El fiscal general ya no está solo

La Junta de Fiscales de Sala remedió ayer la soledad del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, alanceado por unos y otros. Termina así el absurdo proceso asambleario en el que se había embarcado la institución, jerarquizada donde las haya, para decidir sobre una eventual querella contra los gobernantes de Cataluña que ignoraron una orden del Tribunal Constitucional. Habrá querella por desobediencia, malversación de fondos, prevaricación administrativa y usurpación, pero sigue viva la ruidosa colisión de legalidad con oportunidad.

El máximo órgano consultivo de la Fiscalía, que es el generalato de la institución, respaldó por abrumadora mayoría la propuesta de querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Porque los hechos “integran todos los elementos del delito de desobediencia”, porque “hubo usurpación de funciones judiciales” (régimen electoral), porque se empleó dinero público en actuaciones ilegales y porque se desplegó una conducta a sabiendas de que era incompatible con el contenido de las órdenes del Tribunal Constitucional.

Son las razones legales de la acción penal que Torres-Dulce va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, en contra del parecer expresado por los titulares de la Fiscalía Superior de Cataluña, convencidos de que Mas es desleal y tramposo pero no ha cometido ningún delito. Eso es irrelevante porque el Ministerio Público funciona con unidad de actuación y dependencia jerárquica. Una vez formado el criterio, la posición es única y obliga también a los fiscales catalanes. Solo les queda obedecer la orden de su máximo superior jerárquico. Cierto, pero ¿cómo analizar el hecho de que los motivos de Torres-Dulce contra los gobernantes de la Generalitat ganen por goleada ante la Junta de Fiscales y pierdan por goleada entre los fiscales de la tierra?

No es creíble tan escandalosa diferencia a la luz del principio de legalidad, suponiendo que las posiciones argumentales de unos y otros se construyen sobre conductas descritas y objetivadas en el Código Penal y otras normas legales. Si nos guía la lógica, en una de las dos partes ha importado más el encauzamiento de un problema político que el funcionamiento del Estado de derecho. Dicho de otro modo, en el grupo de los 26 fiscales de sala o en el grupo de los mueve fiscales catalanes, el respeto a la ley ha sucumbido por contaminación ambiental: la de Moncloa en el caso de la Junta de Fiscales o la del nacionalismo gobernante en el caso de los fiscales de la tierra. Servidor lo tiene claro, pero juzguen ustedes mismos.

“La querella echa leña al fuego”, dice el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, en valoración compartida por nacionalistas y amplios sectores mediáticos a este y al otro lado del conflicto político. Puede ser, pero la Fiscalía no está para encender o apagar hogueras, sino para “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”. Además, la vista gorda tampoco sirve para desactivar a un pirómano que solo quiere entenderse con el Gobierno para que le eche una mano con el objetivo de cargarse los principios de soberanía nacional e integridad territorial. Y, en todo caso, son los jueces, no es el Gobierno ni la Fiscalía, quienes finalmente han de decidir si los gobernantes catalanes cometieron o no esos delitos.