hace verosímil el sueño del nacionalismo (Estado propio). Entonces se produce “un conflicto irresoluble que no tiene otra salida que la coacción más o menos violenta de un grupo sobre otro”. Lo curioso es que la coacción la sufre el grupo sociopolítico más numeroso y teóricamente más fuerte.

Como en el chiste, cuatro personas le dan una paliza a cien porque estas se han dejado rodear en plena calle. El capitán de los primeros, Mas, chulea al capitán de los segundos, Rajoy, sin reconocerle el derecho a aplicar programas políticos propios y a rechazar los ajenos. Contra toda lógica, se acaba proyectando la carga de la prueba sobre quien tiene el deber de liderar la legítima defensa del Estado y no sobre quien aspira a dinamitarlo. A la hora de conceder el beneficio de la duda, la desproporción está siendo escandalosa.