Ortega: "Nos quieren echar de España"

La reacción a las querellas anunciadas por el fiscal Torres-Dulce mantiene la tensión cruzada entre oportunidad y legalidad, con enunciados de escaso desarrollo. Demasiadas voces diciendo que no es bueno judicializar el conflicto catalán porque el problema se ha de resolver políticamente. Sin pasar de ahí. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha limitado a sentir “pena” de que se responda con “tribunales y fiscalías”.

Su número dos en el Govern ha sido mucho más expresiva. Dice Joana Ortega, denunciada por usurpación de funciones judiciales como máxima responsable del operativo “electoral” del 9-N, que si el Estado responde con querellas a las peticiones de diálogo es porque “nos quieren echar de España”.

Lo curioso es que acababa de confesar su voto de doble sí en el reciente ensayo de referéndum. O sea, ella se quiere ir de España y está en su derecho. A irse de España y a decirlo en una papeleta, no a hablar en primera persona del plural totalizante que distingue a los nacionalismos (cuántas desgracias por esa manía de querer secuestrar el pensamiento ajeno) y que lleva a la vicepresidenta de la Generalitat a hablar en nombre de todos los catalanes.

“Nos empujan fuera de España”, dice. ¿Acaso los cuatro millones de catalanes que el 9-N se quedaron en su casa eran nacionalistas perezosos a la espera del empujón españolista?

Se sorprende de que, a diferencia del fiscal general del Estado y la Junta de Fiscales de Sala, los “fiscales catalanes” no aprecien base jurídica para empapelarla a ella, al president y a la consejera Rigau. Y aquí le sale una vez más el instinto totalizante de los nacionalistas, que la lleva a confundir a los nueve titulares de la Fiscalía Superior de Cataluña con los cuatrocientos fiscales que desempeñan su función a lo largo y ancho de la comunidad.

En nombre de ellos habló ayer la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. Protestó contra la idea difundida por los medios sobre una presunta “insurrección de los fiscales catalanes”. Pruebas son amores. Como cree que sí se han cometido delitos el 9-N, los fiscales pedirán la inmediata reapertura de todas las denuncias de parte (más de treinta) archivadas en distintos juzgados de instrucción, con intención de que acaben incorporándose a la causa que eventualmente se abra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es decir, que no hay tal discrepancia. No puede haberla, de hecho ni de derecho, en una institución jerarquizada que funciona con unidad de criterio. Pero eso no le ha impedido a Joana Ortega sacarle punta a la “disparidad de criterios” entre fiscales de acá y de allá. “Me parece que responde más a una posición política que jurídica”. En eso tiene toda la razón.  

Es verdad que el respeto a la ley había sucumbido a la contaminación ambiental, pero en el grupo de los nueve titulares del Tribunal Superior de Cataluña, que manejaron criterios de oportunidad y no de legalidad al desaconsejar acciones penales contra los gobernantes catalanes. Ello no impide a Mas, Ortega, Homs y cía. afirmar que los “independientes” son sus fiscales y no los de Rajoy.